El proyecto de reforma judicial impulsado por Alberto Fernández sigue sumando cuestionamientos de distintos sectores. Ésta vez, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) criticó en duros términos la iniciativa. La calificó de “improvisada, sesgada e inaeduacada ” y llamó al Gobierno Nacional a “reflexionar” sobre la misma. “No puede estar orientada a asegurar la impunidad a funcionarios sometidos al debido proceso legal”, apuntaron desde la entidad.
A través de un comunicado, este domingo la ACDE elevó su “preocupación” a la propuesta del Poder Ejecutivo “orientada a incrementar el número de jueces penales federales, propuesta en forma improvisada sin el necesario apoyo de estudios de campo serios que la justifiquen”.
En ese sentido, el Consejo Directivo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa llamó la atención sobre los dos puntos “más objetables” del proyecto impulsado por el Presidente: “La designación de 23 jueces federales penales subrogantes mediante un procedimiento ajeno al previsto en la Constitución, que carecerán de estabilidad, atributo esencial para asegurar la independencia de la Justicia; y la posibilidad de reducir a una mayoría absoluta, en lugar de dos tercios del Senado, los votos necesarios para cambiar al procurador general de la Nación”.
“Ciertamente es necesaria una reforma judicial integral que contemple en forma coordinada el aspecto humano, instaurando sistemas de formación y selección de jueces que aseguren su idoneidad y honestidad; el aspecto funcional, invirtiendo en tecnología y sistemas necesarios para agilizar los trámites a fin de superar la lentitud de los procedimientos; el aspecto institucional para restaurar la confianza ciudadana en sus jueces”, destacaron en el comunicado pero advirtieron que la “reforma integral” debe ser fruto del diálogo con los distintos sectores políticos y sociales y “no puede estar sospechada de responder exclusivamente a conveniencias políticas partidarias y, menos aún, orientada a asegurar la impunidad a funcionarios sometidos al debido proceso legal”.
Justamente la última acusación apunta a la designación del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, por parte de Alberto Fernández como integrante de la comisión de juristas para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, mientras avanza en el Congreso el tratamiento de la reforma judicial.
“Como afirma Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris (27), la paz y el orden en la humanidad se basan, entre otros derechos, en ‘el inalienable derecho del hombre a la seguridad jurídica'”, continúa el comunicado de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.
Por último desde ACDE sostienen el convencimiento de mantener “la absoluta independencia del Poder Judicial”. “Llamamos al Gobierno a que reflexione, y no se embarque solo, a espaldas de la sociedad, en un proceso de reforma sesgado e inadecuado”, concluyó la entidad.
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