Segmentación de tarifas: las empresas advirtieron que la implementación demorará al menos dos meses

Luego de las audiencias realizadas esta semana, donde se oficializaron las propuestas de aumentos para las tarifas de gas y electricidad a partir de junio, este jueves se desarrolla una nueva audiencia pública donde el Gobierno presentó el esquema de segmentación que se aplicará en los próximos meses y que eliminará los subsidios para los sectores de mayores ingresos.

El Estado cubre hoy más del 75% del costo del gas y de la electricidad que se incluye en las facturas, según detalló Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Energético, quien fue el encargado de presentar el nuevo esquema. Sin embargo, las empresas del sector consideraron que la implementación de la quita de subsidios demorará al menos dos meses.

Como adelantó Infobae, la propuesta es que comiencen a pagar la tarifa plena los titulares con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (son unos $313.916 con los datos de marzo), tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones de lujo o aeronaves.

Para los usuarios del AMBA también se consideró tomar en cuenta criterios geográficos: dejarán de recibir subsidios quienes vivan en los 13 barrios identificados por el ENRE como de alta capacidad de pago.

En tanto, accederán a la tarifa social y mantendrán los niveles de subsidios quienes vivan en los barrios populares identificados por el Renabap; titulares de programas sociales; empleadas doméstica; jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor a dos salarios mínimos; entre otros.

Aunque en la presentación no se habló de fechas, las empresas distribuidoras de gas indicaron que su puesta en marcha llevará al menos unas ocho semanas. “La segmentación requerirá las modificaciones necesarias en los sistemas informáticos que tendrán un costo no previsto para la compañías. Las distribuidoras estiman un lapso de tiempo requerido no menor a ocho semanas”, dijo Daniel Martini, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), durante la audiencia de este jueves.

“La segmentación en la práctica haría que pasen a existir tres precios del gas, adicionales a los ya vigentes, de acuerdo a criterios geográficos espaciales e información de ingresos y patrimonio. Solicitamos que en su su instrumentación no se vulneren los derechos de las distribuidoras y que se reconozcan las limitaciones de ponerlo en marcha”, agregó Martini.

Según el directivo de asociación, una de las trabas es las dificultades para establecer que el titular sea la misma persona que recibe el servicio. Por instrucción del Enargas, las empresas enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que regularicen la titularidad y solo respondió el 2,5% del total.

“La comunicación a los clientes y los eventuales reclamos pueden afectar la normal operación de las distribuidoras. Nuestras asociadas ponen a disposición sus equipos técnicos para trabajar junto con las autoridades en la instrumentación de la segmentación”, dijo Martini.

Por su parte, Claudio Bulacio, representante de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), que las audiencias sobre los próximos aumentos no contemplan una suba en el Valor Agregado de la Distribución (VAD), que es una de los valores que se incluyen en la factura que reciben los usuarios y el único ingreso para las empresas del sector.

Bulacio lamentó que las empresas de distribución eléctrica no hayan sido convocadas previamente por la Secretaría de Energía para participar del proceso de definición de los criterios de segmentación. “El precio mayorista debe ser único para todos los usuarios y debe subsidiarse a los que estén en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Producto de la diferencia actual entre el precio y el costo de la energía, este proceso debe ser gradual y previsible para los usuarios y el sector energético”, agregó Bulacio.

“La quita debe ser gradual. En la propuesta de la Secretaría de Energía, la deficiencia en la información y en la vinculación entre el usuario y el titular podría generar problemas de implementación. Se requiere adecuar los sistemas comerciales y de facturación de las empresas y este proceso no puede demorar menos de dos meses o 60 días como mínimo”, detalló.

Desde Edenor, en tanto, también señalaron que la factura que se envía a los usuarios cuenta con tres variables —costo de generación, de transporte y de distribución—, pero que en las audiencias solo se evaluaron aumentos en el valor de la electricidad, el precio de la generación. “Nos parece desigual e injusto. Debe tratarse de forma simultánea. El costo de la distribución forma parte del proceso integral”, dijo Federico Méndez, representante de la empresa.

“Ignorar a la distribución puede tener implicancia sobre la cadena de pagos y romper la armonía y llevar el tema a la judicialización. La segmentación tendrá un impacto en el bolsillo de los usuarios pero no en los ingresos de los distribuidores. Tiene como destino al Estado Nacional y a las empresas generadoras y productoras de gas”, indicó.

El ejecutivo comparó que mientras las tarifas de Edenor crecieron 30% entre 2019 y 2022, otros servicios como transporte público (126%), telefonía e Internet (167%) o prepagas (202%) tuvieron subas por arriba del 100%. En el caso de la nafta, mostró que hubo una suba de 223%.

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