Inflación imparable: se demora la desaceleración de precios y un sector del Frente de Todos pide endurecer los controles

La hoja de ruta de la inflación que había planteado el Gobierno implicaba, a esta altura del año, que la suba de precios mensual debería haber sido sensiblemente menor al 4,1% que marcó abril. La persistencia inflacionaria, además, hacen resurgir algunas diferencias internas en la coordinación de la política económica, ya que hay un sector del Frente de Todos que pide reforzar los esquemas de controles a empresas del sector de consumo masivo.

Las alarmas se encendieron en los despachos oficiales tras los primeros datos de abril: el relevamiento de los indicadores de alta frecuencia de subas de precios demostraban que la desaceleración de la inflación era más lenta de lo que esperaba el equipo económico a principios de 2021. Esto, por cuestiones lógicas, redundará en que los índices desacelerarán de manera más aletargada y que presionará a la pauta anual de 29% presupuestada.

El 4,1% de abril significa una suba de precios acumulada de 17,6% en los primeros cuatro meses del año. De esa manera, transcurrido solo un tercio del año la inflación ya recorrió el 60% del total proyectado por Martín Guzmán. Analistas privados incluso estimaron que para cumplir con ese 29%, los índices de precios deberían ser en lo que resta del año de un 1,2 por ciento.

En el Ministerio de Economía recuerdan que en una de las charlas en universidades que dio Guzmán en los primeros meses del año durante sus giras por provincias -algo que discontinuó desde marzo- el propio ministro había explicado que si bien la pauta de inflación era de 29%, el equipo económico trabajaba con algún margen de puntos porcentuales hacia arriba.

Y por eso explican que Guzmán haya dado el visto bueno a negociaciones paritarias que cerraron durante el primer cuatrimestre del año con un incremento salarial de entre 30 y 35%, algunas incluso en gremios que son decisivos y que suelen “derramar” a otras pujas como la nacional docente, metalúrgicos, construcción y comercio.

Pero incluso mencionan, en ese marco, otro reajuste paritario clave como el salario mínimo. La particularidad es que es una variable que tiene menos impacto en el sector privado que en el público: la mayoría de los convenios colectivos de trabajo están por encima de los poco más de $23.500 a lo que ascenderá desde junio.

Ese ajuste de 35% anual, por encima de la pauta oficial y aceptado por el Estado en el consejo del salario mínimo, impactará en distintas prestaciones sociales. En primer lugar, las jubilaciones de personas que completen los 30 años de aportes: sus haberes equivalen al 82% del salario mínimo. Luego, en las becas Progresar el salario mínimo funciona como tope para la entrega de la beca de estudio. Y para el caso del programa Potencial Trabajo, sus montos se actualizan con los mismos porcentajes.

Hay tres sectores del organigrama del Estado que están involucrados en el día a día de la inflación. El Ministerio de Economía, el de Desarrollo Productivo y el Banco Central. En el primer caso, el Palacio de Hacienda es el encargado del marco macroeconómico en el cual acelera o desaceleran los precios. La cartera que dirige Matías Kulfas tiene en su órbita a la Secretaría de Comercio Interior que lleva adelante los esquemas más o menos negociados con empresas. Y la autoridad monetaria rige -aún a instancias de Hacienda- sobre otra cuestión clave: la emisión de pesos.

Sobre este último tema, desde una de las oficinas que siguen la evolución de los precios diariamente aseguran que los 1,2 billones de pesos (800.000 millones a través de utilidades y 400.000 millones de adelantos transitorios) que debería emitir el BCRA para cubrir el déficit del Tesoro no representa por el momento un riesgo mientras haya controles. Para explicarlo lo comparan con la velocidad a la que circulan los automóviles en una autopista: “Si no tenés los controles suficientes y los dejás correr, en lugar de ir a 80 kilómetros por hora, van a ir a 130″, explicó un funcionario a Infobae sugiriendo que sin los planes oficiales para contener los precios, la situación sería aún peor.

En ese sentido, desde algunos sectores del Frente de Todos -con presencia en el equipo económico- creen que los controles y esquemas de coordinación de precios con las empresas de consumo masivo son insuficientes. Incluso lo dicen con los balances de las compañías alimenticias en la mano: “Ninguna perdió a pesar de la pandemia”, consideraron desde un despacho oficial.

En los próximos días, de hecho, comenzaría la última versión de acuerdos de precios elaborado por Comercio Interior con empresarios del sector. Se trata de un plan que incluirá una nueva canasta de 120 productos con precios congelados durante seis meses.

Entre las empresas del sector confían en que el acceso a esta canasta acordada implique un desarme de Precios Máximos, el mecanismo que inauguró el Gobierno al comenzar la pandemia para administrar los valores de miles de productos alimenticios y de limpieza. A diferencia de Precios Cuidados, no fue consensuado con las empresas. Este fin de semana, Comercio Interior deslistó un nuevo grupo de bienes.

El programa nuevo incluirá, tal como lo tiene planificado el Gobierno y busca cerrar con las compañías del sector en los próximos días, productos alimenticios, bebidas y artículos de higiene personal para ofrecer en supermercados chinos y comercios barriales de cercanía, para conseguir una “capilaridad” mayor que Precios Cuidados, el esquema más representantivo entre los vigentes para mantener a raya los valores en las góndolas, que está presente en supermercados y que representa el 35% del consumo, según estimaciones oficiales.

Federico Moll, director de la consultora Ecolatina, explica que un relevamiento quincenal “muestra una desaceleración importante en mayo, pero todavía en niveles muy altos. Vemos una inflación en torno a 3,5% para mayo y un un valor levemente inferior a 3% para junio”, explicó ante Infobae.

“Por primera vez en mucho tiempo tenemos una aceleración tan importante en un contexto en el que los desequilibrios se acumulan. Típicamente estos niveles de inflación suelen darse en contextos de saltos cambiarios, hoy vemos lo contrario, el tipo de cambio se mueve a una velocidad muy distinta a la de los precios. En ese sentido la situación es la peor posible, alta inflación hoy y mañana”, opinó Moll.

“Es probable que una vez que las elecciones queden atrás el Gobierno empiece a depreciar el dólar a otra velocidad y eso se traslade a precios, complicando la nominalidad de 2022 y por lo tanto el crecimiento. Sumado a esto, los cambios en precios relativos son muy profundos. Tarifas de servicios públicos creciendo muy por debajo del resto de los precios, alimentos muy por encima, bienes de consumo masivo que empiezan a moverse después de un 2020 en el que mostraron una inflación muy por debajo del IPC. Los precios relativos están respondiendo a muchos estímulos distintos y esto complica la desinflación futura”, concluyó.

Por su parte, Martín Kalos, de la consultora Epyca, aseguró que “el riesgo es que la inercia que demuestra la inflación es que la inflación haya encontrado un piso más alto. Así como tuviste un piso de 24% y se movía en torno a eso dependiendo de si era un año de devaluación o de crisis, y pareció haber subido a 31% como nuevo promedio. Ahora el riesgo es que desde 2018 haya una inercia más alta”, dijo.

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