El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Ampliación del Presupuesto 2019 en el que modifica partidas para adaptarlas a los gastos de este año, para el que no hay sancionada una Ley de Presupuesto. Entre los distintos ítems que trata el texto, sin embargo, se destaco uno en particular: la imposición de Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una alícuota del 10,5% a la leche, uno de los consumos esenciales de la canasta básica. El punto despertó las críticas de la oposición, desde donde se levantaron voces que protestaban porque desde la sanción de la ley que rige a ese impuesto ese producto está exento. Sin embargo, en los hechos la aplicación de la normativa impositiva viene siendo muy distinta.
La Ley de Impuesto al Valor Agregado que rige hasta se basa en el texto ordenado de 1997 y de su decreto reglamentario que data del año siguiente, 1998. Ya desde ese entonces, el espíritu de la ley buscaba dejar exenta a la “la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos”. El decreto reglamentario posterior, más específico, estableció los códigos de producto a los que correspondía la exención.
“Es una exención que se critica mucho desde la doctrina, porque si realmente se quiere gravar al 0%, además de gravarlo hay que permitir la devolución del IVA que el que vende la leche le pagó al que se la vendió”, dijo Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.
Como explica David Miazzo, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino (FADA), aquella reglamentación fue superada por el avance tecnológico y la avidez de recaudación del Estado.
“Originalmente estaba exenta, al menos cuando se reglamentó la ley en el 98. En el código alimentario se establece qué tipos de leche son esos que están comprendidos en la ley, y se establece toda una serie de aditivos que no son considerados suficientes para que no haya exención”, dijo Miazzo.
“El tema es que entre los códigos se fija que la leche pasteurizada está exenta y en un momento la industria deja de producirla para empezar a hacer leche ultrapasteurizada, un adelanto tecnológico que como efecto colateral hizo que pasara a tributar al 21 por ciento”, agregó el economista. “Así tributó durante todos los 2000, hasta el decreto de (el ex presidente, Mauricio) Macri”, comentó.
El decreto en cuestión tiene fecha el 15 de agosto, cuatro días después del revés que sufrió el entonces Presidente en las PASO. Es el Decreto 567/2019, en el que se establece que la venta de “productos de la canasta alimentaria” especificados en un anexo que acompaña la norma “estará alcanzada por una alícuota equivalente al cero por ciento (0%) en el impuesto al valor agregado, establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, cuando se comercialicen a consumidores finales”.
El decreto tenía fecha de vencimiento: era aplicable hasta el 1° de enero de este año.
Con el cambio de año, entonces, se dio la curiosa situación de que el Gobierno de Alberto Fernández subió de hecho el IVA para la leche que pagan los consumidores sin mover un dedo, con sólo dejar vencer la norma.
FADA realiza análisis periódicos del peso impositivo y la participación de los distintos jugadores de las cadenas alimenticias en el precio final de los productos del agro. Es así que el informe de febrero de este año mostraba que el 26% del precio de un litro de leche está compuesto de impuestos. Pocos meses antes, precisamente por la excención del IVA, el peso impositivo era de sólo el 13%.
De esa manera, la alícuota de IVA que en los hechos paga la leche que se compra hoy en los mostradores de supermercados, autoservicios y otros comercios es del 21 por ciento. El proyecto de ley presentado por el Gobierno, al moverlo al 10,5%, está haciendo un recorte a los impuestos vigentes.
“Es difícil después ver cómo una cambio en impuestos afecta sobre el precio, no es fácil de fiscalizar. El recorte de impuestos de Macri no frenó las subas en una economía inflacionaria, se puede decir si se quiere que evitó subas mayores”, agregó Domínguez.
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