El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ordenó que, a partir de ahora, los inspectores de la AFIP salgan a controlar el cumplimiento del programa de Precios Máximos. La decisión fue anunciada durante la reunión de Gabinete Económico que se realizó este miércoles al mediodía en la Casa Rosada y donde se están definiendo medidas para bajar la inflación, según informaron fuentes oficiales.
Otras de las medidas que se tomarían en las próximas horas es controlar la aplicación de la Ley de Abastecimiento y un aumento de las sanciones para las empresas. Las medidas agregan más tensión a la complicada relación entre las compañías (especialmente del sector de alimentos y supermercados) y el Gobierno, que desde hace varias semanas suma nuevos mecanismos de control frente a los aumentos de los precios.
Hace una semana, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno resolvió intimar a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras persista la emergencia sanitaria.
En marzo del año pasado, la resolución que creó Precios Máximos ya había intimado a las empresas de alimentos y de consumo masivo a producir al tope de su capacidad. Desde entonces, el Gobierno viene incrementando las medidas de control sobre las empresas. Como, por ejemplo, la creación de un mecanismo de control de etiquetas y rótulos y un Sistema de Información (llamado Sipre), que exige la información de 1.000 grandes compañías sobre precios, niveles de producción y stocks.
Con todo, las empresas de consumo masivo ya vienen advirtiendo sobre un mayor “nivel de intervencionismo” del Gobierno a partir de la aceleración de la inflación y el calendario electoral. Desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) impusieron un reclamo administrativo contras las nuevas normativas de la Secretaría de Comercio Interior.
Mientras que desde la cámara que agrupa a las compañías estadounidenses en el país (Amcham) se expresaron duramente contra el Programa de Precios Máximos. “Hemos manifestado en reiteradas oportunidades los riesgos que se plantean con el mantenimiento de este programa en el tiempo: pérdida de rentabilidad de las empresas, imposibilidad de generar nuevos empleos, limitación en nuevas inversiones, desabastecimiento de productos en el punto de venta”, explicaron.
Desde la cámara de empresas estadounidenses pidieron a la Secretaría de Comercio Interior la derogación de la Resolución 100/2020, que estableció el programa de Precios Máximos, y permitir a las empresas alcanzadas realizar aumentos escalonados durante los próximos meses.
“Entendemos que los recursos de la administración deberían estar concentrados en analizar los factores generadores de este fenómeno de aumento de precios en lugar de regular mediante sanciones y controles inaplicables, y proponer nuevas regulaciones. Es necesario entablar un canal de decisiones consensuadas con el sector privado, que evite dar el último salto al vacío”, aseguraron.
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