
Aunque las recientes declaraciones de dos de los comités de acreedores fueron poco amigables con la Argentina y con el desarrollo de las negociaciones, el Gobierno mantiene la intención de seguir dialogando con los acreedores para poder presentar una oferta definitiva y que pueda ponerse a consideración del mercado.
“La Argentina ha estado y sigue comprometida en un diálogo constructivo con los acreedores, y está dispuesta a considerar una solución que respete las restricciones planteadas en el análisis de sustentabilidad de la deuda realizado por el FMI. La República espera una reestructuración exitosa de la deuda, que debe estar en línea con la capacidad de pago del país”, dice un documento, escrito en inglés, que dejó trascender el Gobierno.
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En ese paper, las autoridades argentinas hacen un repaso de lo sucedido durante las primeras semanas de junio, bajo los acuerdos de confidencialidad (NDA) celebrados con los distintos fondos, y plantean que en ese diálogo, “las soluciones propuestas por los tenedores de bonos fueron, en gran medida, inconsistentes con el análisis del personal técnico del FMI sobre la sostenibilidad de la deuda y los parámetros necesarios para que Argentina restablezca la estabilidad macroeconómica”.
“También hubo una importante falta de comprensión y diálogo. En particular, algunos puntos acordados verbalmente, luego no se reflejaron en las propuestas escritas”, agrega el documento, que explica que por eso, el Gobierno optó por no renovar los acuerdos de confidencialidad, extendió el plazo de la oferta hasta el 24 de julio, y anunció que la República continuaría las discusiones y le permitiría a los inversores seguir contribuyendo con una reestructuración exitosa de la deuda.
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Además, el paper hace especial hincapié en algunas ideas que los acreedores dejaron trascender y que el Gobierno busca desmentir. Así, enumera varios “mitos” y los contrapone con los “hechos”. Uno de ellos es el que afirma que la Argentina se alejó de la mesa de negociaciones. “La Argentina no se alejó de las negociaciones. Por el contrario, la República invitó a todos grupos de tenedores de bonos a extender los NDA para continuar las discusiones en base a una oferta de reestructuración que incluía un instrumento de recuperación de valor (VRI) (el ligado a las exportaciones)”, recalcó el Gobierno.
El documento también aseguró que las negociaciones con los bonistas no fueron productivas, ya que se intentó llegar a un consenso lo antes posible para permitirle el gobierno centrar su atención en gestionar la respuesta al Covid-19 y reabrir la economía. Y aseguró que “la falta de coordinación y liderazgo entre los tenedores de bonos ha sido un obstáculo crítico”. “La República espera que los grupos de acreedores armonicen sus posiciones durante el período de suscripción de la oferta”, dice el documento oficial.
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Al respecto, la agencia Reuters publicó ayer un artículo en el que da cuenta de la posible ruptura del Comité de Acreedores por diferencias entre sus miembros -algunos plantearon molestia porque otros habrían dado el aval a la oferta oficial-. Pero más tarde, el propio grupo, que lideran los fondos Fintech, Gramercy y Greylock, con el asesoramiento del banco UBS, dio a conocer una nueva propuesta que le había hecho llegar al Gobierno y que está en línea, según aseguran, con los parámetros de sustentabilidad fijados por el Gobierno y el FMI.
De todos modos, se ubicaría en torno a los USD 54,5 por cada USD 100 nominales, aproximadamente USD 1,5 más baja que la anterior. Y el Gobierno aseguran que no se moverá, por lo menos en la oferta base, de los 50 dólares.
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“Mito: las ofertas presentadas por los acreedores fueron razonables. Hecho: Mientras que algunos de los acreedores respondieron a la propuesta del 8 de junio con ajustes propuestos razonables, otros presentaron contraofertas que fueron significativamente más allá de lo que Argentina puede comprometerse responsablemente. Además, la incapacidad de los acreedores para llegar a un acuerdo entre ellos ha sido insuperable, a pesar de los continuos esfuerzos de Argentina para llegar a un acuerdo”, afirma el documento distribuido por el Gobierno para defender su posición.
Además, plantean que las propuestas de los bonistas, especialmente la reversión de las cláusulas de acción colectiva existentes, incluyeron ajustes al marco contractual equivalentes a revertir años de construcción de consenso en la comunidad financiera internacional.
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Por otra parte, frente a quienes plantean que es preferible que la Argentina acepte el acuerdo ofrecido por los inversores antes que soportar los costos de un default, las autoridades insisten en que son responsables por la salud y el bienestar de 45 millones de ciudadanos durante una crisis de salud mundial sin precedentes y que “existe consenso en todo el espectro político de que los pagos excesivos de la deuda limitarán inaceptablemente la capacidad de la Argentina para sentar las bases para poder volver a crecer.
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