Sin planes sociales y sin la asistencia especial por la pandemia, la indigencia hubiera llegado al 28% de la población y la pobreza al 53%

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA evaluó el alcance de las ayudas económicas, tanto preexistentes como adicionales en el marco del covid-19, en materia de protección social dirigidas a poblaciones que fueron especialmente afectadas por la parálisis económica que impusieron las políticas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio.

Esa novedad, junto con los programas sociales de empleo y transferencia de ingresos existentes con anterioridad a la crisis sanitaria, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y bonos extraordinarios o refuerzos a la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (AUH-AUE) y Tarjeta Alimentar, fueron estimados por el ODSA en el equivalente a 18 puntos porcentuales, en términos de la tasa de indigencia de la población del conjunto de aglomerados urbanos.

La proyección al total país significa una cobertura de poco más de 8,2 millones de personas, del total de 12,8 millones de habitantes que no reúnen a través del trabajo, jubilación o pensión los ingresos necesarios para poder adquirir los alimentos considerados básicos para la subsistencia y desarrollo.

Cabe recordar que si bien el IFE abarcó a poco más de 9 millones de personas, su efecto se diluyó porque la anunciada asistencia mensual se transformó en un aporte del gobierno nacional con liquidación bimestral por parte de la Anses.

El análisis incluye el alcance de la asistencia alimentaria directa a través de comedores no escolares y/o entrega de bolsones o cajas de comida, en tanto no contempla los efectos de las medidas de protección laboral, los programas de créditos y/o las ayudas directas a las empresas y trabajadores privados para el pago de las remuneraciones en sectores críticos (ATP).

El aporte de cada programa

Así, el ODSA estimó que la población en estado de indigencia en el cuatrimestre julio a octubre fue de 10,1% de la población, pero “subiría a 11,6% sin el Plan Alimentar, a 18,3% sin IFE, a 20,2% en el Plan Alimentar e IFE juntos; y en total sin asistencia de otros programas incluso el efecto del aumento de la AUH saltaría a 28%, y en Pobreza a 53,1% de los habitantes”. En 2019 no hizo ese desagregado, pero, sin duda, la brecha hubiese resultado sensiblemente menor que la registrada en el corriente año.

El trabajo estimó que la cobertura de los programas sociales de transferencia de ingresos y asistencia alimentaria alcanza a 49% de los hogares, con un tope de 66% en los que residen niños y 31,4% en la que únicamente habitan adultos.

Según el director del estudio, Agustín Salvia: “El 47,4% de hogares recibió alguna de estas asistencias sociales en 2020. Esto representa a alrededor de 55,5% de personas que habita en hogares que percibieron algunas de estas políticas de transferencia de ingresos o ayuda alimentaria. Estos porcentajes reflejan un crecimiento significativo de la asistencia social entre 2019 y 2020. La mayor presencia de las ayudas sociales en el estrato trabajador marginal y el nivel socio-económico muy bajo señala la correcta focalización de estas medidas”.

“Si se evalúa el alcance de las medidas distinguiendo el tipo de ayuda social, el 44,6% de los hogares recibieron alguna ayuda vinculada a transferencias de ingreso (tarjeta alimentaria/social, asignaciones familiares no contributivas, programas de empleo, IFE, etc.). Y, 20,5% de unidades domésticas declaró haber recibido algún bolsón, vianda o haber retirado alimentos de comedores no escolares. Cabe señalar que, en ambos tipos de ayuda, en los hogares con presencia de niños/as se evidencia el mayor alcance”, observó Salvia en un encuentro virtual con la prensa del que participó Infobae.

Sin ese aporte, la cantidad de habitantes que no pudo reunir los ingresos mínimos para no solo adquirir la canasta básica de alimentos, sino también la de servicios públicos y privados también considerados esenciales, hubiese trepado de 20,3 millones a 24,4 millones.

El director del ODSA alertó que las ayudas sociales, tanto preexistentes como implementadas en el marco de la cuarentena, brindaron un piso mínimo de ingresos entre los sectores más pobres y vulnerables, sin embargo, no solo fueron insuficientes, sino que además no llegaron a todos los que sufrieron pérdidas de ingresos. “Por lo mismo, caerían en la indigencia y pobreza segmentos no pobres cuasi informales cuyos ingresos dependían fundamentalmente del trabajo, muchos de ellos auto excluidos de la asistencia pública”, dijo.

Subestimación de la realidad

Pese a esa compleja situación económico-social que se extiende a más de la mitad de la población, el ODSA detectó entre los consultados una disminución en comparación con el año anterior en su autopercepción de ingresos insuficientes para cubrir sus gastos básicos: pasó de 64,3% a 54,4% en términos del total de los hogares con niños; y de 57% a 48% de los habitantes.

Una explicación de ese fenómeno que dio Salvia fue que gran parte de ese desfase fue cubierto por el cambio sensible de las pautas de consumo alimentario y no alimentario de los hogares, por efecto del aislamiento social preventivo y obligatorio, primero, y el distanciamiento después, principalmente por el cambio súbito en la disponibilidad de bienes y servicios, que llevó a disminuir las cantidades que habitualmente se compraban.

El informe de “Avance del Barómetro de la Deuda Social 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19”, presentado por el director de ODSA-UCA, Agustín Salvia en una mesa debate con Michelle Muschett de la Universidad de Oxford y Pablo Villatoro, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), concluye: “La mayor parte de las medidas de Gobierno adoptadas buscaron reducir los efectos de la parálisis económica, sin las cuales la situación social habría sido más grave. Sin embargo, cabe destacar que no hay posibilidades de cambiar la situación estructuralmente crítica que afecta a los sectores más vulnerables si no es a través de la puesta en marcha un plan de reactivación del mercado interno, tanto formal como informal”.

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