FMI: el Gobierno estima que en el primer año de vigencia del acuerdo la economía creará hasta 220.000 puestos de trabajo

El Gobierno confía en que este primer año de vigencia del acuerdo con el FMI, en caso de que sea aprobado en el Congreso y en el directorio del organismo, la economía creará hasta 220.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, principalmente en el sector de servicios. A lo largo de 2021 se recuperó la totalidad de los empleos de este tipo que se habían perdido por el impacto de la pandemia.

De acuerdo a estimaciones oficiales, un crecimiento de entre 3,5% y 4,5% -el rango de expansión del PBI previsto en el acuerdo con el organismo para 2022- redundará en la generación de puestos de trabajo en distintos sectores de la economía, incluso en algunos que todavía no compesaron las pérdidas que provocaron la crisis sanitaria y la restricción de actividades y de circulación desde marzo de 2020.

Según un informe oficial, en diciembre de 2021 el número de trabajadores con empleo asalariado registrado en empresas privadas creció un 0,5% con respecto al mes anterior, lo que implica que durante ese mes, 28 mil personas accedieron a puestos de trabajo formales en el sector privado.

Con los últimos datos de 2021, de esa manera, el Ministerio de Trabajo concluyó que “con el crecimiento verificado en diciembre, el empleo asalariado registrado privado muestra un crecimiento consecutivo en los doce meses de 2021 y acumula durante este año un incremento del 3,2%”, explicó en un documento.

Además, en ese sentido, remarcó que la economía ya recuperó la totalidad de los puestos de trabajo perdidos en ese sector como consecuencia de la pandemia. “Como resultado de esta tendencia expansiva, a fines de 2021, se consigue recuperar la totalidad del empleo asalariado registrado perdido durante la pandemia. De hecho, el nivel de empleo asalariado registrado a diciembre de 2021 supera en un 0,2% el valor verificado en febrero de 2021, el mes previo a la irrupción del Covid 19 en el territorio nacional. Esta situación se logra como consecuencia de la reincorporación de casi 200 mil trabajadoras/es al empleo asalariado formal durante un plazo de 17 meses”, continuó el informe.

Analizado por sectores, de todas formas, se ve que la mitad terminó el 2021 con números positivos y la otra mitad con cifras negativas respecto a la variación de empleo en comparación con febrero de 2020, el último mes prepandemia. Entre los que superaron ese umbral están los rubros Servicios a las empresas (4,8%), Industria (3,7%), Construcción (2,5%), Pesca (1%), Electricidad (0,8%), Salud (0,7%) y Comercio (0,6%). Los que finalizaron con números rojos fueron Hotelería y restaurantes (-14,8%), Servicios sociales y personales (-4,2%), Transporte (-3,5%), Financiero (-3,1%), Minería (-1,8%), Agricultura (-1,5%) y Enseñanza (-0,8 por ciento).

Por fuera del espectro del trabajo formal hay un universo de empleo no registrado que, a pesar de que la economía creció 10% y que la actualización del salario mínimo superó a la inflación en 2021, no pudo mejorar su situación de ingresos. En un despacho oficial hacían un diagnóstico crudo: que los aumentos del piso de remuneraciones, que se suele pensar como una referencia para los reajustes de trabajadores informales, en realidad no tuvo un efecto derrame sobre sus salarios.

“Tenemos que buscarle la vuelta, no tenemos hoy herramientas para mejorar los salarios de manera directa, solo podemos tratar de combatir la informalidad”, aseguró un alto funcionario del Poder Ejecutivo. La lógica es que las condiciones salariales del sector no registrado no depende tanto de la dinámica paritaria y de un aumento en el ingreso mínimo sino que está más relacionado con el nivel de actividad, una hipótesis que comparten en distintos ministerios ligados a la política económica.

De hecho, marcan que una de las razones por las que aún no se recompusieron los puestos de trabajo informales que había antes de la pandemia es que dos sectores que tienen una alta incidencia en la informalidad laboral, que son la gastronomía, hotelería y otras ramas del rubro servicios, todavía tienen un volumen de actividad menor al que tenía antes de la irrupción del Covid.

Más allá de que pueda tener un efecto limitado en el sector informal, el Gobierno convocó para el 16 de marzo a cámaras empresarias y sindicatos a discutir una nueva pauta de aumentos para el salario mínimo. La primera referencia que planteará el Poder Ejecutivo -aunque solo interviene en caso de que no haya acuerdo entre las partes- es de un incremento de 40%, con la posibilidad de que haya una revisión entre septiembre y octubre si la inflación superó esa expectativa.

El Gobierno apostará a que este año también termine con paritarias por encima de la inflación, aunque reconoce que: por un lado, los salarios no tendrán un salto en el poder adquisitivo -”ni después de la Revolución Rusa los salarios crecieron 20% reales”, exageraban en las últimas horas desde un despacho oficial- y que, por otro, en los dos primeros años de mandato del Frente de Todos las remuneraciones recuperaron solo 3 de los 20 puntos en promedio de poder de compra que perdieron durante los cuatro años de macrismo.

Incluso en el menú de alternativas el Poder Ejecutivo aparece una opción conocida: reflotar la mesa de discusión tripartita integrada por el Estado, los gremios y los empresarios para delinear una pauta de coordinación de precios y salarios. Es, no obstante, una dinámica que en otros despachos oficiales ligados al área económica son más reticentes a reproducir, casi por una cuestión de cábala: “Cada vez que lo intentamos pasó algo, o la pandemia o aumentos internacionales de precios”, bufaba un funcionario.

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