El frente cambiario: el Banco Central busca seguir sumando reservas y el Gobierno ajusta mecanismos para acelerar la liquidación

El mandato de Sergio Massa en el Ministerio de Economía se encamina hacia su primer mes y uno de los frentes más críticos al comenzar su gestión aún sostiene un signo de interrogación: la necesidad que tiene el Banco Central de ensanchar su colchón de reservas. El plan original del funcionario fue conseguir un primer “shock” de divisas para la autoridad monetaria en los primeros 60 días, y cuando se acerca la mitad de ese lapso, la dinámica de acuerdos con exportadores aún no le reportaron al BCRA una cantidad considerable de reservas.

La necesidad y urgencia del equipo económico por conseguir más dólares se sostiene más allá de la última tendencia en el mercado de cambios, que fue menos demandante para la entidad que preside Miguel Pesce, entre otras razones, por cuestiones estacionales: las importaciones de energía, que el BCRA debe pagar al contado, requieren en lo que va del mes menos divisas que en junio y julio. Y en septiembre será aún menor.

En ese contexto, según recopiló un informe de LCG, “en las últimas 11 jornadas el BCRA se mantuvo comprador en el Mercado Único Libre de Cambios sumando más de USD 300 millones en sus intervenciones. Así, parece haber puesto un freno a la baja observada de manera consecutiva en los 10 días previos que llegó a totalizar USD 1.220 millones”, mencionó.

“Vale decir que esto no se tradujo en un aumento de las reservas brutas por el efecto que sobre el swap con China genera la depreciación del yuan (-USD 260 millones). En cambio, sí tuvo impacto sobre las reservas netas que acumulan USD 200 millones desde el 10 de agosto (día en que el BCRA comenzó a comprar divisas en el mercado), elevando el stock total a USD 0,9 millones”, consideró.

El nivel de reservas en la autoridad monetaria es tan crítico que, según un estudio de Fundación Mediterránea, las reservas netas del BCRA “apenas si cubren una semana de importaciones”, mientras que los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI “alcanzan para pagar compromisos con el organismo hasta principios de octubre”. Por eso, concluye, “existe poco margen de error para el propósito de la conducción económica de acercarse a las metas de fin de setiembre, comprometidas en el acuerdo con el FMI”.

Dentro del menú de variantes que el equipo económico consideró para acelerar la liquidación de exportaciones estuvo incluida una medida que, en rigor, fue heredada de la breve gestión de Silvina Batakis en el Palacio de Hacienda: el llamado “dólar soja”. Cerca del ministro consideran que no fue un esquema que haya funcionado, y de hecho apenas consiguió que ingresaran unos 4 millones de dólares. Está sobre la mesa de los despachos oficiales la posibilidad de mejorar ese esquema, para permitirle a los productores el acceso a divisas a precio mayor al oficial por una porción mayor de lo que vendan a los exportadores.

La otra parte del sistema de incentivos que Massa explora aunque todavía no puede concretar es el de la cuenta bancaria especial en dólares, que apunta a los exportadores. Mediante la licitación de una letra esos exportadores podrán depositar sus dólares y obtener un interés. El Banco Central ensancharía sus arcas, aunque serían en la cuenta de reservas brutas, según aclararon en despachos oficiales. El plan “fábrica de dólares” con el que Massa desembarcó en el Ministerio de Economía incluye cuatro áreas productoras de divisas: el agro, la minería, hidrocarburos y economía del conocimiento.

La otra pata para administrar el fino colchón de dólares con el que cuenta el BCRA es a través de la canilla de importaciones. La administración de las escasas reservas por la vía de las compras al exterior fue uno de los elementos que la nueva conducción del Ministerio de Economía señaló como central. En este sentido apuntó el último paquete de anuncios al respecto que hicieron en el Palacio de Hacienda.

Por un lado, restringirá las importaciones de servicios (un rubro que incluirá desde consultorías, licencias de software o seguros y que excluirá gastos turísticos en el exterior o pago de fletes), por parte de las empresas; y dejará a un grupo de bienes de consumo fuera del régimen de compras automáticas. Además, pasará a tener un control más estricto, por medio del reajuste de un mecanismo que ya existe de importaciones y exportaciones temporales, para que las cerealeras anticipen sus exportaciones, por ejemplo de aceite de soja.

Pero además, el Gobierno busca ajustar el intrincado sistema de autorización oficial de importaciones, que incluye en la actualidad un primer examen de capacidad financiera de las empresas y luego un pasaje entre distintas dependencias del Estado para canalizar un trámite ante el Sistema integral de monitoreo de importaciones (SIMI).

En los últimos días hubo en el Ministerio de Economía reuniones entre funcionarios de esa cartera, la secretaría de Comercio -que ahora concentra además de la negociación de precios internos, la administración del intercambio con el exterior-, la AFIP, la Aduana y el Banco Central, según pudo confirmar Infobae. En ese encuentro el Poder Ejecutivo decidió avanzar en un resideño de ese esquema, que los importadores denuncian de manera habitual como discrecional y con puntos oscuros respecto a los filtros y criterios que utiliza el Estado para determinar la autorización.

En el equipo económico reconocen que “tal como está el sistema funcional mal”, y que por eso intentaron apurar un cambio en cómo se canalizan los pedidos de importación desde el origen del trámite hasta que termina la operación. En ese sentido, cerca de Massa admiten que con el diseño actual la información dentro de las dependencias por las que circula un trámite ante el SIMI (AFIP, Comercio Exterior y Banco Central) impide una resolución rápida.

La revisión del funcionamiento del SIMI incluiría, una vez que todas las dependencias implementen los cambios que evaluaban los funcionarios en las últimas, la implementación de fechas puntuales de pago de esas importaciones una vez que comienza el trámite y, prometen en los despachos oficiales, un esquema más transparente desde la aprobación hasta el despacho.

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