El 42% de los acreedores de Buenos Aires recomendó no aceptar el canje y pidió una nueva oferta consensuada

El mayor comité de acreedores de la provincia de Buenos Aires, que ya había hecho público su rechazo a la oferta, ahora recomendó al resto de los bonistas tomar el mismo camino, señalando que la propuesta bonaerense no fue de “buena fe” ya que entienden que es ruinosa para los acreedores.

El denominado “Steering Committee” realizó un roadshow en donde expuso las razones por las que entiende que no se debe aceptar la propuesta de Buenos Aires, a la que catalogó de no tener buena fe, no contemplar la realidad económica de la provincia, sino de seguir el camino de la Nación. Y también expuso la oferta que el Comité había realizado y que la administración de Axel Kicillof rechazó.

La charla estuvo guiada por Gustavo Palazzi de Vr Capital y Carlos Albarracín de Global Capital Markets Group, quienes manifestaron el malestar por la oferta “unilateral”, pero que también se encargaron de explicar que el Comité sigue dispuesto a negociar.

Luego de aclarar que la presentación “no constituye una recomendación de inversión ni un asesoramiento jurídico”, se expuso que el grupo que concentra a 39 acreedores de la provincia y que tienen en su poder deuda con legislación extranjera por USD 2900 millones (42% del total a renegociar), “le ofreció un acuerdo” a la Provincia que fue rechazado.

La oferta que Kicillof rechazó constaba de un “alivio” en el flujo de pagos de USD 3.300 millones y un período de gracia de 3 años.

La provincia “rechazó” la oferta y emitió una de manera “unilateral” en donde el se estima un ahorro de USD 5.000 millones, el no pago durante tres años y una estructura de cupones escalonados a partir de 2023, y un extensión de la vida promedio de la deuda de 4,7 años actual a 13 años.

La propuesta en ambos casos es por el canje de los 11 bonos de deuda bajo ley extranjera que suman un total de USD 7.148 millones.

“Creemos que la oferta de la Provincia está por debajo de su capacidad de pago y asume pérdidas no razonables a los bonistas", señalaron los interlocutores quienes dijeron que entienden que la provincia “no tiene un problema de solvencia sino de liquidez”. Además, explicaron que la oferta establece una “pérdida no razonable. Quieren pagar USD 130 millones en 2023 y la provincia busca una reducción injustificada en el capital y confiscar los intereses".

Luego de señalar que, en la mayoría de los instrumentos que se proponen canjear, las pérdidas van entre un 40% y un 70%, los especialistas se refieron a que la extensión “es demasiado larga”, ya que extiende el pago de capital “en algunos instrumentos hasta 20 años”.

“El Comité rechazó la oferta porque la provincia no negoció de buena fe con el único grupo organizado de acreedores; no creemos que sea justo lo que se le plantea a los acreedores que no reciben ingresos hasta el 2023 y 2026 y los ingresos adicionales son muy bajos. Además, no se compensa el interés devengado y no pagado” y, como ya habían dicho, la extensión de plazos “es innecesariamente larga”.

Pero uno de los puntos que más llamó la atención de la presentación es que los especialistas explicaron que la oferta de la provincia “traslada riesgo injustamente a los bonistas que acepten”, ya que “no hay condición mínima de aceptación con lo cual la oferta puede quedar abierta o no tener final”.

“La Provincia podrá terminar la oferta en cualquier momento. El incumplimiento de pago de los nuevos bonos no tiene cross default” y, en ese contexto, las cláusulas de acción colectiva “pueden no ser activadas”, por que señalan que la cláusula Rufo ofrece una “protección limitada”.

Para finalizar, y antes de explicar cómo deberían hacer aquellos bonistas que ya aceptaron entrar al canje para retirarse, los representantes del Comité explicaron que la propuesta de Kicillof tiene que ver con que “la provincia ha seguido los pasos de la República con sus bonistas ignorando la mejor realidad económica” que tiene y volvieron a reclamar que se discuta con los bonistas pero con un marco económico que esté consensuado.

“La provincia insistió que solo discutirá con bonistas bajo el marco económico proyectado por la provincia que no ha sido discutido ni negociado de buena fe. Limitar la discusión a este marco no es de buena fe”, agregaron.

Finalmente, repitieron que el comité “quiere encontrar una solución viable y está listo para negociar de buena fe cuando la provincia y sus representantes así lo quieran”.

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