Un aumento generalizado por debajo de la inflación para las jubilaciones en marzo o abril más sumas fijas o “un adicional” para aquellos haberes más bajos, ésa parece ser la fórmula que podría aplicar el Gobierno para evitar una avalancha de demandas judiciales por el “achatamiento” de la pirámide que anunciaron tanto el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Fue el propio Alberto Fernández quien, a su regreso de Israel, dio la pista concreta al ser consultado por el próximo ajuste jubilatorio: “El objetivo es que en abril todos reciban un aumento. Y es posible que los sectores que están más abajo, reciban un adicional. En eso estamos trabajando”, adelantó en declaraciones televisivas.
“Esos adicionales –profundizó– son siempre sumas fijas”. De acuerdo a los dichos del Presidente, ese esquema “permite controlar el gasto público y los efectos fiscales de esos aumentos”. Apenas horas antes de que Guzmán se presentara por primera vez ante inversores, empresarios y el FMI en Nueva York, el mandatario asoció la cuestión a la necesidad de equilibrio fiscal: “Yo creo que las cuentas públicas deben ordenarse”, dijo.
En otras palabras, si bien se mantiene el plan de achatar la pirámide de las jubilaciones, la estrategia de una suma fija que implique distintos porcentajes de aumento para los jubilados según el monto de su haber anticipada en su momento por Cafiero sería ahora reemplazada por un porcentaje de aumento general y una suma fija, una suerte de refuerzo o adicional.
De alguna manera, se repetiría el esquema de diciembre, en el que los jubilados cobraron el porcentaje correspondiente a la fórmula de movilidad vinculada a la inflación aún vigente más el bono de $5.000 que se les otorgó a los haberes mínimos. Adaptar ese mecanismo al aumento de las jubilaciones al menos hasta junio, ya sin fórmula de movilidad sino con un porcentaje definido por el Gobierno, debilitaría argumentos ante la Justicia por subas arbitrarias -no se conocen reclamos por los bonos otorgados. Aunque se mantendrían los planteos por el atraso en los haberes.
Por lo pronto, en la Anses evitan hablar de bonos y confirman que la idea es que los jubilados con la mínima cobren un aumento incluso por encima de lo que hubieran cobrado con la fórmula de movilidad. “Todavía está todo bajo estudio, no está decidido cómo va a ser la distribución de los aumentos”, aclararon a Infobae, desde la entidad que conduce Alejandro Vanoli.
Para los expertos previsionales, las declaraciones de Fernández son claras. “Todas las versiones apuntan a que el bono llegó para quedarse. Va haber un aumento general por debajo de 11% y después sumas como en diciembre y enero a partir hasta quienes cobren un monto a definir”, afirmó el abogado Adrián Tróccoli, quien advirtió que ese mecanismo no inhabilitaría las demandas judiciales.
“Si a junio, el aumento está por debajo de 20%, los juicios van a empezar. Sobre todo de aquellas jubilaciones más altas, que tendrán el mayor atraso”, explicó.
El foco del problema se concentraría en el 25% de las jubilaciones, aquellas que superan los dos haberes mínimos ($28.136). Sin embargo, aun cuando no perciban el “adicional” anunciado por el Presidente ni un ajuste similar a la inflación, es probable que las jubilaciones entre $30.000 y $50.000 sufran un perjuicio relativamente menor que no justifique el desgaste de las acciones legales. A partir de esos montos, la situación cambia. De hecho, Tróccoli apunta que ya existen reclamos iniciados y otros que están a la espera del futuro decreto, puntualmente en haberes a partir de los $100.000.
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