Último round en Nueva York por YPF: los tres argumentos finales del nuevo Gobierno para intentar que el juicio se haga en Argentina

Hoy es el día señalado. Las defensas del Estado argentino, a cargo de la Procuración del Tesoro que comanda Carlos Zannini, y YPF, con el equipo legal de la petrolera que preside Guillermo Nielsen, le presentará a la jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito Sur de Manhattan –que entiende cuestiones vinculadas con Wall Street–, los últimos argumentos que podrían llevar a que la causa derivada de la expropiación de la empresa se haga en el país.

Eso es lo que pretende la defensa local, ahora en manos de los abogados de la gestión de Alberto Fernández, quienes por el momento siguen las mismas estrategias que venían planteando los de la administración de Mauricio Macri. Algo más que razonable dado lo avanzada de la causa, aseguran fuentes judiciales.

Así, esta tarde será el último trámite de la defensa local luego de un 2019 movido para la causa. Después de que la Corte Suprema de EEUU no aceptara atender el reclamo Argentino por la jurisdicción de la demanda, y la remitiera otra vez al tribunal de Preska, la jueza escuchó a los abogados locales y aceptó discutir el forum no conveniens: a grandes rasgos, que puede haber un tribunal mejor que el de ella para resolver el caso. Para eso fijó una agenda de presentaciones a lo largo del año pasado (que en un momento postergó para esperar la definición del proceso electoral) y ahora se tiene que hacer la presentación final de la defensa argentina.

La de hoy es la respuesta a Burford Capital, el megabufete inglés que litiga contra el país y que reclama una suma final que podría superar los USD 3.000 millones.

En su última presentación, Burford –algo golpeado luego de que fuera acusado de “fraude contable” por la agencia Muddy Waters– argumenta que el cambio de gobierno hace inviable que el juicio se realice en el país.

En su última presentación hicieron especial foco en que la justicia local no es independiente y que puede ser perjudicados por el regreso del kirchnerismo al poder. Concretamente, tienen miedo que puedan quedar presos si vienen a litigar al país y se basan en una denuncia previa contra sus abogados por una causa de Aerolíneas Argentinas, cuando Cristina Kirchner era presidente. Durante el macrismo la defensa se esforzó en demostrar que “la Argentina era otra” y, con el cambio de gobierno, ese argumento fue retomado por Burford.

El fondo insiste con que litigar contra el Estado es imposible porque los jueces tienden a beneficiarlo. Además, mencionan una causa abierta en el juzgado de Ariel Lijo, quien investiga el proceso previo a la expropiación de YPF, que creen que podría reeditar el contexto en el que sus abogados fueron demandados penalmente.

Incluso, mencionan dichos de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández con declaraciones en campaña en las que se dice que los jueces vana tener que “dar explicaciones” y “rendir cuentas”. Adjuntaron entrevistas y extractos del libro “Sinceramente”

Argumentos

El escrito conjunto de 20 páginas que ingresará hoy de manera electrónica al estrado de Preska tiene argumentos para defender la conveniencia del foro local y rebatir los argumento de Burford. Primero se recuerda que para todo el caso siempre se aplicó la ley argentina, que todos lo hechos ocurrieron acá, que YPF es una empresa local y que está involucrado el Estado argentino. Además, dice la defensa, los testigos viven en el país y los documentos están aquí y en español. El foro argentino resulta natural, se explica.

Los tres argumentos:

- Democracia y justicia independiente. Se menciona que la elección democrática no hace a un foro conveniente o no. Se describe que se siguieron los procesos legales del proceso electoral, que eligió el pueblo y que eso no inhabilita para nada a un tribunal local. Además, se explica que los intentos de “democratizar la Justicia” de años anteriores fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema, lo que demuestra la independencia de la Justicia argentina.

- La demanda de Lijo. Se explica que esa causa, que efectivamente está abierta, es de 2006 (con una denuncia inicial de Elisa Carrió) y que se trata de una denuncia particular, previa a esta disputa legal. Y que allí nunca se investigó a Burford, que sólo hace un año y medio se pidió un oficio a España con detalle de las quiebras de las empresas Petersen (que en ese momento ya no pertenecía al grupo local).

- Jurisdicción exclusiva. Se argumenta que una eventual sentencia en EEUU difícilmente se pueda validar en Argentina por la jurisdicción exclusiva que tiene el país en estos temas. La defensa dice que este caso no es un contrato roto, como pide Burford, sino un conflicto intrasocietario y que para esos casos la jurisdicción exclusiva es local.

Luego del trámite de hoy, Preska deberá resolver donde se hace el juicio y si bien podría pedir una nueva audiencia, se espera que la decida antes de fines de marzo.

Si decide enviarlo a Argentina es apelable; si queda en EEUU no lo es directamente (aunque ella misma podría autorizar la apelación). Si finalmente la causa se tramita en EEUU comenzará la demanda, lo que se conoce como discovery y presentación de pruebas. Si bien no está nada dicho, el país ya tuvo dos fallos adversos en este caso, uno de la propia Preska y otro de la Cámara de segunda instancia. En ese contexto, la perspectiva no parece las mejores para los intereses locales, pero todas las partes (las del anterior gobierno y las del actual) hablan de la magistrada como una funcionaria muy razonable que siempre escuchó los argumentos locales.

En cuanto a la defensa, Infobae pudo saber que se elabora con fluidos contactos entre la empresa y la Procuración del Tesoro, donde lleva el caso Sebastián Soler, el segundo de Zannini. Los estudios en Nueva York sigue siendo los mismos, solo que el Estado contrató también a Sullivan & Cromwell, que se suma a Skadden. YPF continúa con Cravath. Ahora, todos espera la decisión de Preska.

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