Economía del conocimiento: duro cuestionamiento de los grandes exportadores de servicios al proyecto de ley del Gobierno

Tras un extenso análisis, abogados mediante, del proyecto de ley que el Gobierno mandó al Congreso para modificar la Ley de Economía del Conocimiento, las empresas del sector salieron a cuestionar duramente la iniciativa por considerar que quita muchos de los beneficios otorgados en la norma sancionada durante la gestión anterior y que los cambios no fueron consensuados con el sector.

“Nos dijeron que el espíritu de la ley se mantenía y que sólo se iba a hacer una reformulación instrumental, pero lo que vimos es que los cambios son más serios de lo previsto porque tocan el corazón de la ley. De cuatro beneficios que había en la otra ley, hay dos que directamente se eliminan”, afirmó el director ejecutivo de Argencon, Luis Galeazzi, quien agregó que ya le hicieron saber la molestia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con quien esperan reunirse a la brevedad.

En cuanto a los beneficios perdidos, el directivo se refirió a la eliminación de la estabilidad fiscal por diez años que sí estaba incluida en la ley aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri. Ello implicaba que las empresas que adhirieran al régimen tendrían garantizado que no les cambiarían la estructura impositiva durante ese lapso, mientras que ahora sólo les prometen mantenerles los beneficios contemplados en la ley. Y ni siquiera ello es tan así, ya que la iniciativa incluye la posibilidad de que cada año se disponga un cupo, ante posibles complicaciones fiscales.

Por otra parte, la nueva norma también elimina, remarcó el directivo, el beneficio que tenían los exportadores de poder tomarse a cuenta del impuesto a las Ganancias el pago que deben realizar al exportar a otro país. “Ese beneficio era muy importante para los exportadores y lo sacaron", se quejó Galeazzi.

A su vez, las empresas del sector también remarcan que si bien se mantiene la tasa diferencial de Ganancias (60% de reducción) y el bono de crédito fiscal sobre el 70% de las contribuciones patronales, ahora se aplica sólo sobre la actividad promovida y no sobre el total del negocio. A su vez, el Gobierno fijó un cupo de 3.745 trabajadores para otorgar el beneficio de las cargas patronales, por lo que si una empresa tuviera más empleados dedicados a las actividades del conocimiento, sólo gozará del descuento impositivo sobre ese número. Luego, si incorporase trabajadores una vez vigente la ley, también estarán incluidos en el beneficio, lo que promueve la generación de empleo, argumentan en el Gobierno.

Según el directivo de Argencon, “el cupo no es el problema; la preocupación es que se han perdido los beneficios centrales de la ley”. Que las rebajas en Ganancias y contribuciones patronales sea sólo para la actividad promovida impacta a la gran empresa, pero también a la pyme, ya que si esa pequeña empresa tiene 100 trabajadores, pero sólo la mitad se dedica a los servicios del conocimiento, los beneficios recaerán solo sobre esas 50 personas.

“Otro problema de la norma que se agrega es que hay muchos puntos de discrecionalidad, como por ejemplo el hecho de que una empresa puede cumplir con los requisitos de facturación establecidos pero igual debe someterse a la aprobación de un comité consultivo, lo cual es ilógico y además crea un margen de inseguridad respecto a quién integra ese comité”, remarcó Galeazzi.

El sector también está preocupado por la exclusión de la actividad del autodesarrollo, que impediría, por ejemplo, que una empresa pueda ofrecer un servicio a una filial del exterior del propio grupo. “Nos habían dicho que iba a quedar excluido para el software, pero lo sacan para todas las actividades. Si le generás desarrollo a tu casa matriz, eso quedaría excluido”, sostuvo el directivo, quien agregó que encontraron “sorpresas que no estaban consensuadas ni habladas. Ya le mandamos a decir al ministro que teníamos diferencias graves”. De los USD 6.000 millones de exportaciones anuales que tiene el sector, unos USD 3.700 millones corresponden a servicios profesionales. Y de ese 60%, la mayoría corresponde a desarrollos que grandes empresas realizan para sus propias casas matrices.

“La preocupación mayor es que la Argentina está atrasada en el desarrollo de economía del conocimiento. Exportamos USD 6.000 millones desde 2012. Hace siete años que no hay crecimiento, mientras que el resto de países viene creciendo a tasas del 8 a 10% porque tienen políticas muy positivas para el sector y no tienen inestabilidad macroeconómica. Se esperaba que esta ley fortaleciera la competitividad del país en la materia, pero lo que está saliendo no es suficiente”, concluyó el director ejecutivo de Argencon.

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