Salarios, jubilaciones y ayuda social: por qué todo le jugó en contra al Gobierno en las PASO y lo seguirá haciendo en noviembre

El resultado de las PASO y el efecto que la situación económica puede tener sobre las elecciones de noviembre, donde gobierno y oposición juegan por los puntos y el posicionamiento de cara a las presidenciales de 2023, sigue siendo objeto de análisis.

En su reciente GPS mensual de la economía, la consultora PwC comparó diferentes indicadores sobre cómo llegó el Gobierno a las PASO de septiembre, contra la situación que se le presentó al entonces oficialismo (hoy oposición) en 2013 y 2017. El ejercicio arrojó resultados tan fuertes, que hasta parece increíble que el oficialismo haya tenido expectativas de salir bien parado.

De las múltiples explicaciones que pueden darse del resultado, dice el informe del equipo liderado por el economista jefe de PwC, José María Segura, la principal es la mala situación económica: recuperación incipiente, pero con indicadores todavía inferiores a los de 2018 y 2019, dos años recesivos. Tal fue el contexto de las PASO, y lo será aún en las elecciones de noviembre.

Para discernir la lógica del voto, el GPS comparó algunos indicadores con los que se llegó a las PASO de medio término de 2013 y 2017. Por caso, dice, la inflación en los meses de julio de esos años era, en términos interanuales, de 25% y 23% respectivamente, mientras ahora es del 52%, con su correlato de pérdida del poder de compra de los salarios.

Al respecto, el informe precisa que el valor del RIPTE (la remuneración promedio del trabajador formal) en julio era de $88.274, pero en valores constantes de hoy era en 2017 de $107.243 y en 20013 de 114.165 pesos. Esto es, el gobierno llegó a las urnas con una caída real del salario de 17,7% y 22,7% respecto de aquellos dos años. Algo parecido sucedió con la jubilación mínima: en julio de 2021 fue de $23.065 y a valores actuales era de $28.004 en 2017 y $30.228 en 2013, lo que implica caídas del 17,7% y 23,7% respecto de aquellos años.

La “ganancia” fiscal del gobierno fue el impuesto inflacionario, que pasó factura en las elecciones. Así, precisa el análisis, el gasto primario del Sector Público Nacional cayó en términos reales de marzo hasta julio y acumuló en los primeros 8 meses una pérdida del 6,2%, con una caída del 17% en “Prestaciones Sociales” (56% del gasto primario total). Allí están jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, que cayeron un 13% real debido al cambio de la ley de movilidad jubilatoria que el oficialismo aprobó en 2021, un recordatorio de la carta de Cristina Kirchner y los largos mensajes de voz por WhatsApp de Fernanda Vallejos.

Peor aún, PwC precisa que el monto de los programas laborales descendió 49%, por la baja del ATP, que fue reemplazado por una versión del RePro de menores sumas y beneficiarios. Además, el ítem remuneraciones del sector público, 11% del gasto total, tuvo una caída real del 4%, pues las paritarias públicas fueron inferiores a la inflación.

Con los subsidios, no

El único ítem “popular” del gasto que le ganó a la inflación fue el de subsidios: avanzaron 33% en virtud del cuasicongelamiento de las tarifas de servicios públicos algo que –dice el GPS– revirtió parte de la corrección de precios relativos que había logrado la gestión macrista, “regenerando un problema a futuro”. Además, el Gobierno llegó a las PASO –y llegará a noviembre- con un BCRA muy comprometido en su capacidad de maniobra.

Tanto en las PASO y elecciones de 2013 y 2019 el oficialismo perdió y en las de 2017 ganó con indicadores económicos mediocres, pero que venían mejorando. Según PwC, la película que veían los votantes le ganó a la foto, como revela el Índice de Confianza del Consumidor: en 2017, además de una oposición fraccionada, había una expectativa general de mejora económica que le dio un “voto de confianza” al oficialismo de entonces (hoy oposición).

Otro aspecto a tener en cuenta es la menor concurrencia electoral. En las PASO votaron unos 22,7 millones de votantes, contra 24 millones en 2017. Está claro que el Gobierno busca recuperar a los propios que no fueron a votar. El riesgo, según el informe, es que “sobrepondere el corto plazo y tensione los desequilibrios hasta un punto de no retorno”.

Después de las urnas

Para pispear más allá de los votos, PwC revisó las cifras y la marcha del presupuesto 2021 y el proyecto para 2022 que, observó, implica que el Gobierno piensa seguir retrasando –un 5% adicional respecto de la inflación- el tipo de cambio oficial, para cerrar el año con un déficit del 3,6 porciento.

Lo concreto es que el déficit base-caja hasta agosto fue del 1% del PIB, de cara a las elecciones de noviembre el gasto se está acelerando, se anunciaron aumentos del salario mínimo vital y móvil y del mínimo no imponible en Ganancias, entre otras medidas. La pregunta es cómo se cubrirán esos gastos teniendo en cuenta –aquí PwC cita a la Oficina de Presupuesto de Congreso- que hay que financiar USD 15.962 millones, la posibilidad de colocar deuda se angosta y deja al BCRA como exclusivo financista, con el riesgo de aumentar la presión inflacionaria y sobre el dólar.

Otro supuesto heroico son los USD 11.000 millones que el presupuesto 2022 asume de financiamiento de organismos internacionales, algo considerado “un tanto optimista ya que aún no se cerró la renegociación de la deuda a vencer”. Eso sería el 46% del déficit, en tanto el BCRA cubriría otro 34% con adelantos transitorios y el resto del trabajo lo haría el Tesoro con colocaciones en pesos.

La consultora considera “difícil” acordar con los Multilaterales (para empezar, con el FMI) “sin un programa macro que ordene o establezca un sendero de ordenamiento” y acota que “sin acuerdo, todos los supuestos caen como un castillo de naipes”. Si el único recurso para financiar el déficit es la emisión, explica, es inconsistente suponer más retraso cambiario, salvo que la brecha aumente a niveles insostenibles. Y en tal escenario es impensable un crecimiento traccionado por las exportaciones y la inversión, como proyectó Guzmán en la ley de leyes.

“La única conclusión más o menos certera del presupuesto –concluye el informe - es que, en la medida que no se descontrole, el plan es que el ajuste se siga haciendo por recaudación de más impuesto inflacionario”.

SEGUIR LEYENDO: