Crónica de una extensión anunciada

El Presidente de la Nación -quien está liderando y comunicando los pasos a seguir frente a la crisis sanitaria- extendió dos semanas más la cuarentena, con mínimas flexibilizaciones y la promesa de evaluar el posible levantamiento focalizado en algunas localidades/provincias que no se encuentran “visiblemente” (recordemos que existen casos asintomáticos) afectadas por el COVID-19.

La decisión de prolongar el confinamiento era inminente ya que, en los últimos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había alertado sobre los riesgos de rebrote en aquellos países donde la cuarentena se levantó demasiado pronto. Asimismo, en el caso de nuestro país, la iniciativa “quedate en casa o en el barrio” -junto con el distanciamiento social y el lavado de manos- es la principal herramienta utilizada para aplanar/achicar la curva de contagios.

Lamentablemente, la capacidad de testeo en nuestras pampas es baja por lo que resulta más confiable la cifra de fallecidos e internados por COVID-19 que el número de infectados para analizar la evolución del virus. Tampoco se ha avanzado en una estrategia de producción masiva de elementos de protección para la población (máscaras, barbijos, guantes, etc.), por lo que pensar en un relajamiento rápido del confinamiento sería “realismo mágico”.

Implementar tempranamente una cuarentena estricta a lo largo y ancho del territorio argentino implica ganar tiempo valioso desde el punto de vista sanitario. Aplanar la curva y posponer el pico de infectados permite reforzar los puntos débiles de nuestro sistema de salud, especialmente en el conurbano bonaerense donde la densidad de camas/respiradores artificiales por habitante es muy baja, y aprovechar el conocimiento y la experiencia internacionales para combatir con mayor eficacia al coronavirus, detectando tratamientos retrovirales efectivos y las mejores prácticas a la hora de reducir contagios.

Riesgo de colapso

Sin embargo, cada día ganado en aplanar la curva y el pico de contagios nos acerca más al colapso del entramado social y productivo de nuestro país, pues -a diferencia de la mayoría de los países- la situación socioeconómica ya era frágil antes del estallido de la pandemia. En los últimos dos años sufrimos un nocivo combo de recesión;, aceleración de la inflación, inestabilidad cambiaria y estrés financiero.

Como ya alertó la OMS, habrá que sostener en el tiempo la cuarentena siguiendo la lógica “no hay que cambiar de caballo a mitad del río”. Por ende, el desafío de la política económica será minimizar el daño del entramado productivo-social durante el confinamiento. Para ello, hay que perfeccionar la orientación de la política económica y mejorar considerablemente la implementación de las medidas: si una buena idea no se lleva correctamente a la práctica, termina siendo una pésima iniciativa.

El gobierno terminó de entender que no sólo es importante asistir a la población, sino también proteger a las empresas que enfrentan una parálisis sin precedente producto de la cuarentena impuesta para frenar los contagios. Inicialmente, el Ejecutivo se concentró en la cobertura de los sectores más desprotegidos (hogares de bajos ingresos y Pymes) pero, a medida que el confinamiento se prolonga, la mayoría de los agentes económicos se verán afectados (clase media y empresas de mayor porte).

Asimismo, el Ejecutivo deberá evaluar correctamente el trade-off sanitario-productivo pues el riesgo de desabastecimiento será creciente.

Para poner un ejemplo concreto: el presidente exceptuó del confinamiento a los talleres mecánicos y las fábricas de neumáticos para que el transporte funcione correctamente. Pero, quizás en breve, se debería levantar la restricción sobre fábricas de autopartes o gastar divisas (e importar) para que no falten repuestos. Por ende, será clave incorporar a la mesa de decisiones colegiada la noción de “garantizar un mínimo de oferta”.

Por último, pero no por ello menos importante, se necesita mejorar la implementación de las medidas económicas/financieras tomadas. Casi nadie objeta una mayor intervención estatal, pero es aún más necesario que haya un “mejor Estado”. Me refiero a que el Ejecutivo no debe fallar en la implementación de las medidas pues terminaremos asignando mal recursos escasos o, peor aún, comprometiendo los resultados sanitarios de la cuarentena.

Los sobreprecios en la compra estatal de alimentos para repartir en barrios carenciados, las largas colas de jubilados y de individuos que perciben ingresos de ANSES en bancos y cajeros automáticos y el sincericidio del Presidente de que los préstamos a tasas blandas a PyMEs iban a estar operativos recién la semana que viene porque faltaba la garantía estatal, son claros ejemplos de lo que hay que evitar.

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