Dos semanas antes de que se conozca el congelamiento de tarifas y la declaración de “servicio público y esencial” a las empresas de telefonía, acceso a Internet y TV por cable, varias de las compañías de ese sector ya habían comenzado a informar a sus usuarios los aumentos que tendrían en las tarifas de sus servicios a partir de septiembre. Los precios estaban congelados desde mayo de este año, luego de un acuerdo de las compañías con el gobierno.
De acuerdo con la legislación vigente hasta el presente, las compañías del sector estaban obligadas a informar de aumentos a sus clientes con 30 días de anticipación, por eso ya habían comenzado a enviar la información detallada con las nuevas tarifas. Hace un tiempo, ese plazo era de 60 días, pero se acortó a la mitad.
“Debido al contexto que atraviesa la industria en el país, Movistar se ve en la necesidad de realizar una adecuación de precios que permita sostener los niveles de calidad de servicio requeridos por los clientes, más aún en un momento en el cual la digitalización tiene un rol relevante en el desarrollo de todas las industrias y sectores sociales”, habían informado desde esa empresa de telefonía a Infobae el pasado 5 de agosto.
Para el plan pospago más usado, Movistar planeaba una actualización promedio del 10% a partir de septiembre. Para el resto de los planes, una suba de entre 6% y 15%. En la modalidad prepago, en tanto, la empresa planeaba finalizar en octubre la bonificación otorgada en noviembre de 2019 y extendida en marzo de este año.
Para la banda ancha fija, la adecuación planeada era del 9% desde septiembre, una suba que hubiera llegado a la mitad de los clientes de Movistar. Ese mes también planeaban concluir la bonificación de $104 otorgada en noviembre de 2019 para el abono de telefonía fija.
“Hay servicios que no tendrán adecuación y mantendrán sus valores actuales, como los planes inclusivos y planes reducidos; y otros en los que se bonificará por tres meses la actualización, como las pymes con servicio de banda ancha cuyo tráfico disminuyó en un 70% o más”, habían explicado.
El resto de las compañías, también habían confirmado subas a partir de septiembre. En el caso de Telecom, el aumento informado a los usuarios era del 11% en promedio para sus servicios móviles (prepago y pospago), fijos, TV Paga e Internet fija y su implementación iba a aplicarse escalonadamente a partir de septiembre.
“La actualización es muy inferior al promedio de inflación del año en curso, que fue de 13,6% entre enero y junio y obedece al aumento de los costos de mantenimiento de infraestructura y servicios y al impacto de la devaluación del peso en una industria que tiene un alto porcentaje de sus insumos dolarizados”, indicó entonces la compañía.
En otra compañía, Claro, también habían previsto subir los precios a partir de septiembre, aunque habían informado que los planes más accesibles no aumentarían: el plan reducido quedaría en $250 y el inclusivo en $280. Para el resto de los planes pospagos Claro planeaba un ajuste de un 10% promedio.
A mediados de mayo de este año, el Gobierno acordó con las empresas de telecomunicaciones la suspensión de los aumentos en las tarifas de los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y TV. El acuerdo incluía el congelamiento de los precios hasta el 31 de agosto de 2020, con el fin de aliviar la situación económica de los usuarios afectados por la cuarentena.
En ese momento, además, se pusieron a disposición planes accesibles de telefonía e Internet móvil de pospago; de prepago móvil y de Internet fijo, con un precio congelado hasta el 30 de septiembre. “El objetivo es que las personas que atraviesan dificultades económicas durante la cuarentena puedan cambiarse de plan y acceder a un servicio que garantiza la conectividad a un precio accesible”, informaron desde el Enacom tres meses atrás.
El DNU barre con todos los anuncios de aumentos ya informados por las empresas, termina con el acuerdo celebrado con las empresas en marzo e impone un nuevo esquema para todo el sector, con mayores regulaciones y autorizaciones expresas de cada movimiento de tarifas por parte del Enacom, el organismo de control.
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