
Con el impuesto a la riqueza ya reglamentado, crecen las polémicas respecto a cómo se aplicará y quiénes deberán tributarlo. Entre los aspectos polémicos surgió uno que podría generar una gran cantidad de demandas legales. Se trata de la intención de incluir dentro del impuesto la figura del “trust”, un instrumento que utilizan sobre todo familias de grandes fortunas para desprenderse de parte de sus patrimonios y que los mismos pasen a cabeza de un tercero, que por lo general es un administrador profesional.
Si bien el texto de la ley no es del todo específico, los tributaristas consideran que el objetivo es llegar hasta los denominados “trust irrevocables”. Estos instrumentos se utilizan en todo el mundo con el objetivo de delegar a un administrador el patrimonio familiar, persiguiendo dos objetivos: determinar cómo se repartirá la herencia a lo largo de los años (sin posibilidad de modificar posteriormente lo que se disponga una vez constituido el vehículo) y, al mismo tiempo, dejar de pagar impuestos en el país.
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Como se considera que el patrimonio incluido en este tipo de figuras deja de estar en cabeza de quienes lo organizaron, ese “desapoderamiento” hace que no se deba pagar ningún tipo de impuestos por esos activos. Ni los intereses que generan los bonos, ni las ganancias de capital por las inversiones en acciones. En el caso del régimen argentino, por ejemplo, la persona dejaría de pagar tanto Bienes Personales como Ganancias.
Pero todo esto ahora entra en una zona de sospecha. “Pareciera que se continúa con la intención de alcanzar por el impuesto a los trust irrevocables cuando el fiduciante ya no puede disponer de ellos ni tomar decisiones sobre los mismos”, explicó el tributarista Sebastián Domínguez. “Seguramente será uno de los aspectos que llegará a la discusión judicial”, agregó.
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Otro reconocido tributarista, César Litvin, opinó en la mismo dirección: “La ley sugiere que se busca avanzar sobre los trust, pero es inconstitucional. El Gobierno quiere además que este tipo de estructuras también deben estar sujetas al impuesto a los Bienes Personales, según la última modificación que se introdujo a fines de 2019 y que aumentó las alícuotas”.
Hasta ahora, uno de los aspectos más controversiales en las discusiones con la AFIP era si estos fideicomisos realmente representan un “desprendimiento” de las fortunas de los contribuyentes. En algunos casos famosos, sobre todo en la década de 1990, el organismo determinó que algunas de estas estructuras eran meras fachadas para eludir el pago de impuestos y los dio de baja. Pero en otros casos funcionaron adecuadamente y fueron aceptados.
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Aunque no hay aún registros oficiales, en los últimos meses muchos contribuyentes de grandes fortunas que se verían alcanzados por el impuesto a la riqueza (a partir de los 200 millones de pesos) realizaron distintas jugadas para evitar su pago. Algunos directamente optaron por modificar la residencia fiscal, por lo que ya dejaron de tributar en la Argentina. Muchos aprovecharon, por ejemplo, la exención de cinco años de Uruguay. Y otros optaron por algo más sofisticado, como es constituir el trust irrevocable.
Las cosas se complican todavía más porque la ley faculta a la AFIP a revisar lo actuado por el contribuyente en los 180 días previos a la sanción de la ley, con el objetivo de determinar si se produjeron maniobras destinadas a eludir el pago del nuevo tributo. Por ejemplo puede ser el caso de donaciones y también la constitución de los polémicos trust.
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