
Aunque el Gobierno ayer anunció los resultados del exitoso tramo internacional del canje para reestructurar la deuda, en el Ministerio de Economía celebraban otros datos todavía no difundidos: el cierre prácticamente anticipado de la reestructuración de deuda también bajo legislación argentina, cuya fecha de finalización formal es el 15 de septiembre.
Sin embargo, hoy vence una cláusula clave de la propuesta a los inversores, denominada “adhesión temprana” por la cual quienes aceptan la oferta antes del 2 de septiembre, recibirán el pago de los intereses corridos desde abril -cuando se incumplió el primer pago de deuda bajo ley local correspondiente al Bonar 2020- hasta septiembre, cuando se liquidarán todos los nuevos títulos.
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Este reconocimiento de los intereses operó como un fuerte incentivo a los acreedores de deuda local en dólares, quienes a medida que se consolidaron las buenas perspectivas del tramo global, se volcaron masivamente a aprovechar el beneficio. Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron a última hora de ayer a Infobae que, tal como esperaban desde un principio, el nivel de adhesión es equiparable al porcentaje obtenido en el tramo internacional, por encima del 90% del total de la deuda elegible.

En términos económicos, la cláusula de adhesión temprana representa una mejora entre USD 1,5 y USD 2 cada USD 100 de deuda nominal respecto de una aceptación a último momento, lo que en la práctica podría dejar resuelto todo el proceso de reestructuración el 7 de septiembre, fecha fijada para la liquidación de los títulos para este grupo de inversores. Dos semanas más tarde, el 21 de septiembre, será la fecha final para aquellos rezagados que aún no hayan ingresado y lo hagan entre mañana y el 15 de septiembre, lo que puede ocurrir en un universo de acreedores entre los que existe participación de inversores minoristas.
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En cualquier caso, el consejo generalizado de los asesores financieros a sus clientes fue adherir en el primer turno. Esto porque, dado el nulo riesgo de litigios para el Gobierno, que terminaran obligándolo a pagar la deuda original, se dio por descontado desde un primer momento una alta aceptación que, eventualmente, gatillaría las cláusulas de acción colectiva. Quienes no ingresan, claro está, tienen todas las de perder: no sólo pierden el “premio” por el pago de intereses sino también la posibilidad de optar entre los nuevos títulos del menú del canje. Se corre el riesgo, entonces, de que los bonos más atractivos y demandados agoten su cupo entre quienes aceptan en el primer llamado.

“Considerando las características de la propuesta y la elevada adhesión esperada, la recomendación consiste en ingresar durante el período temprano para obtener el beneficio adicional de los intereses devengados y no cobrados hasta el 4 de septiembre. El riesgo más importante de no entrar al canje es que se apliquen las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs), lo cual implicaría para el tenedor un canje compulsivo y la pérdida de opción respecto de qué título nuevo obtener. En dicho caso, el Gobierno tendrá discrecionalidad y podría asignarle al inversor el título con menor atractivo”, es la explicación que se replica en los numerosos informes que consultores y casas de inversión le hicieron llegar a sus clientes en los últimos diez días.
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Si bien la reestructuración de la deuda en dólares bajo legislación argentina, para el que el el ministro de Economía Martín Guzmán prometió -y cumplió- el mismo tratamiento que para aquellos bonos bajo legislación extranjera, es un trámite mucho más sencillo para el Gobierno de lo que fue la compleja negociación internacional, los desafíos y nivel de ahorro no son menores. Entre los primeros, resistir la tentación de sobre castigar la deuda ley local, sin posibilidad de juicio, respecto de ley extranjera. El objetivo es claro: mantener viva la posibilidad de un desarrollo de un mercado de capitales local o, al menos, la posibilidad de nuevo financiamiento doméstico a tasas razonables en el corto plazo.
Respecto del nivel de ahorro, la meta oficial de despejar el horizonte de vencimientos por los próximos cuatro años está más que cumplido: entre ambos tramos del canje, el Gobierno se ahorra unos USD 40.000 millones hasta 2024, cifra que representa casi el 70% del recorte total a la carga de servicios de la deuda por un total de USD 58.000 millones.
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