
La recaudación de impuestos es uno de los aspectos que el Gobierno y el FMI acordaron como centrales en el nuevo programa financiero que todavía se negocia entre Buenos Aires y Washington. Desde el Poder Ejecutivo descartan que las conversaciones con el staff técnico del organismo hayan incluido un tira y afloja sobre la estructura de los impuestos, sino que se trató de discusiones sobre administración tributaria, es decir, sobre las herramientas con las que cuenta el fisco para hacer más eficiente los ingresos tributarios.
La presentación del entendimiento técnico que el Gobierno de Alberto Fernández alcanzó con el Fondo Monetario hace diez días incluyó una breve referencia, sin mayores detalles, a la necesidad de una mejora en la capacidad de recaudación tributaria del fisco, a través de una serie de medidas que buscaría reducir la evasión “especialmente en el segmento de mayor contribución y disponer medidas para atacar el lavado de dinero”, comentó.
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Según pudo saber Infobae en base a fuentes oficiales, en las conversaciones con el staff del FMI ni el organismo ni los funcionarios argentinos incluyeron en la mesa de negociación la estructura tributaria, entendiendo por ello qué alcance, características o alícuotas tienen los gravámenes del sistema impositivo argentino. “El FMI no lo pidió ni se habló de eso”, aseguran desde un despacho oficial.
Lo que sí formó parte de la negociación fue lo que en el Gobierno llamaron la administración tributaria, que tiene que ver no con una suba de la presión impositiva mediante, por ejemplo, un ajuste de alícuotas en determinado gravamen, sino en ajustar la sintonía fina técnica en el uso de ciertas herramientas, algunas que incluso ya tiene en vigencia el organismo tributario.
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Hay un listado de medidas que, en mayor o menor medida AFIP ya implementó, y en algunos casos lo hará en los próximos meses. Entre ellas, la fiscalización de activos de ciudadanos argentinos en el exterior, continuar con el cobro del aporte extraordinario de las grandes fortunas (por el que se recaudó hasta el momento $250.000 millones, un 60% de lo que se preveía originalmente), la automatización de ciertos mecanismo de control, por ejemplo, en el comercio de granos, establecer valores de referencia para exportaciones e importaciones, entre otros.

También estará incluido el monitoreo satelital, algo que el organismo tributario pondrá en marcha en los próximos meses y que tendrá como meta apuntar a un sector del agro que, aseguran fuentes oficiales, “declaran que la productividad de su terreno era de determinada cantidad de quintales por hectárea, pero en realidad su rendimiento era mayor. Subdeclaran la superficie explotada y paga menos impuestos”, comentaron.
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“El aporte en materia de recaudación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es a través de más actividad, más recaudación y por otro lado, administración tributaria, que es una profundización de herramientas implementadas desde 2020″, explicó una fuente oficial. La letra chica del programa financiero, que estará en negociación durante las próximas semanas entre la Casa Rosada y el FMI, terminará de definir el alcance de la dimensión tributaria, aunque según comentaron desde el Poder Ejecutivo, incluirá un objetivo de porcentaje “extra” de recaudación que deberá alcanzarse con ese conjunto de medidas.
De acuerdo a la lógica con la que se diseñó el esqueleto del programa financiero a firmar con el FMI, el recorte del déficit fiscal cada año debería tener lugar no por una poda en términos reales del gasto público sino por un efecto de mayores ingresos al Estado por una economía en crecimiento y una recaudación afinada.
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En ese sentido, afirman desde el Gobierno, la parte de la estructura tributaria y el “formato” y alcance de los impuestos ya fue determinado con distintas medidas y leyes en los últimos dos años, principalmente la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El objetivo oficial fue desandar el camino de baja de impuestos que había determinado la reforma tributaria que aprobó el Congreso a fines de 2017.
“Parte de la letra chica del acuerdo le toca a la administración tributaria”, señaló recientemente la administradora federal Mercedes Marcó del Pont. “Parte de los compromisos que nosotros hemos asumido, para converger hacia un equilibrio fiscal, es mejorarla”, agregó. En este punto, detalló: “Nosotros lo que hicimos en esta negociación permanente con el Fondo Monetario Internacional, es desplegar lo que era nuestro plan estratégico e intensificar muchas de las políticas que ya venimos implementando”.
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“Nos tocó la época de la pandemia, donde la AFIP tuvo un rol más de reasignar recursos, de distribuir recursos, pero sí focalizar nuestro esfuerzo de fiscalización en los sectores de mayor capacidad contributiva”, señaló. “En eso hemos logrado avances, en lo que es la fiscalización de un sector complicado, como el de granos. En digitalizar trámites y mejorar la trazabilidad. Todas herramientas que tiene que tener una administración tributaria realmente para salir a buscar recursos en los sectores donde se concentra la mayor cantidad de riqueza”, consideró.
“Tenemos todo un plan y un programa e instrumentos y herramientas para ir mejorando el cumplimiento tributario, sobre todo y básicamente los sectores de mayor capacidad contributiva”, concluyó Del Pont.
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AFIP lanzó intimaciones a 32 mil contribuyentes
El organismo tributario envió intimaciones para regularizar su situación de incumplimiento impositivo a 32.746 contribuyentes con incumplimientos en las fiscalizaciones electrónicas. “Los procedimientos se encuentran abiertos por inconsistencias en la valuación de inmuebles en el exterior, el uso de facturas apócrifas, liquidaciones de granos no declaradas y la falta de presentación de declaraciones juradas referidas a rendimientos financieros, entre otros motivos”, detalló la AFIP.
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Las fiscalizaciones electrónicas automáticas son verificaciones y controles no presenciales que se basan en información de distintas bases de datos para detectar inconsistencias en el cumplimiento tributario, explicaron. A lo largo de los últimos dos años, los ingresos generados por la herramienta automática superan los $4.500 millones en casi dos años, detalló el fisco.
“Los datos de la AFIP muestran un elevado nivel de respuestas de los contribuyentes a estas fiscalizaciones, que fueron rectificando declaraciones juradas y cumplieron la pretensión fiscal. No obstante, el organismo identificó a un grupo de contribuyentes que no cumplieron con los requerimientos o que no se allanaron a la pretensión fiscal. Las notificaciones enviadas este lunes por el organismo representan el paso previo al inicio de las acciones de fiscalización presencial”, concluyó AFIP.
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