Qué va a pasar con las jubilaciones tras la suspensión de la ley de movilidad

En el marco del proyecto de ley denominado Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica que será tratado en el Congreso esta semana, el Gobierno impulsará una reformulación del esquema de actualización de haberes del sistema previsional. A raíz de este anuncio, los interrogantes que surgen son: de qué suma serán los porcentajes de aumento con periodicidad trimestral hasta mediados de 2020, hasta que se apruebe una nueva ley; si la nueva fórmula es sostenible para las arcas del Estado; cómo se configurará la nueva fórmula de actualización de haberes y si los jubilados serán parte del ajuste para recomponer la situación económica de la Argentina.

En una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía Martín Guzmán describió este martes como “fenomenal descalabro del sistema de seguridad social” lo sucedido “en los últimos cuatro años” de administración de Cambiemos. Sostuvo que el Gobierno se tomará 180 días para reemplazar una fórmula que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener niveles elevados de crecimiento por otra fórmula que tiene que ser “consistente y razonable”.

Agregó que esto no significa que las jubilaciones dejarán de aumentar y que a falta de un esquema de movilidad, el Poder Ejecutivo podrá fijar en forma discrecional los porcentajes de aumento con periodicidad trimestral hasta mediados de 2020, hasta que se apruebe una nueva ley.

“El problema del esquema actual es que imposibilita la desinflación. O sea que la situación de los jubilados hubiera estado peor, no hubiese estado mejor. Y lo que nosotros queremos es mejorar la situación de los jubilados”, explicó el jefe de Economía.

Guzmán confirmó el anuncio del presidente Alberto Fernández quien señaló que quienes perciben el haber mínimo recibirán dos sumas fijas de $5.000 cada una en diciembre y en enero para “proteger a quienes en este momento están en una situación más vulnerable, para que recuperen el poder adquisitivo perdido en el gobierno anterior”.

Para Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, “el reajuste de marzo estaría en 11,5% y el de junio entre 15% y 16%. Acumulados sería un aumento de 29%, con lo cual los reajustes que debería dar el Ejecutivo en ese período en ningún caso podría estar por debajo de ese porcentual porque es un derecho adquirido”.

En declaraciones a Radio Con Vos, Semino consideró que los ajustes que pueda otorgar el Ejecutivo mientras la movilidad esté suspendida no debieran ser menores a lo que ya generó la ley, que es el derecho adquirido. Remarcó que el bono debería ser de un porcentaje de la jubilación y no un monto fijo, al tiempo que destacó: “Vemos con buenos ojos que hoy se plantee paliar la situación de alguna manera”.

El Defensor de la Tercera Edad explicó que la canasta del jubilado tiene tres grandes componentes: alimentos, salud y vivienda y en ese sentido dijo que se percibe un deterioro del haber con respecto a la canasta muy significativo. Asimismo, mostró su preocupación respecto de la posibilidad de sostener el sistema jubilatorio actual. “La situación es grave porque, el otro gran tema pendiente, es el financiamiento”, destacó. Y añadió que “ninguna fórmula con una alta inflación termina resolviendo el problema”.

A su turno, el titular de la consultora PxQ y ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Ágis, sostuvo en su último reporte para clientes que si la actual fórmula de indexación jubilatoria siguiera vigente, las estimaciones indican que el aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los aumentos de impuestos previstos en el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Actualmente las jubilaciones se actualizan con una fórmula que toma el 70% de la inflación pasada, con un desfase de un semestre. Esto implica que si la dinámica inflacionaria tiende a la baja en 2020, la indexación jubilatoria le sumaría presión a las cuentas públicas porque se actualizaría con una inflación de fines de 2019, un porcentaje más elevado que el que se proyecta para mediados del año que viene.

Álvarez Agis afirmó que por el lado de los impuestos, retenciones, Bienes Personales y turismo serán los encargados de apuntalar la recaudación en algo más que 1% del PBI. Consideró asimismo que por el lado del gasto, “el foco estará puesto en la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones mínimas”.

Sobre esto último, añadió en el informe, que “resta saber si el paquete de medidas enviado al parlamento no solo le permite al Poder Ejecutivo otorgar aumentos de suma fija, sino que además permite modificar la fórmula de ajuste que hoy le pone el 70% del peso a la inflación”.

“Si esta fórmula siguiera vigente, nuestras estimaciones indican que el aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los aumentos de impuestos”, advirtió.

Cabe recordar que la fórmula que regía previo a la reforma previsional sancionada por el Congreso a fines de 2017 para la actualización de las llamadas prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones y asignaciones universales), se aplicaba en marzo y septiembre de cada año, considera el 50% de la variación de la recaudación tributaria de Anses por beneficio y el 50% del cambio de los salarios (Ripte o Indec, el mayor). Era una combinación de los aumentos de los recursos tributarios y los salarios en blanco.

Mientras que la nueva fórmula, que quedó congelada tras la decisión del Ejecutivo, se aplica en marzo, junio, septiembre y diciembre. Se calcula con una combinación del 70% de la inflación y el 30% del Ripte, que es el aumento salarial de los trabajadores del sector formal.

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