
Tras un año de funcionamiento de la ley de Alquileres, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, señaló algunas deficiencias de la norma, sobre la cual consideró que “se puede mejorar” y que “seguramente hay mucho para trabajar” en su contenido, que ya lleva un año de vigencia.
“En una Argentina heterogénea una ley no puede abarcar todo. Esta ley, por ejemplo, tiene la obligación de la mediación y 11 provincias no tienen una ley de mediación. Para 11 provincias es una ley inaplicable”, señaló Ferraresi.
“Los no registrados son un problema. Se habla de unos 2,5 millones de inquilinos. Con la ley se les pidió que se inscriban en la AFIP y apenas se superaron los 200.000. Hay algo que no funciona, no se puede regular ese mercado con leyes nacionales, se necesitan leyes locales. Es imposible definirlo desde la Nación”, explicó el funcionario, quien espera que el censo nacional del año próximo sea “una oportunidad para ver y poner blanco sobre negro ese tipo de cuestiones”.
Ferraresi se refirió a la ley de Alquileres en un seminario virtual organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham). Cuando fue consultado por la posibilidad de generar incentivos para su mejor funcionamiento, tales como beneficios impositivos en Bienes Personales para aquellos que pongan sus propiedades en alquiler, el ministro dijo que en la ley tiene la intervención de cinco ministerios y que para cambiar impuestos se necesita una nueva ley.
Señaló que “hay posibilidades de hablar con todos los sectores y mejorar” la ley, al tiempo que señaló que la normativa sobre alquileres “resguarda a los inquilinos de una manera interesante, pero seguramente hay mucho por trabajar”.
La referencia de Ferraresi se transformó en la primera surgida con cierto tono crítico desde el Gobierno. Desde varios sectores se destacó que la nueva ley no cumplió con sus objetivos. En primer lugar, desde su aplicación los alquileres subieron por encima de la inflación. En el segundo trimestre de este año se registraron aumentos promedio, en pesos, de 58,6% y 66,9% en comparación con el mismo período del año anterior, según datos la Dirección General de Estadística porteña en base a la plataforma Argenprop. Esos incrementos superaron por cuarto trimestre consecutivo al Indice de Precios al Consumidor. En CABA, la suba del IPC en ese período llegó al 41% respecto de igual tramo de 2020.

Otro efecto no deseado fue la aparición de un exceso de oferta: para no ajustarse a la nueva ley, muchos propietarios prefieren pasar sus propiedades del alquiler a la venta. Eso deja a los inquilinos con menos opciones y precios más caros. “La sobreoferta de departamentos usados es consecuencia directa de la fallida Ley de Alquileres del año pasado, que resultó nociva tanto para los inquilinos, que sufrieron y sufren gigantescos aumentos, como para los propietarios quienes, sin un incentivo para alquilar la propiedad, deciden ponerlas en venta”, dijo Marta Liotto, vicepresidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba).
En otro tramo de su presentación en el evento virtual de AmCham, Ferraresi señaló que este año se entregarán 30.000 viviendas a través de programas del Estado y confió en que se pueda trabajar junto al sector privado para promover el crédito hipotecario y ampliar la oferta. El ministro destacó que “a partir del programa de vivienda se van a generar 300.000 puestos de trabajo” de manera directa en la construcción, y detalló que el objetivo es que “a partir de 2024 se construyan 75.000 viviendas por año en Argentina” de modo que “en 15 años el problema del hábitat estará casi resuelto”.
“Cada vivienda que se comienza a construir son 3 puestos de trabajo directos y se estima entre 4 y 6 indirectos, además hay que contar que la materia prima es local por lo que también genera un doble efecto”, dijo Ferraresi. El funcionario exhortó además a “generar políticas públicas con articulación de los gobiernos nacionales con los provinciales y municipales, para que los argentinos puedan desarrollarse en el lugar donde nacen”.
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