Argentina recibió hoy una buena noticia que en el corto plazo puede ser ratificada o convertirse en una no tan favorable.
Es que la jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito Sur de Manhattan –que atiende cuestiones vinculadas con Wall Street y también lleva el juicio por la expropiación de YPF–, rechazó la demanda que realizó en enero de 2019 el fondo Aurelius Capital Investment contra Argentina por modificar en 2014 el cálculo con el que se midió el producto un año antes y para, según el holdout, evitar el pago del cupón PBI.
En su fallo la jueza desestima la demanda de los fondos que firmaron el acuerdo con el Gobierno de Mauricio Macri en 2016, el que permitió la salida del default, pero dio luz verde para realizar una demanda ampliada que de lugar a una investigación más amplia. Entre los argumentos, Preska señala que la modificación del cálculo que llevó a cabo Argentina para estimar el crecimiento de su PBI en 2013 es lícito: es decir, Argentina tenía la potestad de modificar la manera de dar cuenta del crecimiento de su PBI como lo pueden hacer el resto de los países. No obstante, duda sobre el momento en el que el Gobierno de Cristina Kirchner (en 2014) decide cambiar la fórmula.
En enero de 2019 Aurelius demandó a la Argentina en EEUU por USD 84 millones. El fondo afirmó entonces que el Gobierno no calculó correctamente los pagos que correspondían a los tenedores de bonos vinculados al PBI por una supuesta manipulación del Indec en 2013. Se trata de bonos que establecen pagos adicionales basados en el desempeño de la economía y que se emitieron vinculados a las reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010.
Argentina afirma que pagó casi USD 10.000 millones a tenedores de valores vinculados al PBI y le pidió a la Corte del Distrito Sur de Nueva York —encabezada por Loretta Preska— que desestime la demanda, algo que finalmente sucedió hoy.
No hay que perder de vista que los fondos ACP Master, 683 Capital Partners y Novoriver poseen bonos atados al crecimiento de la economía argentina y también demandan un total de USD 273 millones en compensación por el mal manejo de las cifras del PBI argentino en 2014.
“Según los demandantes, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, hubo una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004) y el crecimiento se estableció en 2,9%, menor al 3,25% que gatillaba el pago de Cupón PIB. Fue un anuncio sumamente desprolijo, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”, detalló Sebastián Maril, CEO de Fin Guru y especialista en deuda soberana y corporativa emitida en los mercados internacionales.
“Está permitido cambiar la fórmula con la que se calcula el crecimiento de un país, pero el timing es sospechoso”, coincidió el especialista.
Según el calculó el macrismo la contingencia potencial del caso era de USD 1.300 millones. “Es más difícil ahora litigar, tienen que arrancar de cero. Este e YPF son los juicios más importantes contra el país. Es una buena noticia: tener este problema con una reestructuración en puerta no es buena. Pero el juicio fue enteramente llevado por nosotros”, detalla un fuente de Cambiemos allegada al caso.
Preska señaló que el cálculo del PBI no es un argumento legal para Aurelius por lo que sus abogados deberán sostener otros, más precisos y contundentes, para que la demanda prospere. Tendrá tiempo hasta fines de febrero para presentar una demanda ampliada para que la jueza determine si amerita una investigación más profunda.
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