El Gobierno ahorra 0,4% del PBI con el cambio de ajuste a las jubilaciones, pero sube 0,2% por el gasto en salarios

Antes de que apareciera el tremendo fenómeno de la pandemia de la COVID-19, y como forma de intentar compensar los efectos de la pérdida de poder de compra de los haberes jubilatorios por la aceleración de la inflación a lo largo de 2019, el nuevo Gobierno, amparado en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, dispuso suspender por 180 la aplicación de la Ley de Movilidad jubilatoria, o “hasta tanto se defina un proyecto de ley con una nueva fórmula”, y establecer aumentos discrecionales, más altos para la amplia franja que percibe la mínima, y más bajos a medida que se avanza en el resto de la escala.

Pero, en paralelo, a contramano de lo observado en el promedio del sector privado, los números de las finanzas públicas correspondientes a abril dieron cuenta de la aceleración del gasto total en remuneraciones en la administración central del 48,3% en marzo a más del 54% en abril, superando en varios puntos porcentuales a la tasa de inflación, en ambos casos en comparación con el año anterior.

Al respecto, un informe de Ieral de Fundación Mediterránea da cuenta de que “entre noviembre 2019 y agosto 2020 sólo los beneficiarios que cobren hasta 1,5 haber mínimo le habrán ganado a la inflación. El ajuste en términos reales es mayor en la medida que los haberes jubilatorios son más elevados: para un beneficio equivalente a 4 haberes mínimos, habría una merma de 2,8% en términos reales, casi 11 puntos porcentuales por debajo de lo que hubiera obtenido bajo la ley que se encuentra suspendida”, sostienen los economistas Marcelo Capello y Laura Caullo.

Y agregan: “considerando el régimen contributivo (con y sin moratoria), en junio la nueva regla de movilidad reducirá el gasto en jubilaciones en $11.855 millones respecto a la erogación prevista para el mismo mes por la fórmula anterior. Esto se suma al ahorro mensual en los meses de marzo, abril y mayo, que fue de $3.664 millones”.

Según el estudio: “con la anterior fórmula, el gasto en jubilaciones hubiera aumentado nominalmente un 48,9% (5,4% real), mientras con el nuevo criterio la suba nominal será de 41,5% (variación real de 0,1%). Un ahorro previsional del orden de los $108 mil millones, equivalente a 0,4% del PBI”.

Por el contrario, la masa salarial del conjunto de la Administración Central, la cual venía hasta marzo equiparando al ritmo de inflación, en abril acusó una aceleración a 54,2%, unos seis puntos porcentuales por arriba de la variación del promedio de precios al consumidor en los pasados doce meses.

Si se tiene en cuenta que el Índice de Salarios del Indec mostró que en marzo el promedio de aumento en el sector público acumuló un aumento de 41,3%, surge que la brecha de 13 puntos porcentuales que registró el total del pago de salarios, que incluye a contratados, los aportes y contribuciones, como las horas extras, obedeció principalmente al efecto de la expansión de la nómina, como diariamente da cuenta el Boletín Oficial en el caso de los puestos jerárquicos.

Un ejercicio simple revela que la proyección a un año de la diferencia entre el ritmo de aumento observado hasta marzo, y el registrado en abril, que fue de unos $3.000 millones, se eleva a $39.000 millones, con el agregado del aguinaldo, equivalente a 0,2% del PBI.

De ahí que la mitad del ahorro que el Gobierno nacional lograría con la interrupción de la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria, estimado en 0,4% del PBI por los economistas de Ieral de la Fundación Mediterránea, se destinaría a sostener el crecimiento real de los ingresos del conjunto de los trabajadores en el sector público nacional, mientras los del sector privado comenzaron a registrar disminuciones en términos reales, por efecto de las suspensiones y recorte de la jornada laboral que impuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

El peso en las finanzas públicas

Claramente, la preocupación por la contención del presupuesto destinado al sistema previsional argentino radica en que 6 de cada 10 pesos del total del gasto público, antes del pago de intereses de la deuda, fue destinado a ese fin en abril de 2019 y ahora, subió a 61%, mientras que la partida de remuneraciones, por el contrario, se redujo sobre ese total de 13,2% a 10,6 por ciento.

Pero los números cambian sustancialmente, cuando se analiza la proporción del gasto en remuneraciones al conjunto de la administración central del total de los recursos tributarios que administra, porque mientras un año antes era de 14,9% ahora se elevó a 19,8%, con una dinámica que va a contramano del objetivo de lograr la sustentabilidad del gasto público, para poder honrar en el futuro los compromisos de la deuda pública que el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca con la reestructuración de los vencimientos con el conjunto de bonistas bajo legislación extranjera, primero, y luego con los que tienen bonos bajo jurisdicción local.

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