El 17 de septiembre, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, decidió suspender hasta diciembre el juicio contra la petrolera YPF hasta que se defina quién el próximo presidente de la Argentina. La magistrada sugirió que las fechas se aplazaban porque se requería tener un sentido más claro de qué administración tiene el poder para hablar en nombre de la República.
Desde el Gobierno enviaron una carta a la jueza donde mostraron su desacuerdo con la medida y con la idea de que la autoridad legal de la actual administración no esté clara. En el multimillonario juicio —el más importante que enfrenta el país— podría costarle al Estado más de USD 3.000 millones por la reestatización de la compañía.
La Procuración del Tesoro —que representa al Estado argentino— recibió el miércoles pasado una respuesta por parte de la jueza donde señala que es “incorrecta” la interpretación que se realiza, de que el aplazamiento responde a la falta de autoridad del Gobierno actual, y que esa no fue la intención de la medida. Desde el Gobierno, lo interpretaron como un pedido de disculpas.
La causa contra YPF se originó luego de que empresas que eran accionistas minoritarias de la petrolera le cedieron el derecho de litigar a Burford. Alegan que en la reestatización no fueron tratadas igual que Repsol, el mayoritario; y por eso reclaman.
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