El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó una vez más ayer que buscará extender el plazo de pago por la deuda contraída con el Fondo Monetario durante la gestión de Mauricio Macri pero advirtió que el Gobierno “no aceptará ninguna condicionalidad”.
El primer objetivo, obtener un estiramiento en los plazos de pago, es una posibilidad concreta dentro de un horizonte razonable de negociación con el organismo. El propio FMI, a través de distintos voceros incluyendo a su titular, Kristalina Georgieva, expresaron en reiteradas ocasiones la buena predisposición respecto a esas tratativas. El segundo objetivo, sin embargo, conspira contra la pronta consecución del primero. Concretamente, porque la idea de no acordar un nuevo programa sino simplemente consensuar nuevas fechas de pago de los montos ya desembolsados, sondeada por el Gobierno, se topó con la negativa del Fondo Monetario hace poco más de un mes.
“Se planteó esa idea hace varias semanas ya pero no funcionó”, aseguró a Infobae una fuente involucrada en las gestiones de la deuda. “El FMI es muy rígido en esas cuestiones y está todo tabulado. No hay mucho que se pueda inventar”, explicó.
Sucede que, en plan de lograr el beneficio de la extensión de los plazos pactados en el acuerdo stand by original, que estuvo vigente hasta mediados del año pasado -o que ahora está en “wait and see” según el idioma del FMI-, no existe dentro del organismo un formato que evite la imposición de condicionalidades. Se trata de esas metas, tanto cuantitativas y cualititativas, expresadas en niveles de déficit fiscal o expansión monetaria y también en exigencias de reformas estructurales, que en definitiva, desde la perspectiva del Fondo, garantizarían el repago del préstamo. De ahí el repetido reclamo del organismo de un “plan económico integral”.
Pero ayer, durante la conferencia de prensa para anunciar el envío de la ley al Congreso para la reestructuración de la deuda, el ministro insistió en que se están manteniendo “conversaciones muy constructivas para reperfilar el sendero de pagos” con el organismo por los USD 44.000 millones desembolsados entre 2018 y 2019 a la Argentina y cuyos vencimientos se concentran entre 2021 y 2023. Se descarta de plano que, dado su carácter de acreedor privilegiado, se negocie una recorte a los intereses y, mucho menos, una quita de capital.
Pero, para lograr el diferimiento de los pagos, de acuerdo a las características de los programas del Fondo vigentes, se asume que el país debería acordar un crédito de facilidades extendidas, que tiene un plazo máximo de 10 años. Sin embargo, Guzmán pareció rechazar esta alternativa. Aclaró que el actual “es un programa económico diseñado por nosotros y ejecutado por nosotros. No vamos a permitir ninguna condicionalidad".
Lo cierto es que, de las políticas anunciadas hasta ahora por el Gobierno de Alberto Fernández, el Fondo Monetario avaló las medidas de ajuste fiscal, tendientes a obtener un superávit primario de las cuentas públicas y que apuntan además a promover una reforma previsional, un reclamo histórico del organismo.
Las principales diferencias, en cambio, podrían darse en materia de política monetaria ya que la estrategia de emisión combinada con tasas reales negativas que lleva adelante el Banco Central bajo el mando de Miguel Pesce, se encuentra en las antípodas del manual clásico del FMI.
En cualquier caso, las negociaciones con el Fondo empezarían a tomar más forma en las próximas semanas. El próximo miércoles, el ministro viajará a Nueva York para participar de una conferencia ante inversores en el Council of the Americas y se especula con que en ese viaje podría producirse un encuentro con funcionarios de la institución. Para la semana siguiente, en tanto, está agendada la cita en el Vaticano, donde compartirá un seminario con la propia Georgieva. Algunos alimentan la expectativa de fumata blanca para esa fecha.
La negociación con el Fondo Monetario es crucial para la reestructuración de la deuda en manos de acreedores privados ya que será determinante para definir la capacidad de pago de la Argentina en el mediano plazo. Con todo, existen entre los bonistas, intereses y posturas diferenciadas respecto de la necesidad de acordar en paralelo o al margen de un nuevo acuerdo con el FMI. Estas disidencias suman complejidad al proceso que ya entró en la cuenta regresiva si, tal como afirmó el Presidente, el tema tiene que quedar resuelto en las próximas 10 semanas.
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