El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que extendió el período para presentar órdenes a fin de canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el 5 de junio.
“Esta nueva extensión responde a la continuidad de las conversaciones de buena fe con los tenedores de títulos elegibles de la Provincia que todavía no han aceptado la propuesta y a la voluntad del gobierno provincial de avanzar hacia una solución superadora que permita maximizar la aceptación y preserve al mismo tiempo los objetivos de sostenibilidad ya exteriorizados”, explicó la administración de Axel Kicillof en un comunicado.
El mismo escrito destaca "el compromiso y la responsabilidad” provincial con el establecimiento de “medidas tendientes a contener la propagación del Covid-19”, sobre todo en las áreas que mayor riesgo presentan. Este esfuerzo necesario en pos de la salud pública, “ha llevado a la Provincia a una situación de mayor fragilidad en términos fiscales de lo que se preveía al inicio de este proceso. Esta situación ha limitado aún más el margen para volcar recursos al pago de servicios de deuda durante los primeros años”.
“En este contexto, resulta fundamental que la solución a la que conjuntamente arribemos preserve el espacio suficiente para implementar políticas tendientes a reactivar la economía y generar capacidad de pago en los próximos años”, culmina el comunicado.
El pasado 14 de mayo la provincia incumplió un pago de dos bonos por más de US$110 millones que son parte de los 11 bonos elegibles para el canje de deuda. Técnicamente entró en default, algo que todavía no sucedió porque son los acreedores quienes tienen que realizar el pedido en la justicia que acelere los pagos.
Aunque los acreedores no lo pidieron y se mostraron dispuestos a continuar negociando, se mostraron molestos por el accionar de la provincia. El grupo Ad Hoc, entidad que representa al 42% de los acreedores bonaerenses, había señalado, mediante un comunicado, que “en ausencia de una reestructuración consensuada, su incumplimiento agravaría aún más la situación financiera de la provincia y la incertidumbre económica”.
Desde el gobierno bonaerense habían aseguraron a Infobae estar “decepcionados porque los bonistas y sus asesores están más preocupados por enviar comunicados de prensa que por presentar una contrapropuesta, en el marco de un diálogo de buena fe y que sea sustentable para la Provincia de Buenos Aires. El diálogo con los acreedores sigue abierto porque creemos en soluciones consensuadas”.
Hasta que se conoció el comunicado de esta nueva extensión del plazo del canje de deuda, los acreedores bonaerenses no tenía noticias respecto de la definición que iban a tomar el equipo del ministro de Economía, Pablo López, por lo que se espera que mañana haya una respuesta a la continuidad de las negociaciones.
Kicillof quiere reestructurar la deuda de la provincia nominada en moneda extranjera por 7.148 millones de dólares.
La propuesta inicial de la provincia fue, al igual que la Nación, establecer un período de gracia por tres años, una quita de intereses del 55% y una de capital de 7%. La disminución en la carga de intereses, a partir de una estructura de cupones escalonados a partir de 2023, hasta alcanzar un cupón máximo sostenible. Además, una extensión de la vida promedio de la deuda de 4,7 años actual a 13 años. Este último punto había sido muy criticado por los acreedores.
En la extensión del plazo anterior la provincia de Buenos Aires, y manteniendo la misma estrategia de la Nación, le había pedido a los acreedores una contrapropuesta. Es de esperar que, al igual que el soberano, si obtiene una extensión de los plazos de negociación -algo que ven factible teniendo en cuenta que buena parte de los tenedores de los bonos a canjear también están negociando con la Nación- se encamine a firmar pactos de confidencialidad con sus acreedores en esta nueva etapa de negociación.
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