Expertos cuestionaron la incorporación de la AFIP a los controles de los precios: “Pasan de la represión a la persecución y no va a tener resultados”

En medio de la escalada inflacionaria que desde fines de 2020 arroja aumentos del 4% mensual, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dispuso hoy que inspectores de la AFIP controlen el cumplimiento del programa de Precios Máximos. En ese marco, economistas y tributaristas consultados por Infobae coincidieron en que no es esta la función que debe cumplir el ente recaudador, y remarcaron que se trata de una medida de “persecución” hacia las empresas que no logrará bajar la inflación.

Cafiero encabezó hoy una reunión de gabinete económico para definir nuevas medidas en medio de la segunda ola de la pandemia de Covid-19. Tras el encuentro, se conoció que el Gobierno intensificará los controles de precios y que contratará entre 300 y 500 inspectores adicionales para esa tarea.

Para Juan Luis Bour, economsita de FIEL, los Precios Máximos son una política de represión de precios que se utilizó sin éxito en el pasado. “Durante el primer peronismo fue típica la política de represión de precios. Es una medida con consecuencias negativas”, aseguró a Infobae.

“Meter a la AFIP implica pasar de la represión a la persecución. Es una segunda instancia”, según el economista, para quien el Gobierno tiene de esta manera la posibilidad de “apretar a las empresas por temas tributarios que no tienen que ver con el precio al que venden los productos”.

“Es una forma de establecer una amenaza. La autoridad puede decir que si cumple los Precios Máximos esa empresa está en regla absolutamente”, agregó. En ese sentido, afirmó que el hecho de que personal de AFIP salga a controlar precios en comercios “es como poner a la policía a controlar”.

“Esto es manejar a la economía con la policía. Esto va a hacer que falten productos. Se trata es una presión extrema que se produce meses antes de las elecciones producto que falla el control fiscal y monetario. Como no tienen los instrumentos económicos habituales, sacan a la policía a la calle. La policía en este caso es la AFIP”, insistió.

Asimismo, señaló que el control de precios es una medida que no sirve para bajar la inflación y que de lograrlo, dura poco tiempo. “Todo esto dura poco tiempo, lo prueba la historia. Todo el mundo va a esperar un salto de precios inminente. Que pueden ser en tres meses o seis”, aseguró.

A su turno, el tributarista Sebastián Domínguez, de SDS Asesores, dijo que la AFIP no debería ocuparse del control de precios sino “luchar contra la evasión y recaudar”.

“No está dentro de las funciones que debería cumplir el organismo. La AFIP tiene personal capacitado y está acostumbrado a estar en la calle. Se ha utilizado este control pero la realidad es que no debería ser una función de la AFIP, que está para fiscalizar y recaudar”, aseguró.

Según el economista Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica, se trata de una nueva medida de emergencia que solo puede entenderse en un contexto de pandemia global y con una inflación que se aceleró con el regreso de la circulación. “No resuelve el problema de fondo ni mucho menos, ya que hace más de 10 años que convivimos con una inflación muy alta y en ascenso. Los aumentos no surgen de la decisión de un grupo de empresas”, consideró.

Añadió que parte de la aceleración de la inflación se corresponde con el episodio de salto en la brecha cambiaria en octubre del año pasado. “Claramente estas situaciones de estrés sobre el sector privado generan incentivos que atentan contra la estabilización nominal de la economía”, argumentó Delgado.

Fuentes de la AFIP se limitaron a comentar que el organismo “acompaña la medida del gobierno” y que va a “desplegar personal capacitado en todo el territorio nacional”.

En tanto, desde la Secretaría de Comercio Interior afirmaron que se van a incorporar entre 300 y 500 nuevos inspectores de precios para reforzar las acciones de cumplimiento en todo el país.

“Las próximas semanas vamos a profundizar el trabajo que venimos haciendo desde año pasado, y vamos a contratar entre 300 y 500 inspectores nuevos. Junto con AFIP vamos a llevar adelante todas las acciones que refieren a fiscalizaciones de política de precios en general, control del cumplimiento de la Ley de Góndolas y acuerdos específicos. Todo este conjunto de herramientas nos permiten trabajar en la contención de los precios y monitorear el abastecimiento en comercios y empresas”, dijo la secretaria de Comercio Interior Paula Español.

El control de precios se da en un año electoral en el que el gobierno, además de administrar la pandemia en términos sanitarios, apunta a reactivar una economía golpeada por las restricciones para circular e intenta controlar la suba de precios que erosiona el poder de compra de los salarios y genera más pobreza.

En ese sentido, la Secretaría de Comercio creó un registro para que unas 1.000 empresas informen al Gobierno en forma mensual toda su información sobre precios, cantidades vendidas y stock disponible de manera de poder hacer un seguimiento y control para evitar alzas de precios que considera especulativas.

La medida despertó alarma entre economistas que la asocian a intentos por controlar a la actividad empresaria de las décadas del 80, 70 y hasta el primer peronismo. Para ex funcionarios que contaron con fuentes de datos similares durante sus gestiones, además, la disponibilidad de esos datos es de poca utilidad para frenar el avance de los precios si no está acompañada de una política macroeconómica que baje la inflación.

Según los especialistas consultados por este medio, un sistema de información sobre tantas variables de la vida empresaria no tiene antecedentes en la política económica argentina. No obstante, guarda similitudes con las políticas de controles de los precios aplicadas por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, además de intentos de acuerdos o monitoreos de precios durante y antes de la hiperinflación de fines de los ’80 o planes económicos de la década del ’70.

Mientras tanto, el Gobierno avanzó esta semana en la renovación del programa Precios Cuidados a través de la Secretaría de Comercio Interior y se decidió prorrogar el plan hasta julio con un incremento de 4,8% en promedio para los precios de aquellos productos que ya estaban incluidos en la lista oficial.

La extensión del plan, que no es el mismo que Precios Máximos, acordado entre el Estado nacional, supermercadistas y proveedores, incluye una nueva ampliación en la cantidad de productos que ahora abarca a 670 referencias, dentro de los cuales aparecerán variedades de alimentos como pastas, galletitas, budines y especias de primeras y segundas marcas.

Según el Presupuesto 2021, el Gobierno prevé para este año una inflación cercana al 29%, cifra que parece difícil de cumplir si se tienen en cuenta los aumentos de precios de los primeros tres meses del año. En los primeros dos meses del año la inflación acumulada fue de 7,8% y se prevé que para marzo el índice de precios refleje un aumento superior al 3%. Asimismo, para abril, los consultores privados ya están hablando de un índice de precios superior al 4% debido a aumentos que se dieron en distintos rubros. Esto elevaría al 12% el aumento del costo de vida en el primer trimestre del año.

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