
El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires informó este lunes que extendió el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles bajo legislación externa por nuevos bonos hasta el próximo 4 de enero de 2021. Se trata de la décima extensión de plazos para redefinir el repago de casi el 70% de la deuda bruta provincial por un total de USD 7.148 millones.
De esta forma desde la provincia que gobierna Axel Kicillof informaron que continuará dialogando “de buena fe con los acreedores privados externos con el objetivo de alcanzar un acuerdo dentro del marco de la sostenibilidad de la deuda pública provincial”.
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Sin embargo, a los acreedores parece no urgirles avanzar en el proceso. El nuevo plazo de suscripción vence el 4 de enero pero la apuesta de los bonistas ahora apunta a cerrar recién a partir de febrero o marzo, una vez que el Gobierno Nacional haya consensuado un nuevo plan con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se materialicen mejoras sustanciales en las condiciones del mercado.
“Estando casi a las puertas de un acuerdo con el Fondo, sus tenencias valen más dentro de 3 o 6 meses. Claramente a ellos les conviene esperar, tanto para vender o para aceptar una propuesta de Kicillof. En un escenario como el actual, cualquier alternativa valdrá más dentro de unos meses”, admitió una fuente cercana a las discusiones por la deuda bonaerense.
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Cabe destacar que la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzaron este lunes una nueva ronda de negociaciones en Washington en pos de un nuevo acuerdo para refinanciar la deuda del país más allá del 2023.

En tanto, la propuesta oficial de la provincia, sin cambios desde su primera presentación en abril, ofrece cambiar los 23 bonos en moneda extranjera por nuevos títulos con un período de gracia de tres años, un recorte del 55% de interés y del 7% en el capital, y una la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.
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El objetivo del gobierno de Axel Kicillof es ahorrar unos USD 5.000 millones hasta 2030 y dar aire a las arcas provinciales que, de lo contrario, deberían devolver en los próximos cuatro años cerca del 80% del total adeudado por la provincia a acreedores externos.
Aun así, la cartera de Hacienda y Finanzas aseguró que existe “voluntad de la Provincia de enmendar la oferta formal ya realizada, siempre procurando que la deuda resultante sea sostenible en el mediano y largo plazo”.
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El resultado de la reestructuración de la deuda bonaerense será clave para orientar los procesos de otras diez provincias, que pretenden canjear unos USD 5.550 millones en compromisos con acreedores privados.
Detrás de Buenos Aires, la provincia con mayor nivel de endeudamiento es Córdoba, que propuso reestructurar tres bonos emitidos bajo ley extranjera por USD 1.685 millones por nuevos títulos con dos años de plazo de gracia y quita de intereses, pero no de capital.
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El nuevo esquema de pagos propuesto por Córdoba incluye un pago del 20% de capital cada año, entre 2023 y 2027, y un pago de cupón del 1% hasta 2022 y del 5% entre 2023 y el vencimiento del bono, unos dos puntos por debajo de lo que hoy pagan los bonos que tienen la provincia.
El resto de provincias con reestructuraciones abiertas son Mendoza, Neuquén, Río Negro (USD 300 millones), Chubut (USD 700 millones), Chaco (USD 250 millones), Salta (USD 388 millones), La Rioja (USD 200 millones), Entre Ríos (USD 500 millones), Tierra del Fuego (USD 200 millones) y Jujuy (USD 210 millones).
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