Vicentin analiza sus alternativas judiciales y su historial con el Banco Nación para responder el avance del Gobierno

Ante la ofensiva estatal de intervención (ya iniciada) y expropiación, señalada por el propio presidente Alberto Fernández como único camino de “rescate” posible, de Vicentin SAIC, la empresa familiar nacida en 1929 en Avellaneda, en el noreste santafecino, repasa números para responder a las acusaciones del gobierno y alista los argumentos jurídicos con los que impugnará ante la Justicia una decisión que ya calificó de “injusta, arbitraria e ilegal” y que –señaló- “viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de la Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática”.

Así que la cuestión, además de judicial, será política y económica.

Vicentin repasó el historial de sus relaciones crediticias con el Banco de la Nación Argentina (BNA), su principal acreedor nacional, en tanto el gobierno envió a la bancada del Frente de Todos (FDT) en el Congreso un documento de “bullet points”, suerte de relato para que los legisladores fundamenten su voto a favor de la expropiación y repitan sus consignas por los medios.

El propio presidente confirmó al kirchnerismo como impulsor de la medida cuando, al anunciar el DNU que inició el proceso, sentó a la mesa a la senadora camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti, cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), que le agradeció haber apoyado la propuesta que le había acercado.

Raro caso el de esta Fernández. En septiembre de 2019, después del abrumador triunfo del FDT en las PASO, perdió por 15 puntos en Mendoza frente al actual gobernador, el radical Rodolfo Suárez, y la campaña que encabezó ganó apenas 4 de las 18 intendencias de la provincia, en una de ellas en parte porque la candidata había sido reina de la Vendimia. Pero es próxima a CFK, sea o no autora real de la iniciativa.

Un director del BNA, Claudio Lozano, había redactado ya en enero su “Informe sobre la Situación de la firma Vicentin”. Habrá que ver si la entidad, que esta semana también se presentaría como querellante en la denuncia penal presentada ante el juzgado de Julián Ercolini contra ejecutivos de la empresa, el ex presidente del BNA, Javier González Fraga, el ex del BCRA, Guido Sandleris, y el ex presidente Mauricio Macri, se vale de los argumentos de uno de sus directores.

Entre los pecados que cita Lozano está el que Vicentin hizo fuertes aportes a la campaña electoral de Cambiemos, aunque también dice que los hizo, por no mucho menos, Aceitera General Deheza. Según esos argumentos, Angelo Calcaterra debería ser identificado como principal aportante –a través de Creaurban- a la campaña 2007 de Cristina Fernández de Kirchner, más que como primo de Mauricio Macri.

Entre las “evidencias” de favoritismo que cita el documento figura que Vicentin era el exportador número 19 del país en 2015 y trepó hasta el puesto 6 en 2018. O que mientras la facturación de “la cúpula” de firmas agroexportadoras creció a un promedio del 51,4% anual en el trienio 2016-2018, la de Vicentin lo hizo al 83,9%.

Trienio

El informe limita su análisis al período 2016 a 2018, no incluye el último balance de la empresa y basa varios datos y argumentos en notas periodísticas, especie informativa que el gobierno suele desacreditar. Cuestiona además el “estrés financiero” de Vicentin pues, dice, su deuda de $ 23.500 millones con el mercado bancario local “representa el 20% de la facturación de 2018 (no de 2019)” y sólo 15% de la deuda con el BNA. Cita luego que Arcor tiene una relación mucho más desfavorable. Preocupante. Y que también la tiene YPF, el “modelo” que esgrime el gobierno para el futuro manejo de Vicentin. Desconcertante.

La empresa, en tanto, preparó un dossier de su relación histórica con el BNA. Muestra, entre otras cosas, que la línea de crédito en dólares con la entidad era en 2003 de USD 30 millones y había trepado en 2015 a USD 150 millones. Esto es, un crecimiento del 400% en dólares durante los gobiernos kirchneristas. Luego, de 2015 a 2019, esa línea se duplicó, a USD 300 millones. Un aumento del 100%.

Desde Vicentin señalan que la evolución de la línea crediticia tiene “evidente y estrecha relación con el crecimiento de actividades y el grado de reciprocidad” con el Nación ya que, enfatizan, la empresa liquida entre 60 y 70% de sus divisas de exportación a través del BNA, generándole negocios y comisiones, paga buena parte de su nómina salarial a través del Nación e históricamente aseguró buena parte de sus activos con aseguradoras vinculadas a la entidad estatal, otra veta rentable.

La empresa alega que su “estrés financiero” se debió al corte del crédito externo y la devaluación a partir del segundo trimestre de 2018, que le costó el retiro de un crédito ya aprobado por los bancos Natixis, Rabobank y la CFI, el brazo del Banco Mundial que atiende al sector privado, y de la anormal prisa de sus proveedores tras las PASO 2019 por cobrar lo que le habían vendido durante la campaña.

Efecto Puerta 12

Así, por ejemplo, mientras entre agosto y diciembre de 2017 la empresa liquidó a valor dólar a sus proveedores el equivalente a USD 1.085 millones, en el mismo período de 2018 fueron USD 753 millones (menor cosecha por sequía) y después de las PASO y hasta diciembre de 2019 USD 1.784 millones. Mientras, el dólar pasó de valer unos $ 18 en diciembre de 2017, a $ 40 un año después y a $ 60 en diciembre de 2019, cuando la empresa, ya sin crédito y sin fondos, tiró la toalla.

Ninguna de esas explicaciones satisfará, por supuesto, a los miles de productores, acopios y cooperativas a los que la empresa adeuda unos USD 350 millones, ni a los bancos, incluyendo el BNA, que a medida que el dólar (y el valor en pesos de su línea a Vicentin) aumentaban, vio superar el límite de “Responsabilidad Patrimonial Computable” que, por estatuto, ningún cliente debe exceder.

En el terreno estrictamente jurídico, la empresa echará mano a varios recursos, atacando el DNU con el que el gobierno inició el proceso, la afección del concurso preventivo en marcha y la contradicción que supone, por caso, que el Estado designe un interventor cuyas decisiones afectan no sólo a los accionistas desplazados -que siguen siendo los dueños de la empresa- sino también al conjunto de los acreedores.

El gobierno no debería olvidar, tampoco, que todas las entidades del campo, desde la Sociedad Rural a la Federación Agraria, rechazaron la ofensiva oficial y que hasta los proveedores, acopios y cooperativas a los que Vicentin dejó colgados del pincel no ven un salvador en el Estado que, retenciones mediante, les reconoce un dólar de $ 45 por su producción y los obliga a importar insumos a un dólar de más de $ 100.

La pulseada política se juega también en cómo la opinión pública perciba la jugada. Al respecto, una primera encuesta de la consultora Zuban Córdoba & Asociados mostró un “empate técnico” entre “acuerdo” y “desacuerdo” con la medida oficial pero, básicamente, que la mayoría aún no sabe de qué se trata. El aspecto más favorable para el gobierno es que, según la encuesta, una clara mayoría cree que la empresa fue privilegiada por el macrismo. Habrá que ver cuando sepan que durante la era K la línea de crédito del BNA a Vicentin creció 400% en dólares.

Esas y otras cuestiones irán decantando con los días. El gobierno buscará un trámite expeditivo en el Congreso, para no dar tiempo ni posibilidad a que Vicentin, las entidades empresarias y del campo, los pueblos afectados y la oposición política y ciudadana reediten un clima de “resolución 125” que desbarate la movida oficial. Para eso, claro, necesitarían producir una movilización hoy inhibida por la cuarentena. Esa que el gobierno volvería a estirar, ahora hasta el 12 de julio.

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