Las medidas destinadas a generar una mejora en los ingresos de bolsillo, particularmente de la clase media, será uno de los principales canales por los que se escurrirá, en los próximos meses, gran parte del gasto público contenido durante la primera parte del año. En este sentido, proyecciones privadas indican que la ampliación de los planes sociales y de empleo, los bonos excepcionales y las modificaciones al impuesto a las Ganancias, entre otras iniciativas, insumirían unos $ 400.000 millones hasta fin de año. Sin embargo, esas medidas orientadas a mejorar el desempeño electoral del oficialismo no serán el único motor del aumento del gasto público y, en consecuencia, del déficit fiscal.
Por el contrario, las jubilaciones y los salarios del sector público tendrán un impacto determinante. Ocurre que desde el mes próximo se revertirá la tendencia a fuerte ajuste que registraron durante el primer semestre, cuando avanzaron muy por detrás de la inflación. Así lo señala un informe reciente de FIEL, que proyecta la dinámica fiscal para la segunda parte del año y en el que se advierte la ausencia, a partir de ahora, de ingresos extraordinarios que contribuyan a financiar la expansión.
“La movilidad jubilatoria implica aproximadamente 1 punto del PBI de mayor gasto cada tres meses, con lo que habrá una suba de esa magnitud en septiembre y otra en diciembre, más allá del pago del medio aguinaldo”, afirmó Cynthia Moskovits, economista senior de la Fundación. Lo mismo sucede con los salarios del sector público, que tocaron su piso en junio y empiezan ahora a recuperar algo del terreno perdido, por lo que tendrán mayor peso en la torta del gasto. “Es probable que, junto con las transferencias a universidades, aumenten levemente en términos del PBI”, agregó. Esto a pesar de que los giros a las casas de estudio tiene un atraso real de 4,5% en los primeros siete meses del año, bastante por debajo del ajuste en conjunto del gasto, de 12% en términos reales según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El combo se termina de completar con el incremento de los subsidios, renglón que no dejó de crecer en los últimos 18 meses, y que atraviesa actualmente el período de mayor expansión dada la demanda energética del invierno. En los primeros 7 meses del año, acumularon un incremento de 20%, sin embargo, en julio el aumento real interanual fue de 50%, ritmo que se mantendrá en agosto y recién desacelerará en octubre, con el cambio de clima. Por esta cuenta se proyecta que se escaparán fondos equivalentes a poco más de 2% del PBI.
“Los subsidios a la energía permanecerán, como mínimo, en los niveles de junio en términos del PBI, por lo menos en los meses de julio y agosto. Recién hacia octubre retomarán sus niveles previos al invierno, en tanto que los subsidios al transporte persistirán”, sostuvo Moskovitz, quien además señaló que, sin los ingresos extraordinarios que existieron en los primeres meses del año como fuente de financiamiento, el resultado fiscal dependerá de los gastos de capital. En este concepto se engloba la obra pública, la cual es esperable que también registre una notable expansión en los meses previos a las elecciones. Eso es, además, lo que ya viene ocurriendo en lo que va del año, con una suba de 82% respecto de 2020 cuando, vale aclarar, toda la actividad estuvo muy condicionada por las restricciones de la larga cuarentena.
En cualquier caso, el consenso entre economistas es que el panorama de la segunda mitad del año, de fuerte contraste con la disciplina fiscal de la primera parte, borrará gran parte de la mejora pero no toda: aun con el fuerte aumento del gasto, el Gobierno podrá sobrecumplir la meta de desequilibrio fiscal prevista en 4,5% del PBI. Igual de claro queda que, sin fuentes de financiamiento, incumplirá por los lejos la proyección de inflación y dejará un alto piso también para 2022.
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