Los acreedores de la provincia de Buenos Aires desconfían de Kicillof, pero creen que la deuda se pagará con ayuda de la Nación

Los inversores desconfían de la retórica agresiva del gobernador Axel Kicillof para resolver la crisis de la deuda bonaerense pero creen que, antes o después de la fecha del vencimiento del bono 2021, el gobierno nacional salvará a la principal provincia argentina para que no caiga en default.

Aunque este discurso duro le pueda generar aplausos al gobernador dentro de las filas del kirchnerismo, el gobierno nacional no se siente cómodo con esta postura en medio de la negociación con los bonistas y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según algunos analistas.

Sin embargo, otros actores del sistema financiero tienen una mirada diferente: “Acá hay tres jugadores en la mesa: Nación, Provincia y los acreedores. Si hay default, pierden los tres, así que no veo otro escenario más que la Nación le gire los fondos a la Provincia si Axel no logra el consenso suficiente entre los acreedores”, explicó un ejecutivo.

La provincia, afirman, está haciendo todos los esfuerzos para llegar al 75% necesario para postergar la fecha de pago del 26 de enero al 1ro. de mayo sin caer en default. La llave, por encima de otros jugadores, la tiene el fondo de inversión Fidelity, con unos 80 millones de dólares.

En cambio, según dos fuentes que manejaron la deuda provincial, la Anses no tiene recursos en este bono 2021.

Uno de estos ex funcionarios dijo: “No parece equivocada la estrategia que está siguiendo Axel; es algo que seguramente hubiéramos hecho nosotros; si pagaba este vencimiento, estaría complicado sin acceso al mercado en unos meses, así que está bien negociar con palos y zanahorias”.

El palo, en este caso, “es el miedo al default por parte de los inversores: pasó en Uruguay, en Grecia y en otros países. Los inversores solo te creen si los asustás”, agregó.

Claro está, los ladridos no deben convertirse en una mordedura: “Necesitan imperiosamente de arreglar el frente externo y no vale la pena romper todo por 250 millones de dólares”. El problema, concluyó el experto, es que “será muy difícil juntar el 75%, por más que quieran”, según establece la cláusula de acción colectiva.

Otro experimentado ex negociador también sostiene que, tarde o temprano, el gobierno provincial llegará a un acuerdo, aunque sea unos días después de la fecha límite (10 días después del 6 de enero) para no caer en default.

Este ex funcionario está de acuerdo con la idea de que la Nación no asista a la Provincia, porque cree que ese gesto desataría un efecto cascada por parte de los otros gobernadores. Además, entiende que si la Nación arregla su deuda con los acreedores externos, la Provincia no tendrá problemas, en esa secuencia.

Para la Nación los principales jugadores son los fondos Blackrock, Gramercy y, al igual que Provincia, Fidelity, más algunos fondos de cobertura. Hasta ahora, asegura con mucha convicción, de los fondos buitre Aurelius (que está en juicio contra el país por los cupones ligados al PBI) ha comprado bonos que se renegociarán, a diferencia de Elliot, que ha optado por focalizarse en la compra de títulos corporativos.

Este ex funcionario considera que es lógico que la Provincia siga la misma lógica que la Nación en su relación con los acreedores. Y, además, que se le dé un tratamiento igualitario a la deuda bajo ley nacional que a la emitida en jurisdicción extranjera, “para no generar una alteración en el mercado cambiario”.

Los antecedentes retóricos del gobernador no le juegan a favor, según recuerdan todavía los inversores afectados por el default del 2014 que generó entonces como ministro de Economía de Cristina Kirchner en el entendimiento de que enfrentar a los holdouts era más positivo que sacar al país de la cesación de pagos.

Aquel conflicto se podía evitar con la solución que quiso aportar el entonces presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, junto con bancos nacionales e internacionales.

En el sentido contrario, Kicillof fue muy generoso con los acreedores en las negociaciones por la expropiación de YPF y con el Club de París.

En el primer caso, primero dijo que no pagaría un centavo y luego el país tuvo que enfrentar una serie de pagos por un total de 5000 millones de dólares y un juicio que todavía está pendiente de resolución en Nueva York.

En el segundo, para eludir una evaluación del FMI mientras se manipulaban las cifras del Indec, se le pagó al Club de París en un plazo mucho más corto que el de la mayoría de los acuerdos alcanzados con ese club de acreedores oficiales.

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