Impuesto a la riqueza: el Gobierno confirmó que el número de personas que deberá pagarlo será mayor a los 9.300 contribuyentes estimados

La AFIP había hecho cálculos a diciembre de 2019. Pero la cifra será mucho más alta por el cambio de la fecha para calcular el gravamen introducido en el texto del proyecto de ley

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Miles de contribuyentes que no
Miles de contribuyentes que no estaban originalmente alcanzados por el impuesto a la riqueza finalmente tendrán que pagarlo, una vez que la iniciativa sea aprobada por el Congreso.

La titular de la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont aseguró este jueves que el proyecto de ley aporte extraordinario para las grandes fortunas incluirá a más personas que las que se contempló inicialmente. Infobae lo había adelantado días atrás.

En declaraciones a Radio con Vos, la funcionario dijo que “el ajuste cambiario va a incidir y probablemente amplíe el número del universo alcanzado, vamos a verlo a medida que se presenten las declaraciones juradas”.

Marcó del Pont indicó que para la liquidación de este impuesto, los contribuyentes alcanzados “van a tener que hacer una declaración jurada y presentar cuál es el patrimonio”. Y reconoció que habrá diferencias con la presentación de mitad de año de Bienes Personales “por la valuación de esos activos”. Esos números finales confirmarían que la cantidad de contribuyentes que pagarían el aporte será mayor a la estimado inicialmente.

En un trabajo enviado a la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Marcó Del Pont había estimado que tomando en cuenta la base de cálculo de fines del año pasado, el impuesto alcanzaría a 9.298 personas. Pero la cifra será mucho más alta por el cambio de la fecha de cálculo de gravamen. De esta manera, miles de contribuyentes que no estaban originalmente alcanzados por el impuesto a la riqueza finalmente tendrán que pagarlo, una vez que la iniciativa sea aprobada por el Congreso.

“Cuando vemos qué sector de los contribuyentes estaría alcanzado por este aporte con datos a diciembre del año pasado nos da el 1% de los contribuyentes. Es un impuesto progresivo y partimos de que la forma más sostenible y consistente de financiar al gasto público es a través de impuestos y no del endeudamiento”, concluyó Marcó del Pont.

Esos datos de diciembre mencionados por la titular de la AFIP quedaron sin valor. Esto se debe a que hubo un cambio en el texto original del proyecto, redactado en abril. En aquel momento se estipuló que la base de cálculo sería el 31 de diciembre de 2019. Pero en el dictamen que tuvo media sanción de Diputados se dispuso que en realidad la fecha será la del día de la promulgación de la ley en el Boletín Oficial, lo que podría suceder a fines de noviembre o principios de diciembre.

Cabe destacar que a fines de 2019, el dólar oficial (al que se calcula el impuesto) rondaba los $60. Hoy cerró a $80,24, o sea un salto superior al 30 por ciento.

Como el piso a partir del cual se paga el tributo está en pesos, el salto cambiario implica que un patrimonio menor en dólares respecto a lo originalmente previsto terminará alcanzado.

Se están dando discusiones que buscan embarrar la cancha”, dijo la titular de la AFIP en relación a las declaraciones de sectores que se oponen al impuesto a la riqueza.

En este sentido, esta semana se conocieron declaraciones de la Unión Industrial Argentina, el Foro de Convergencia Empresarial y las entidades del campo, entre otras instituciones, con duras críticas al proyecto que tiene media sanción de Diputados, aludiendo a su inconsistencia legal y a su impacto negativo en las decisiones de inversión.

A esas críticas, hoy se sumó la de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la entidad que agrupa a los principales empresarios del país, que consideró que el impuesto a la riqueza “afecta la propiedad privada y descapitaliza a las compañías”.

Mediante un comunicado, AEA destacó: “El proyecto genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales. El proyecto afecta la propiedad privada al determinar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya existentes como el de Bienes Personales. Incrementa así muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio”.

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