Dentro del límite previsto en la Ley de Administración Financiera, el Jefe de Gabinete de Ministros presentó antes de que terminara el 15 de septiembre en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados de la Nación el “Mensaje N° 0079/2020 y Proyectos de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2021 (0092-JGM-2020) Presupuesto y Hacienda” con la correspondiente nota de elevación, mensaje, anexos, proyecto de ley y todas las planillas anexas con su distribución geográfica, jurisdicciones y entidades.
El siguiente es el texto completo del Mensaje que consta de 205 folios:
Como anticipó en exclusiva Infobae, se prevé un déficit fiscal primario de 3,9% del PBI, el cual se eleva a 4,5% del PBI con el pago de intereses de la deuda, a poco más de $2,2 billones, según destaca el texto completo del proyecto de ley en sus 23 páginas:
Según se especifica en el cuadro de “fuentes y Aplicaciones financieras”, como en 2020 el Banco Central será el responsable de financiar a la Administración Central más de la mitad del desequilibrio, a través del proyectado giro de $800.000 millones en concepto de Rentas de Propiedad, que es como se denominan a las utilidades contables esperadas por cambios de valuación de sus activos externos e internos; y con el incremento de los Adelantos Transitorios en otros $400.000 millones.
Mientras que los restantes $1,05 billones serán cubiertos con nuevas colocaciones netas de deuda pública y uso de inversiones financieras.
El detalle de la distribución geográfica de la estimación de gastos está contenido en el siguiente texto completo que consta de 661 páginas:
Además, se espera el aumento de la eficiencia de la recaudación de impuestos, por la perspectiva de reactivación de la economía a un ritmo de 5,5% y la eficiencia en la percepción y comienzo del cobro de los diferentes planes de facilidades de pago por parte de los contribuyentes.
El siguiente es el detalle de cada partida, con todas las jurisdicciones y entidades, el cual consta de 1.930 páginas.
Estimaciones que parecen irreales e inconsistentes
Las primeras observaciones de los analistas económicos destacan que el Presupuesto de Gastos y Recursos “es irreal”, porque con la acumulación de atrasos en los precios relativos y la fuerte emisión de dinero, pese a que gran parte es esterilizada con instrumentos de regulación monetaria por parte del Banco Central; junto a la extremadamente debilitada posición de reservas en divisas que llevó a profundizar el control de cambios y forzar a las empresas al refinanciamiento de sus deudas en moneda extranjera, tanto las proyecciones de inflación como de tipo de cambios, parecen severamente subestimadas.
Por otra parte, si bien en los supuestos del proyecto se destaca: “el Presupuesto 2021 representa la hoja de ruta para las políticas públicas necesarias para comenzar a transitar hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos y que, en simultáneo, permita sentar bases para un crecimiento sostenible a partir del desendeudamiento del Estado nacional, la definición de un sendero de equilibrio fiscal en el mediano plazo, el fortalecimiento del mercado interno, la defensa de un valor competitivo de la moneda local para propiciar un incremento de las exportaciones argentinas al mundo y la acumulación de reservas internacionales por parte del BCRA con el objeto de reducir la presión en el sector externo”, en los hechos, las últimas medidas de política económica, financiera y cambiaria, como más aún las de carácter político e institucional, han contribuido a generar un escenario totalmente opuesto que se manifiesta en el aumento de la lista que forman el “éxodo de empresas”, con sus consecuentes efectos negativos sobre el empleo y la inversión.
En alguna medida, ese cuadro explica las proyecciones muy modestas del ministro de Economía, Martín Guzmán, y su gabinete de asesores, sobre una lenta recuperación de la drástica caída esperada del PBI en 2020, entre 11 y 13%, habida cuenta que, de cumplirse, Alberto Fernández terminará su mandato 2024 con el mismo PBI por habitante que cuando asumió el 10 de diciembre de 2019; insuficiente para lograr el objetivo de reducir los altisimos índices de pobreza y exclusión social acumulados en más de una década de estancamiento con alta inflación.
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