
En el ministerio de Economía se asegura que la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario, que contempla un déficit máximo del 2,5% del PBI será cumplida. Con el alivio del canje de títulos en pesos que a principios de agosto permitió aplazar hasta el año próximo vencimientos por 2 billones de pesos, esperan que el “financiamiento neto positivo”, el eufemismo que creó la gestión de Martín Guzmán para referirse a la emisión de deuda nueva, será suficiente para no tener que recurrir en exceso a medidas como el recorte de $210.000 millones de partidas presupuestarias o adelantos impositivos.
No obstante esa expectativa, en el Palacio de Hacienda nadie descarta nada y no se puede asegurar que haya nuevas podas en el presupuesto de los ministerios. Y también se hacen cuentas. Haciendo un roll over entre 130% y 140% de los vencimientos que restan hasta fin de año, se pueden evitar repetir medidas de ajuste más incómodas en términos políticos, y otros remedios probadamente riesgosos como la compra de bonos por parte del Banco Central.
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Para ello, cada licitación de deuda en pesos como la que hoy realizará la secretaría de Finanzas -vencen $193.000 millones de una Lede- debería obtener ese 30/40% de excedente por sobre el monto que vence. Y también la actividad económica deberá acompañar con un sostenimiento de los ingresos por la recaudación. Cabe recordar que el beneficio fiscal por la reducción de subsidios a las tarifas de la luz, el gas y el agua será escaso este año e impactará con fuerza recién en 2023.
Un informe de la consultora Invecq coincide con esa previsión oficial. Sin la posibilidad de financiarse con adelantos transitorios del BCRA tal como adelantó el ministro Sergio Massa al asumir (¿la promesa incluirá también la distribución de utilidades?) todo se cubrirá con deuda. “Frente a vencimientos que suman un total de 1,6 billones de pesos hasta diciembre, la tasa de roll-over deberá ser de al menos 135% de manera de poder cubrir el total de gastos consistentes con la meta del FMI”.
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“Esto plantea entonces una nueva fuente de complicación para el gobierno, y en particular para el Ministerio de Economía”, agregó el informe, que advierte que a partir de ahora habrá que convencer a los bancos y fondos de inversión y no tanto a los organismos públicos, como en el canje reciente. “Una vez ya trasladados los vencimientos de títulos en manos públicas hacia el 2023, lo que queda hasta diciembre 2022 se encuentra en su mayoría presumiblemente en manos privadas, dificultando las posibilidades de conseguir el tan necesario financiamiento neto”.
Tras el canje que descomprimió los vencimientos de corto plazo, el financiamiento neto acumula $430.000 millones y se espera que a fin de año la necesidad no baje de $700.000 millones para que se llegue a reducir el déficit al 2,5%; hoy se ubica por encima de 3,2%. El canje no solo liberó esos compromisos casi impagables sino que además consiguió colocar deuda con vencimiento en septiembre de 2023, después de las PASO, algo a lo que el mercado parecía resistirse. “Eliminamos los fantasmas de que no podía haber vencimientos post-PASO y eso puede ayudar a seguir extendiendo la curva de vencimientos de deuda”, explican en un despacho oficial donde no ven imposible seguir extendiendo la curva más allá de 2023.
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En esos ámbitos esperan que a partir de las licitaciones como la de hoy otros dos factores de corto plazo ayuden a generar confianza. Uno es la inminente visita de Massa y su equipo a Washington para sentarse cara a cara con el FMI y los fondos de inversión internacionales. El segundo es la presentación del Presupuesto 2023. El proyecto de ley de leyes, que el viceministro Gabriel Rubinstein trabaja bajo reserva absoluta, no solo podría refrendar las señales de disciplina fiscal para el año próximo sino que además deberá dar proyecciones oficiales para este año de cómo cerrarán los indicadores básicos de la economía, como la inflación, el crecimiento del PBI o la recaudación. La falta sanción del Presupuesto 2022 impide y la crisis se llevaron puestas todos los pronósticos oficiales.
Los números fiscales de julio fueron positivos, pero los analistas coinciden en que eso podría no ser una buena noticia. La reducción del gasto, más que a una vocación de equilibrar las cuentas, podría deberse sencillamente al inédito escenario que implicó tener 3 ministros de Economía distintos en el mismo mes. “Hubo un desorden administrativo de firmas antes que una decisión política premeditada y eficazmente ejecutada. Si bien el dato puntual es positivo, su sostenimiento en el tiempo es claramente más relevante”, señaló un informe de Consultatio.
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El mismo reporte considera que aún cuando el dato de julio es “esperanzador”, la meta de 2,5% de déficit primario “está todavía muy lejos del 3,1% o 3,3% que proyecta el consenso de mercado y las medidas anunciadas para recortar subsidios no tienen impactos significativos para lo que queda del año. Negociar una dispensa sobre esta meta será un punto arduo”.

Una barrera compleja para el financiamiento público en los próximos meses será además el nivel de las tasas de interés. Más allá de la confianza y las aristas políticas de la gestión económica, en la crisis de junio quedó en claro que el mercado no convalida rendimientos que no consigan cubrirse de la inflación. El plan oficial es sostener un nivel de tasas efectivas que no supere en más de 5 o 6 puntos porcentuales las tasas del BCRA para sus propios instrumentos de deuda, las Leliq. No parece haber demasiado margen para más subas.
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Qué tasas va a convalidar Finanzas es la pregunta del millón para la licitación de mañana, según un informe de la consultora LCG que advierte que si bien el canje limpió los vencimientos urgentes no es suficiente: “La demanda de financiamiento sigue siendo alta considerando que el Gobierno se comprometió a no demandar más asistencia del BCRA y la posibilidad de alcanzar la meta de déficit primario de 2,5% del PBI en lo que queda del año luce muy baja. Las últimas letras fueron colocadas a una tasa efectiva del 98%”.
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