Todos disconformes con los aumentos de luz: las empresas pidieron una suba mayor y los consumidores aseguran que no podrán pagar

En la audiencia pública que se realizó este miércoles para definir los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, el Gobierno presentó un esquema de incrementos diferenciado para los usuarios del AMBA a partir de junio: será de 16,52% para los usuarios sin tarifa social y de 6,88% para los usuarios con tarifa social. Además un 10% de los clientes —los de más poder adquisitivo— dejarán de percibir subsidios y pagarán el precio pleno del servicio.

Según el esquema presentado, estos aumentos corresponden a usuarios residenciales con un consumo de 300 kWh mensual. En ese caso, se estimó que la factura promedio final con incremento pasará de $1.610 a $1.876 para un usuario sin tarifa social. Y de $843 a $901 para usuarios con tarifa social.

La presentación fue realizada por Guillermo Usandivaras, subsecretario de Coordinación Institucional de Energía. A diferencia de otras audiencias, no estuvieron presentes el secretario de Energía, Darío Martínez, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y la interventora del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) Soledad Manín. Los aumentos de tarifas fueron uno de los puntos de conflicto entre el ministro de Economía Martín Guzmán y un grupo de funcionarios del sector energético que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde las empresas distribuidoras de energía criticaron que en las audiencias solo se contemplen aumentos a los precios de generación de energía y no al resto de los costos que forman parte de la factura que reciben los usuarios. De esta forma, destacaron que no recibirán incrementos en sus ingresos mientras sus costos suben al ritmo de la inflación.

“La factura incluye el precio mayorista de la electricidad y el valor agregado de distribución (VAD), que regulado por el Estado y que es la única remuneración que recibe el distribuidor, y los impuestos. En esta audiencia se trata solo el precio mayorista”, señaló Claudio Bulacio, representante de la asociación de empresas distribuidoras (Adeera) que agrupa a 49 compañías que ofrecen servicios a más de 14,5 millones de hogares.

“Para bajar los precios estacionales se necesita una planificación de largo plazo. Nuestra propuesta es que haya un precio estacional único para todos los usuarios y sostener el subsidio para los que estén en condiciones de vulnerabilidad. Debe ser un proceso gradual y previsible, y de forma simultánea se deben adecuar los ingresos de los distribuidoras. El ajuste del VAD en los últimos años fue inferior a la inflación”, agregó Bulacio.

Desde la empresa Edesur remarcaron que del precio total de la factura, menos del 30% corresponde al servicio de distribución y que la empresa no recibe subsidios del Estado. “Estamos en niveles de endeudamiento límite”, dijo Romina Pandiani, representante de la empresa.

“Las modificaciones a nivel de los subsidios impactarán en aumentos en las facturas de los usuarios y mayores costos operativos para las empresas distribuidoras. Las empresas no llegan a cubrir los costos operativos asociados a la prestación y deben asumir más costos de facturación, cobranzas y hurto de energía eléctrica producto de estas modificaciones”, detalló Pandiani.

Por último, argumentó que las distribuidoras deben buscar financiamiento a través de Cammesa, la empresa que opera en el mercado eléctrico mayorista. “Los subsidios ahorrados por la modificaciones del los precios estaciones deberán ser destinados a las empresas distribuidoras para afrontar los costos de servicio eléctrico”, señaló la representante de Edesur.

En tanto, desde Edenor recordaron que la empresa tiene que cubrir un déficit de $55.800 millones y que los aumentos aprobados en febrero pasado representaron ingresos por $2.900 millones, que no permiten cubrir las compras de energía.

“Todos los participantes del sector están expuestos a la misma inflación por ende están aplicando un tratamiento desigual e injusto. Ignorar el efecto de la inflación sobre la distribución es un grave error y puede tener implicancias sobre la calidad de servicios y llevar a la judicialización la relación entre regulador y regulado”, dijo Federico Méndez, representante de Edenor.

“El precio estacional solo incorpora una parte del proceso y tendrá impacto en el bolsillo de todos los usuarios pero no en los ingresos de las distribuidoras. La gran mayoría de los incrementos tarifarios de los últimos años tuvieron objetivo cubrir mayores costos de generación y no a las distribuidoras y a sus accionistas”, señaló.

El ejecutivo comparó que mientras las tarifas de Edenor crecieron 30% entre 2019 y 2022, otros servicios como transporte público (126%), telefonía e Internet (167%) o prepagas (202%) tuvieron subas por arriba del 100%. “En el caso de la nafta, hubo una suba de 223%. En ese caso, el Estado decidió los precios para su propia empresa, a pesar del impacto que la nafta tiene sobre la inflación”, dijo Méndez. Luego, recordó que el 41% de los clientes de la empresa pagan facturas de $622 mensuales y otro 41% de $1.555 mensuales.

Reclamos de los consumidores

A su turno, Paula Soldi, del Centro de estudios para la Promoción de la Igualdad y la solidaridad (Cepis) señaló que el ingreso ciudadano viene castigado por el Gobierno de Mauricio Macri y luego la pandemia de Covid. Por eso consideró que un aumento de tarifas en este contexto es socialmente “inviable”. También señaló que es necesario discutir la rentabilidad de las empresas de generación de energía. “Es necesario que el crecimiento macroeconómico que tiene el país no se lo lleven algunos vivos”, agregó.

En su exposición, la diputada mendocina por la UCR Jimena Latorre señaló que la crisis energética es responsabilidad de la mala política del gobierno y su inacción en política tarifaria. La diputada cuestionó que el informe publicado por la Secretaría de Energía no tienen estudios técnicos serios que marquen un sendero sostenible y cumplible.

“¿Qué define estos aumentos? El límite autoimpuesto que la tarifa final no supere el 42,7% en 2022, pero nada se informa respecto al impacto presupuestario de esta decisión. ¿Cuál es la partida presupuestaria necesaria para cumplir con esta meta? ¿Cuál será el efecto en subsidios? y ¿cuál será el porcentaje de cobertura en tarifa final?”, se preguntó.

“Muy hábiles los funcionarios de este gobierno que se predica federal, autorizan aumentos en el precio estacional para todo el país, pero contienen las tarifas con subsidios solamente en el ámbito de su competencia, el AMBA, el reducto de los votos kirchneristas del conurbano. Y el interior agradecido, no solo pagamos tarifas plenas muy superiores a las del AMBA, sino que también subsidiamos con nuestros impuestos y soportando una feroz inflación”, enfatizó.

Luego destacó que la cobertura de subsidios para los usuarios residenciales se ubica cerca de los máximos históricos del 80% y el promedio del sistema en el orden del 65%. “Un usuario está pagando un 20% del costo de la electricidad y un 30% del costo del gas”, detalló Latorre.

Por su parte, el diputado provincial mendocino José Luis Ramón, propuso rediscutir el proceso de privatización de los servicios públicos desde 1992 en adelante. “Idearon este sistema que hoy nos rige. Por un lado quedó la producción de energía librada a la oferta y la demanda, el transporte y la distribución como un servicio público que tampoco cumple las con las normas y que le garantizan al Estado una recaudación impositiva de manera automática”, relató.

“Este mareo en el que nos tienen con una audiencia para el valor de la producción, otra para el transporte y distribución y mañana otra audiencia en que nos van a contar el cuento de cómo se segmenta un servicio público. Es una concepción del servicios público como bien de mercado”, concluyó.

Entre los expositores también estuvo el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray, que reclamó por los incumplimientos de la empresa Edesur en su municipio. “El incumplimiento de Edesur es constante persistente y se agrava día a día”, dijo; y pidió que se rescinda el contrato de concesión con la compañía.

También pidió postergar los aumentos tarifarios: “Ahora no es el momento porque tendría secuelas muy duras en los sectores más postergados y en los sectores asalariados”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: