En medio de las negociaciones entre los empresarios del sector de la construcción y el Gobierno nacional por la resolución respecto de las concesiones viales licitadas bajo el modelo de los contratos de Participación Público Privada (PPP), la Justicia reconoció el reclamo de una de las UTE (Unión Transitoria de Empresas) respecto de las garantías presentadas.
La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal falló a favor del consorcio conformado por Helport, de Corporación América, Panedile, Eleprint y Copasa (España). De esa manera los privados podrán recuperar las garantías presentadas por el contrato del denominado Corredor Panamericano II que es el que une Rosario-Córdoba. Así, las compañías empresas podrán recuperar un monto total de 60 millones de dólares.
El fallo de la Cámara, que hace lugar a una de las dos presentaciones que tiene realizada el consorcio en la Justicia –la otra es por el tramo Buenos Aires-Rosario–, lleva la firma de los camaristas María Claudia Caputi, José Luis López Castiñeira y Luis Márquez. En el mismo, se resuelve “hacer parcialmente lugar a la apelación deducida por la parte actora y, en consecuencia, modificar la decisión de grado, admitiendo parcialmente la medida cautelar y ordenando la suspensión de la obligación de mantenimiento de las Garantías de Cierre Financiero y de Obras Principales, así como la devolución de dichas garantías”.
El Corredor Panamericano II (Corredor Vial F) conecta Rosario con Córdoba e incluye las Rutas Nacionales RN N°9, AU Rosario-Córdoba y RN N°33.
La noticia fue muy bien recibida por el todo el sector privado que participó de esta alternativa de inversión. En su conjunto están negociando con el ministerio de Obras Públicas que dirige Gabriel Katopodis para encontrar una salida acordada para los contratos PPP. Entienden que este fallo es el primer paso para destrabar el estado de las conversaciones.
En el entorno de Katopodis señalan que “las negociaciones siguen hasta noviembre. Hay tensiones, como en toda negociación, pero está abierta”. Para los técnicos de la cartera de Obras Públicas, los contratos de PPP que fueron presentados por la administración de Cambiemos y que se frenaron muy rápido en medio de la crisis de 2018 y la escalada del riesgo país, hoy son difíciles de concretar. “Hay que resolver la situación de la mejor manera posible para que el Estado nacional no pierda recursos que son de todos los argentinos”, aseguraron.
Los PPP fueron lanzados por Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte de Mauricio Macri. Los contratos fueron firmados el 28 de junio de 2018 en un acto en la Quinta de Olivos.
Para diciembre de ese mismo año, el por entonces asesor presidencial Gustavo Lopetegui y el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, anunciaron que frenaban las nuevas licitaciones bajo este modelo. Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos era imposible conseguir financiamiento.
Los contratos de Participación Público Privada fueron ideados en 2017 como una forma de incrementar las obras en infraestructura. El modelo de negocio establece contratos de concesión donde el financiamiento lo consiguen los privados en los mercados internacionales y, como contraprestación, el Estado da títulos de reconocimiento de inversión (TPI) trimestrales, en este caso en dólares, y que las empresas deben descontar en el mercado. El Estado empieza a pagar recién a los cinco años.
Con los mercados cerrados, en junio de 2018 el gobierno de Cambiemos firmó el primer acuerdo stand-by con el FMI por 50.000 millones de dólares. Entre las pretensiones del Fondo también estaban los PPP porque entendían que eran gasto encubierto. El 29 de agosto de ese mismo año, el ex presidente Macri anunció la renegociación del acuerdo con el FMI. Así, los contratos de Participación Público Privada comenzaron a desaparecer como una alternativa concreta de inversión.
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