Construcción, uno de los segmentos más afectados (Bloomberg)
Construcción, uno de los segmentos más afectados (Bloomberg)

El Gobierno anunciará nuevas medidas económicas en medio de la cuarentena total.

Esta vez las medidas tendrán foco en monotributistas de las categorías más bajas, autónomos y trabajadores de la economía informal. También en personas que no pueden hacer frente a sus deuda y pago de servicios. Y el extra para empleados de la salud que trascendió esta tarde.

Ahora, el objetivo, adelantado por el presidente Alberto Fernández en entrevistas televisivas durante el fin de semana, es tratar de contener a sectores de la población cuyas actividades sufren de lleno el parate forzado por las medidas de aislamiento social dictadas para intentar moderar el impacto del coronavirus COVID-19. La preparación de las medidas está a cargo de Guzmán y Kulfas.

Para los monotributistas, el Gobierno analiza la posibilidad de hacer pagos excepcionales que cubran el parate en la facturación. Se habla de dos sumas fijas, al menos, más la posibilidad de dar facilidades para el pago de las cuotas. No estaba definido si se planea alcanzar a todo el universo de aportantes del régimen simplificado o sólo a las categorías más bajas, aunque éstos son los sectores que en principio se priorizarían. Hay 3,6 millones de monotributistas en total y casi 2 millones en las categorías más bajas.

Hay 3,6 millones de monotributistas en total y casi 2 millones en las categorías más bajas

La suma fija podría alcanzar también a los autónomos, ante la preocupación por el corte a los ingresos de los profesionales independientes.

Pero la parte más difícil del trabajo se concentra sobre los trabajadores de la economía informal. Se trata del 30% de las familias, según cálculos de la UCA, y del 35% de la población económicamente activa que no tiene la capacidad de interrumpir sus tareas sin perder todos sus ingresos.

Otro instrumento serán las prórrogas y exenciones impositivas, de diferente alcance: más amplias para los sectores más afectados (inmobiliarias, construcción, gastronomía, hotelería) y la prohibición, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del corte por falta de pago de los servicios básicos de electricidad, gas y agua, a los que ayer por la noche el propio Presidente agregó el servicio de cable e Internet como una opción. También se discuten, en este caso con la oposición para que salgan por ley, la suspención de desalojos por 90 días y otras medidas con impacto en los alquileres.

En declaraciones radiales durante el fin de semana, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, estimó este universo en un millón de personas. “Se está evaluando la situación. El tema ya fue planteado por el Presidente para los monotributistas y los trabajadores informales, como taxistas, mozos, azulejistas, jardineros; mucha gente que gana la diaria y que no está en situación de pobreza, pero que vive de eso, y hoy tiene dificultades”, dijo.

Daniel Arroyo, a cargo de la instrumentación de más medidas para los trabajadores de la economía informal
Daniel Arroyo, a cargo de la instrumentación de más medidas para los trabajadores de la economía informal

El Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dijo la semana pasada que el Gobierno nacional busca inyectar dinero en los bolsillos de la gente a la salida de un encuentro con Alberto Fernández. “En la reunión, el gobierno nacional confirmó que las medidas tomadas y por tomar van a garantizar un mes de sueldo a los argentinos”, dijo. Córdoba, por su parte, decidió otorgar avales a las empresas pequeñas y medianas que no califiquen para crédito, de manera tal que consigan liquidez para hacer frente al pago de salarios.

El abogado experto en temas tributarios Diego Fraga dijo que “debería atenderse la situación de una legión de ex monotributistas excluidos por la AFIP del aludido régimen simplificado en los últimos años, sin ningún tipo de miramiento y, en muchos casos, de manera arbitraria e ilegal. Existen numerosos casos de exclusiones hasta por cuestiones meramente formales, lo que resulta un verdadero disparate. Desafortunadamente, muchos de estos pequeños contribuyentes, por necesidad, se han terminado volcando hacia la informalidad”.

“Una forma de recuperar a todos estos cuentapropistas sería propiciar una norma que permita el reingreso al régimen con un bloqueo fiscal que le impida al fisco determinar y ejecutar las deudas anteriores, descomunales, que para un pequeño contribuyente resultan impagables. En este sentido, para el reingreso al sistema solo debería exigirles el pago de las cuotas del régimen que les hubiese correspondido abonar desde que fueron excluidos”, explicó.

Ante el freno en la actividad y la recomendación de no salir de los hogares, Desarrollo Social reforzó el trabajo a través de comedores, sociedades de fomento y organizaciones sociales para el refuerzo de políticas de alimentación, ya impulsadas con la Tarjeta Alimentar para las familias con niños pequeños. Pero ahora el objetivo es ir más allá.

Daniel Menéndez consideró que hay cerca de un millón de personas sin ninguna cobertura social
Daniel Menéndez consideró que hay cerca de un millón de personas sin ninguna cobertura social

“Hay una población vulnerable a la que se llega a través de subsidios (jubilación, AUH, programas de empleo), población que en situaciones normales complementa sus ingresos por subsidios con actividades eventuales, y esto la afecta. El resto de la población vulnerable que compone economía popular tiene un esquema más asentado en la economía productiva. Atado a la informalidad, pero no recibe subsidio ni asistencia del estado. Por ahí es remisero, vendedor ambulante o trabaja en la construcción, no tiene hijos porque ya son grandes o porque es demasiado joven con lo cual no accede ni a jubilación ni a la AUH. En general, se trata de personas totalmente fuera del sistema financiero y de protección social o de la categoría más baja del monotributo”, dijo Daniel Menéndez, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo.

“Estimamos que de 4 a 5 millones de personas dependen de la economía social, 2 millones de esos trabajadores están alcanzados por la AUH y de alguna forma registrados. El universo que queda afuera de toda protección son 1 o 1,2 millones. Se necesita un trabajo de empadronamiento para llevarlo adelante”, agregó.

Las organizaciones sociales que forman parte del Gobierno o que trabajan en los programas de Desarrollo Social impulsan sus propios empadronamientos en estos días, pero el objetivo es llevar adelante un proceso más institucional.

El Gobierno consultó a organizaciones sociales, intendentes, centros de estudios económicos buscando solucionar el problema logístico. El decreto que prepara el Gobierno circuló en forma de borrador para que cada uno aporte sus comentarios. El problema es burocrático y logístico. Pero también de conflictividad social.

Para empezar, entienden que cruzando datos de subsidios públicos y de ingresos en el sector privado se puede alcanzar el universo en cuestión y van a poder delimitar con cierta precisión cuáles son los trabajadores informales que deberían estar alcanzados. Los monotributistas de las categorías más bajas son más sencillos de individualizar.

El Banco Nación podría ser el canal elegido por el Gobierno para las transferencias a los sectores más desprotegidos
El Banco Nación podría ser el canal elegido por el Gobierno para las transferencias a los sectores más desprotegidos

Pero a partir de este punto el problema es cómo hacer llegar ese subsidio a personas que no están bancarizadas ni tienen tarjetas de débito como a las que pueden acceder los beneficiarios de la AUH, por ejemplo. Una de las vías que goza de la confianza del Banco Central, según pudo averiguar Infobae, es el uso del Banco Nación.

El Nación tiene a favor la disponibilidad de sucursales y cajeros bien distribuidos en todo el país. Pero, precisamente, las medidas de distanciamiento social mantienen cerradas a esos locales. Una forma rápida sería asociar las transferencias de efectivo a un número de documento, pero el problema que trae ese método es que necesita elementos de seguridad de segundo grado, para evitar fraudes (que alguien use un número de DNI ajeno). Y ese elemento de seguridad es difícil de lograr si las persianas de los bancos siguen bajas.

Según fuentes del Gobierno, se estima que los ingresos de los trabajadores informales pueden llegar en general a unos $40.000 mensuales. El aporte de sumas fijas por el tiempo que dure el parate debería cubrir -como piso- un cuarto de esos ingresos.

En cuanto al financiamiento de las transferencias, la alternativa que más sonaba era que fueran recursos del Tesoro. Dado que el fisco sostiene hace años sus cuentas en rojo y no hay otras fuentes de financiamiento disponible, los fondos van a depender mayormente de emisión monetaria por parte del Banco Central. En el Gobierno saben que esta vía puede ser peligrosa en contexto de inflación interanual por encima del 50%, pero confían en que las medidas de estímulo monetario masivo que toman las economías centrales den un marco de legitimidad a la emisión de emergencia. Y en que la caída de la actividad de por sí desacelere el avance general de precios, al menos en el corto plazo.

Sector formal, aparte

Para garantizar el pago de sueldos al sector formal, en el que los empleadores no están exentos del shock económico, el Gobierno confía en otras vías. El Banco Central, por ejemplo, redujo encajes bancarios y planea inyectar liquidez a bancos a través de las próximas licitaciones de Leliq para que abran líneas de crédito a una tasa del 24% anual con el objetivo de cubrir los gastos corrientes de las empresas que tienen acceso al sector financiero. Entienden que con esa medida alcanza para garantizar los salarios del mes a pesar de la caída en la facturación. La tasa está por debajo de la inflación esperada, por lo que esperan que sea considerado poco menos que dinero gratis por parte de las empresas.

También para las empresas en problemas para hoy se esperan definiciones sobre la aplicación del Repro, el sistema con el que el Estado cubre parte de los salarios de trabajadores registrados a cambio de que las firmas no caigan en despidos o suspensiones. En el año 2009, en plena recesión luego de la crisis financiera global, el sistema le pagó el salario a 145.000 trabajadores.

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