Sin pausa, los exportadores respondieron a la decisión del gobierno de cerrar las ventas al exterior al afirmar que recurrirán a la Justicia y abandonarán los fideicomisos que formó el equipo económico para evitar una disparada de los precios internos.
La cámara que representa a los exportadores (CIARA) expresó desde su cuenta de Twitter: “El Gobierno cerró el registro de exportación de aceite, harina de soja porque la decisión del ministro Guzmán es subir en dos puntos las retenciones al complejo agroindustrial”. “Es totalmente contrario al interés exportador de la Argentina. Además de ser ilegal, va a afectar el ingreso de divisas y el empleo en el cordón agroindustrial. Pone fin a los fideicomisos de maíz, trigo y aceite, puesto que cambia las condiciones de comercio exterior”.
Una calificada fuente del sector de la industria aceitera expresó a Infobae su malestar por esta medida inconsulta. “Es una decisión de Martín Guzmán, para pagar la cuenta del gas importado, para pagarle a la industria petrolera”, explicó. “Así que habrá que hacerle acciones judiciales por la ilegalidad de esta medida y se suspenden también la aplicación de ambos fideicomisos por parte nuestra”, aclaró.
Una resolución fechada este domingo 13 de marzo y con la firma de subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura Javier Preciado Patiño, menciona que “habiendo recibido las correspondientes instrucciones del señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca”, la subsecretaría “pone en conocimiento del Sector Exportador” que la exportación de un grupo de productos agropecuarios “quedará suspendida a todos sus efectos”.
El cierre de exportaciones se enmarca en los rumores de los últimos días de un reajuste en las retenciones al campo, en un contexto en que el Gobierno ya cerró el acuerdo técnico con el FMI y necesitará de recursos fiscales para poder cumplir la meta de de reducción del déficit consensuada con el organismo internacional.
Un sector del equipo económico presionaba para incrementar los derechos de exportación, medida a la que le adjudican el efecto de desacople de los precios de los mercados globales y el doméstico. Los alimentos tuvieron en los últimos meses fuertes aumentos, de 4,9% y 4,3% en diciembre y enero respectivamente, por encima de los índices generales de inflación.
En la actualidad, la harina y aceite de soja, dos productos elaborados, pagan un 31% de derechos de exportación. El Gobierno de Alberto Fernández ya había aumentado las retenciones desde cerca de 26% a 33% para los productos agropecuarios salvo aceite, harina o pellets de soja, que estableció con un porcentaje diferencial de 31 por ciento. En caso de un reajuste, podría converger al 33% que paga el poroto de soja.
En las últimas horas el campo le había advertido al Gobierno que un cambio en el esquema de retenciones sería “una declaración de guerra”. “Una aplicación de retenciones móviles sería una declaración de guerra contra el campo”, dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, en declaraciones radiales.
Chemes agregó, luego de hablar de “declaración de guerra”, que si eso pasa deberán defenderse con medidas más duras. “No quiero hacer un llamado al conflicto, sí creo que todo tiene un límite y las retenciones móviles son una de las medidas más negativas que podría generar esta situación negativa para el campo”, dijo.
En un comunicado de los últimos días, la Mesa de Enlace aseveró que “no hay ningún margen para que sigan expoliando a los productores”. Además, plantearon su rechazo a cualquier otra intervención en los mercados, como viene sucediendo con la carne vacuna, el trigo y el maíz.
Según los presidentes de las entidades agropecuarias, las medidas que lleva adelante el Gobierno “no solucionan ninguno de los problemas existentes, no combaten la inflación ni la pobreza; por el contrario, suman malestar y perjudican a los productores agropecuarios, y traerían consecuencias negativas, porque van en contra de todo lo que se necesita: una mayor producción, más inversión y más trabajo”.
Hace unos diez días el Gobierno había creado un fideicomiso del trigo con el objetivo de eliminar la volatilidad y tener certidumbre para garantizar el abastecimiento y precio de los alimentos básicos, como los fideos secos y la harina.
Según explicaron las áreas de Gobierno en un comunicado, “el mecanismo da respuesta a la necesidad de desacoplar precios para proteger el mercado interno en un contexto global de conflicto bélico y con el precio internacional del trigo alto y sostenido.
La creación del fideicomiso, que tenía como fecha de vigencia hasta el 31 de enero de 2024, buscaba asegurar el precio de comercialización de harina de trigo pan tipo 000 y fideos secos de presentación hogareña, incluidos en el programa Precios Cuidados. Se destinarían al mercado interno unas 800 mil toneladas de trigo para garantizar abastecimiento y lograr la estabilización de precios de esos productos esenciales. Este tipo de medidas acordadas entre el Gobierno y los empresarios del sector ahora quedarán en suspenso.
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