La intención de la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, de reforzar el control de importaciones de productos de consumo masivo mediante el sistema de licencias fue una primera señal para las empresas que producen alimentos en el país. Y en la reunión que mantuvieron el miércoles con el funcionario y el propio ministro de Economía, Sergio Massa, los indicios se transformaron en certeza. El Banco Central prorrogará, a fines del mes próximo, la batería de medidas que dispuso a fin de junio para frenar la salida de dólares por pago de importaciones y que implicó un duro golpe no sólo para la producción sino también para los precios.
Los límites impuestos a fines de junio establecen, esencialmente, que los productos que ingresan al país bajo el régimen de licencias automáticas tienen el acceso al mercado de cambios por el equivalente al promedio mensual de importaciones de 2021 más un 5% o de 2020 más un 70%, mientras que los productos bajo el régimen de licencias no automáticas pueden acceder al mercado oficial de divisas recién a los 180 días del despacho de la mercadería. Esa normativa caduca el 30 de septiembre, fecha para la cual el presidente del Banco Central, Miguel Pesce preveía encontrarse en una situación de reservas más holgada. De ahí que le pidió a los industriales que “aguantaran 60 días” y les prometió, particularmente a las empresas alimenticias que dependen de insumos importados para poder despachar sus productos, que una vez superada la fuerte exigencia de dólares para el pago de energía durante el invierno, las restricciones se flexibilizarían.
Sin embargo, con ese freno a las importaciones apenas se pudo compensar la mayor salida de divisas por energía, y la prioridad sigue siendo recomponer las reservas exhaustas del Banco Central. En la entidad monetaria perciben desde hace diez días cierto alivio gracias a la menor presión de la demanda para el pago de combustibles, lo que le permitió revertir el saldo negativo del año pero acumular apenas USD 30 millones. Por eso, a partir de ahora, el foco está en incrementar ese nivel. Para más adelante quedará el relajamiento del cepo a las importaciones.
“No hay ningún indicio de flexibilización en el corto plazo”, aseguró uno de los ejecutivos de una de las compañías que estuvo presente en la reunión con Massa.
“Las restricciones van a continuar. Lo que en principio, al menos por norma, iba a ser hasta septiembre, se va a sostener”, confirmó otra fuente que participó del encuentro, quien también remarcó la posibilidad que se les planteó respecto de flexibilizaciones puntuales a medida que el Banco Central comience a recuperar reservas. “Esto seguramente va a ser más cerca de fin de año que de fin de septiembre, pero se los vio muy optimistas con el panorama después del invierno”, aclaró.
Lo cierto es que el efecto de las medidas vigentes se trasladó rápidamente a precios, con un índice de inflación que alcanzó en julio 7,4%, ante la incertidumbre del valor de reposición, a lo que luego se sumó el salto de la brecha cambiaria tras la renuncia del ex ministro Martín Guzmán. También el nivel de actividad, según las proyecciones del consenso de analistas económicos, se resintió. Es que, hasta ahora, el principal impacto de las restricciones se produjo en las dos categorías más sensibles para el desempeño económico: las compras de bienes de capital, como maquinaria o herramientas tecnológicas, y la de bienes intermedios, es decir, insumos o productos sin terminar para agregarles valor. Ambos renglones, que insumieron unos USD 3.600 millones, cayeron en promedio 14% en julio respecto al mes anterior mientras que la importación de bienes finales o de consumo se mantuvo inalterable por encima de los USD 700 millones. Es en esa cifra en la que ahora Tombolini se dispone a pasar el peine fino.
En este sentido, la idea es pasar de licencia automática a no automática 34 posiciones arancelarias. En condiciones normales, esa diferencia simplemente retrasa el ingreso de la mercadería pero, dadas las normas vigentes del Banco Central, hace prácticamente inviable su importación dada la condición de pago a 180 días desde que es despachada.
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