El gobierno porteño volverá a reclamar ante la Corte Suprema por el recorte de fondos, que llegó a $40.000 millones en siete meses

El gobierno porteño insistirá la semana próxima ante la Corte Suprema de Justicia en su reclamo por el recorte de fondos por parte del gobierno nacional, que ya implicó la pérdida de 40.000 millones de pesos en los últimos siete meses.

Tras la reunión entre los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, fuentes del gobierno porteño indicaron a Infobae que, ante la falta de avance en la negociación, la Ciudad participa del diálogo pero que sigue apostando a la Corte Suprema. En el encuentro, Rodríguez Larreta, “reafirmó su permanente predisposición al diálogo para acordar el traspaso del sistema de Seguridad Pública en forma ordenada y consensuada”.

“El gobierno de la Ciudad siempre tiene la vocación de buscar consensos y trabajar en conjunto con el Gobierno nacional y las autoridades de cada jurisdicción para atender todos los temas que hacen al bienestar de las personas. La seguridad es uno de ellos”, se indicó en un comunicado.

Esto significa que no se romperá el diálogo porque es la voluntad y porque así lo determinó la Corte, pero la discusión no se dará en el marco de la ley votada por el Congreso, porque la Ciudad entiende que es inconstitucional y afecta sus derechos, al transferirle por goteo una serie de recursos que antes pasaban en forma automática y con un mayor caudal. No se trata de una cuestión técnica: la Ciudad paralizó todas las obras públicas –salvo para su mantenimiento– y tuvo que implementar un fuerte recorte de gastos y aumento en los ingresos para financiar a las fuerzas de seguridad, que insumen 95.000 millones de pesos.

Sin embargo, por la decisión del gobierno nacional, el monto transferido es de 24.500 millones de pesos, por lo que la diferencia debe ser cubierta por la Ciudad, que, a su vez, es la Capital Federal.

En el gobierno porteño entienden que pueden mantener este esquema de austeridad en forma temporal, pero no es sustentable. Tras el encuentro, la Ciudad ratificó que “es inconstitucional la quita de fondos adjudicados al traspaso, que inconsultamente decidió el Gobierno Nacional”.

“Esta instancia no significa que la Ciudad renuncia a la demanda ante la Corte Suprema como tampoco una convalidación de la Ley 27606, que profundizó la quita de fondos que está Jurisdicción cuestiona por inconstitucional”. Por esta razón, habrá diálogo, pero solo se negociará si la Nación acepta hacerlo por fuera de la ley aprobada.

Al respecto, la Ciudad indicó que “tal como fue acordado en la última audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ambas partes volverán a reunirse en dicha instancia el próximo miércoles 26 de mayo”.

En tanto, el gobierno nacional informó que ambas partes “decidieron avanzar en la conformación de equipos técnicos en el marco del diálogo por los recursos para el traspaso de los servicios de seguridad a la órbita porteña, tal como fija la Ley 27.606 aprobada por el Congreso”.

“El presidente Alberto Fernández se comprometió durante la campaña de 2019 a construir un país más equitativo y federal. En ese marco, la decisión del Gobierno nacional fue subsanar un acto discrecional realizado por el gobierno anterior y ponerles fin a los privilegios”, dijo de Pedro una vez finalizado el encuentro.

“Los funcionarios nacionales ratificaron la vigencia de la ley aprobada en 2020 que incluía la conformación de un ámbito de diálogo bilateral por un plazo de 60 días que, en su momento, fue rechazado por las autoridades porteñas”, se aclaró. En tanto, Guzmán resaltó que “el diálogo es fundamental para construir un federalismo de concertación. Nuestra voluntad es trabajar de forma cooperativa para resolver el diferendo”.

Además, consideró que “independientemente del reclamo de CABA desde el Gobierno nacional estamos mes a mes ejecutando los actos correspondientes para el cumplimiento de la ley 26.606”, un monto que la Ciudad considera insuficiente y que se entrega de acuerdo con el criterio del Tesoro Nacional y no de las necesidades de pagos del distrito.

“La ley 27.606 aprobada por mayoría en ambas cámaras del Congreso, perfeccionó la calidad de la transferencia de funciones a las jurisdicciones, se trata de la administración de los fondos nacionales que es un tema de interés de todas las provincias”, sostuvo Economía en su comunicado.

“A diferencia del gobierno de Mauricio Macri que apeló a la discrecionalidad para duplicar la transferencia de recursos sin el respaldo de una ley, el Gobierno nacional trabaja como ordena la Constitución, construyendo un verdadero federalismo con equidad que es el camino que trazó el presidente”, concluyó de Pedro.

Para la Ciudad, la consigna es clara: diálogo y reclamo, en forma simultánea, a la espera de la decisión del Alto Tribunal.

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