
Aún sin un rumbo cierto en materia de renegociación de la deuda externa, aunque con optimismo de que en dos semanas se llegará a presentar la oferta y que la discusión con los bonistas se cerrará con éxito, el Gobierno busca preparar el terreno para encarar luego un acuerdo de precios y salarios.
El gabinete económico convocó a la UIA y a la CGT el 20 de febrero para el lanzamiento político de este compromiso, y la discusión entró ahora en un terreno técnico, aunque todavía sin demasiadas definiciones. Los referentes de cada una de las entidades fueron convocados a una reunión ayer lunes por la tarde en el Ministerio de Economía, a la que asistieron no sólo funcionarios de Hacienda, sino también de Trabajo y de Producción.
Lideró el encuentro el secretario de Política Económica, Haroldo Montagú, acompañado por el jefe de Gabinete del ministro Martín Guzmán, Gonzalo Guilardes. También asistieron funcionarios de Comercio y de la cartera que preside Claudio Moroni. Por la UIA, fueron los economistas Diego Coatz y Pablo Dragún, en tanto que por la CGT estuvieron el abogado Federico West Ocampo, quien llegó acompañado por dos economistas de la central de los trabajadores.
¿Qué les planteó el Gobierno? El objetivo oficial es poder alinear expectativas que contribuyan a reducir los niveles actuales de inflación. Congelar tarifas, combustibles y el tipo de cambio fue la primera estrategia, pero el paso siguiente es lograr una baja de la nominalidad de los precios y los salarios y que los trabajadores recuperen poder adquisitivo. Pero para eso, los actores deben tener claridad del norte al que apunta el Gobierno. Y ese norte, afirman, todavía es una incógnita.
Cuál será el tipo de cambio que regirá en la economía este año; a qué nivel convergerá la tasa de interés; qué sucederá con las tarifas de los servicios públicos y cómo evolucionarán los salarios, son datos indispensables para que los empresarios puedan proyectar sus precios y comprometerse a una determinada evolución anual. Pero por ahora ninguna de estas variables está clara, ya que ni siquiera el propio Gobierno las tiene, a la espera de la resolución del problema de la deuda.
Entonces, si todavía no puede existir un compromiso concreto respecto del horizonte al que se pretende llegar, ¿cuál fue el objetivo de la reunión? La realidad es que diversas fuentes que participaron coincidieron en que por ahora son meras expresiones de deseo y pocas definiciones. Plantearon que la idea de avanzar en un acuerdo social que reduzca expectativas y ayude a bajar la inflación es apoyado por todos los actores, aunque el gran interrogante es cómo se logrará ese consenso.
Desde el sector sindical, por ejemplo, reconocieron la importancia de este acuerdo, pero remarcaron que lo que el Gobierno todavía no les dijo es cómo hará para garantizar que los precios no suban más de lo prometido en un eventual compromiso. “La CGT puede reunir a varios sindicatos de peso y firmar paritarias por X% que sean un caso testigo para el resto de los convenios, pero ¿cómo nos aseguran que los precios no suben?", se preguntaron en la central.
Desde la UIA, en tanto, aseguraron que las empresas necesitan saber hacia dónde van a ir las principales variables de la economía, ya que la evolución de los precios dependen de los costos. El discurso oficial apunta a que los salarios recuperen poder adquisitivo, en un contexto de desaceleración inflacionaria. Pero no será fácil definir el punto de partida, ya que el sindicalismo apuntará a recuperar los puntos ya perdidos de salario real, en tanto que los empresarios miran más hacia adelante.
La reunión duró una hora y media, pero hubo más interrogantes que definiciones ciertas. La CGT pidió información concreta de evolución de salarios y de precios para comenzar a trabajar y habrá un próximo encuentro en el curso de esta semana.
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