La AFIP denunció penalmente a Vicentin por supuesto fraude de $ 111,6 millones mediante facturas apócrifas

Los tiempos se aceleran en el concurso de acreedores de Vicentin, la empresa que el gobierno de Alberto Fernández había decidido intervenir –con el objeto posterior de expropiar- el 8 de junio pasado, de lo que luego desistió ante la fuerte resistencia a la iniciativa y las decisiones en contrario del juez del concurso, el magistrado Fabián Lorenzini, de la justicia de Reconquista.

De un lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que encabeza Mercedes Marcó del Pont, denunció hoy penalmente por el uso de “facturas apócrifas” a través de las cuales supuestos proveedores le facturaban bienes y servicios y la empresa solicitaba reintegros por exportación, lo que habría constituido en una defraudación de poco más de $ 110 millones al Estado. Del otro, el juez debe decidir antes del vencimiento, en cuatro días, de un proceso de verificación de créditos de los acreedores, el pedido de intervención por parte del gobierno de Santa Fe, y la empresa sigue sin presentar su balance 2019.

“El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería. De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real”, precisó un comunicado de la AFIP.

La denuncia penal “por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales” fue presentada ayer viernes dijo la AFIP, que precisó que “el Régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el tipo de maniobras denunciadas” y que “la maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019″.

Desde la empresa, en cambio, dijeron que hasta ayer por la tarde no había ingresado ninguna denuncia al Juzgado Federal de Reconquista y negaron que la empresa haya en algún momento pagado a proveedores ficticios. “Siempre se pagó a proveedores registrados ante la AFIP: no hubo ninguna maniobra delictiva ni emisión de facturas apócrifas. En todo caso, si algún proveedor no hizo luego los pagos correspondientes a la AFIP, es responsabilidad de la agencia fiscalizar el cumplimiento”, señalaron. Y apuntaron que se trata de una maniobra mediática para instalar el tema y presionar a Vicentin.

La maniobra denunciada habría consistido en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores. Sin embargo, la fiscalización de la AFIP “constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín”. El organismo fiscal pudo determinar, entre otros elementos, “que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería”. De este modo, señaló la agencia, “las de control permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real”.

Los 54 supuestos proveedores fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos. “Durante las tareas de fiscalización -señaló la AFIP- Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados”.

Concurso e intervención

En tanto, el juez Lorenzini debe decidir si acepta el pedido de “intervención mixta” que hizo el gobierno santafecino el 19 de junio, un día antes de la marcha del “banderazo” del 20 de junio, en que hubo manifestaciones en varias localidades del país contra la medida que había dispuesto el gobierno nacional y en defensa de la empresa. Ahora, sin embargo, el magistrado habría constatado un desorden administrativo y la empresa aún no presentó el balance 2019. En el concurso, Vicentin afronta una deuda cercana a los $ 100.000 millones.

Un comité informal de acreedores de Vicentin está integrado por el Banco Nación, su principal prestamista local y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), en representación de centenares de productores que vendían sus cosechas a la cerealera y no pudieron cobrar sus facturas. Del comité también participan acreedores extranjeros como la Corporación Financiera Internacional, la ventanilla del Banco Mundial de préstamos al sector privado y bancos como el holandés FMO y algunos sindicatos.

Hasta ahora, el juez Lorenzini se había inclinado a dar tiempo a los directivos de Vicentin y sigan en la empresa, en el marco del concurso y bajo control de la sindicatura, pero los tiempos se fueron consumiendo.

El gobierno nacional, luego de pedir el traslado del concurso a la justicia federal, lo que no logró, anuló el decreto de intervención que había anunciado el 8 de junio. Hace unos días, además, murió de un infarto el principal directivo de Vicentin, Sergio Nardelli, de fuerte personalidad y protagonista de las principales decisiones de la empresa. En junio, días después del anuncio de intervención, Nardelli había sido recibido en Olivos por el presidente Alberto Fernández, en una reunión que no llevó a buen puerto.

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