Economía del conocimiento: con el nuevo proyecto, el Gobierno acotó el beneficio para las grandes empresas

La iniciativa que ingresó esta tarde al Congreso fijó un cupo de 3.745 trabajadores para la reducción de cargas patronales. El costo fiscal de la medida podría llegar a $ 12.000 millones anuales

ndonato@infobae.com
El Aceleration Center de PwC Argentina
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Las grandes empresas prefieren rescatar lo positivo y evitar más ruido en torno a un proyecto de ley que, durante su discusión, generó bastante preocupación. La buena noticia, en este caso, es que la iniciativa que busca modificar la Ley de Economía del Conocimiento sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri y que el Ejecutivo envió esta tarde al Congreso, mantiene y hasta mejora, los beneficios que el sector tenía con la vieja ley de software.

Si se quiere mirar el vaso medio vacío, el nuevo texto limita, y bastante, las ventajas que estas mismas compañías habrían tenido si este mes comenzaba a regir la ley impulsada por la gestión anterior.

¿En qué sentido los limita? El proyecto establece un límite de 3.745 trabajadores sobre los cuales las empresas ligadas a la economía del conocimiento podrán pagar menos contribuciones patronales. Desde el Gobierno remarcan que ninguna gran empresa se verá perjudicada respecto de los beneficios que tenía con la antigua ley del software, pero sí reconocen que hay límites frente a lo que hubieran sido las ventajas si la ley sancionada durante el macrismo avanzaba en su aplicación.

Las empresas todavía están haciendo números y evaluando el impacto, pero muchas grandes cuentan con una nómina que duplica, o más, ese límite impuesto si se tienen en cuenta todas las áreas vinculadas con el conocimiento y no exclusivamente el desarrollo de software. De todas maneras, por ahora mantienen la cautela y si bien reconocen que siempre se puede pedir más, apoyan el rumbo elegido por el Gobierno.

El nuevo texto limita las ventajas que las compañías habrían tenido si este mes comenzaba a regir la ley impulsada por la gestión anterior
El nuevo texto limita las ventajas que las compañías habrían tenido si este mes comenzaba a regir la ley impulsada por la gestión anterior

Mercado Libre, una de las empresas claves del sector, tiene 10.000 empleados en la región de los cuales 4.500 están en la Argentina. De ese total, una cifra similar al tope máximo del nuevo régimen ya estaría dedicada hoy a trabajos tecnológicos. En ese caso, todos los empleados que la empresa de Marcos Galperin contrate sobre la cifra total –siempre que estén dentro de la actividad promovida– recibirá también el beneficio.

“Este año aspiramos a contratar más de 1.500 personas, 40% mujeres y la gran parte de tecnología, ingenieros, desarrollo y customer service”, le dijo a Infobae, el viernes pasado Juan Martín de la Serna, encargado del negocio a nivel local. En este contexto, empresas del rubro podrían demorar nuevas contrataciones hasta que la ley esté vigente.

Otras grandes del mercado digital son Globant, IBM, Oracle, Microsoft, PWC, entre muchas más.

“Hay que esperar para ver cómo finalmente queda aprobada, pero como viene la ley, es un buen camino mantener la política del Estado en materia del conocimiento en un contexto difícil como el actual”, aseguró a Infobae el presidente de Accenture, Sergio Kaufman.

Desde el Gobierno remarcaron que las grandes empresas siguen siendo consideradas destinatarias de este régimen y que si bien se verán afectadas respecto de lo que hubiera sido, mantienen los beneficios vigentes de la ley de software. “Estamos recibiendo ofertas de proyectos de inversión importantes vinculados con esta ley. Las condiciones son buenas; la Argentina tiene una característica distintiva en la materia, por lo que vemos al sector con alto potencial de crecimiento”, dijeron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Costo fiscal

El costo fiscal de la reducción del 60% en Ganancias y el 70% en las cargas patronales todavía no está dimensionado por el Gobierno, aunque las estimaciones son que podría alcanzar los $12.000 millones de pesos anuales. Con las 521 empresas que están hoy adheridas al régimen (de la ley de software), el costo ascendería a $6.000 millones, pero en el Gobierno aspiran a duplicar ese número porque en la nueva ley hay muchos más sectores que podrán participar.

Mercado Libre, una de las empresas grandes que accede al régimen de promoción (Adrián Escandar)
Mercado Libre, una de las empresas grandes que accede al régimen de promoción (Adrián Escandar)

El nuevo proyecto también es desafavorable para las grandes empresas en materia de estabilidad fiscal. La ley sancionada durante la gestión de Macri les garantizaba que durante una década las empresas que adhirieran al régimen no sufrirían cambios impositivos, pero esta iniciativa sólo les garantiza la mantención de los beneficios del régimen durante la vigencia de la ley. Aunque tampoco eso es garantía.

El texto plantea en su artículo 7 que “sin perjuicio de ello, y a partir del segundo año de vigencia del régimen, a los fines del otorgamiento de los Bonos de Crédito Fiscal, se podrá fijar un cupo fiscal, el que será distribuido sobre la base de los criterios y las condiciones que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación”. En el Gobierno aseguran que si ello sucede, será para el empleo incremental, pero no queda claro en la iniciativa.

<b>Desde el Gobierno remarcan que ninguna gran empresa se verá perjudicada respecto de los beneficios que tenía con la antigua ley del software, pero sí reconocen que hay límites frente a lo que hubieran sido las ventajas si la ley sancionada durante el macrismo avanzaba en su aplicación</b>

También afecta a las empresas el mayor aporte que deberán hacer para el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), que pasará del 1,5% de la Ley anterior al 4% ahora. “Vemos positivo el proyecto, ya que se mantuvo el espirutu de la norma, pero tampoco nos podemos abstraer de la situación argentina en la que el Gobierno tiene que renegociar la deuda y demostrar esfuerzo fiscal. Las limitaciones que tiene la nueva norma son lógicas", dijeron fuentes de una importante empresa del sector.

Detalles del proyecto

- Se mantiene el 60% de reducción de la alícuota sobre el Impuesto a las Ganancias y del 70% sobre el pago de contribuciones patronales, pero el modo de calcularlos retoma lo establecido en la Ley de Software.

- Respecto a las contribuciones patronales, el beneficio aplica hasta un máximo de 3.745 empleados. Las grandes empresas siguen siendo consideradas destinatarias de este régimen.

- La norma tiene una orientación inclusiva y federal. Las empresas pueden acceder a una reducción del 80% en las contribuciones patronales si incorporan mujeres, personas discapacitadas, beneficiarios de planes sociales y residentes de zonas desfavorables o de menor desarrollo relativo.

- Cada dos años, las empresas deberán revalidar su inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

<b>Respecto a las contribuciones patronales, el beneficio aplica hasta un máximo de 3.745 empleados. Las grandes empresas siguen siendo consideradas destinatarias de este régimen</b>

- Las actividades de autodesarrollo quedan excluidas.

- Las Micro Empresas con antigüedad menor de tres años y que no cuenten con facturación para acceder al régimen, deberán acreditar que desarrollan en el país algunas de las actividades incluidas en la ley.

- La ley establece la creación del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec) cuyo objetivo es financiar capacitaciones, fomentar inversiones productivas y promover la inserción internacional de las empresas.

- Para que las empresas estén alcanzadas por los beneficios deben cumplir con al menos dos de estos tres requisitos: las empresas deben capacitar a sus empleados a las actividades promovidas según distintos porcentajes de su masa salarial: al menos 3% para las Micro Empresas, 5% para las Pequeñas y Medianas y 8% para las Grandes; las tareas de investigación y desarrollo deben alcanzar un porcentaje respecto de la facturación total de al menos el 1% para las Micro Empresas, 2% para las Pequeñas y Medianas y 3% para las Grandes; y deben acreditar la exportación de bienes y/o servicios que surjan del desarrollo de alguna de las actividades promovidas en un porcentaje respecto de su facturación total de al menos 4% para las Micro Empresas, 10% para las Pequeñas y Medianas y 13% para las Grandes.

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