Macri recibe a empresarios el lunes: hay tensión porque creen que el Gobierno se mete en las relaciones entre privados

Dentro del paquete de medidas anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri, el que más ruido generó entre algunos sectores empresarios fue la decisión de sacar por decreto la nueva reglamentación sobre Lealtad Comercial, que se venía consensuado con el sector privado y que tenía como objetivo discutirse en el Congreso.

Infobae accedió al texto que saldrá publicado el lunes en el Boletín Oficial y, tal como habían alertado los hombres de negocios, la iniciativa prevé la duplicación de sanciones sobre conductas que ya están condenadas por la Ley de Defensa de la Competencia y la creación de otras sanciones sobre prácticas comerciales entre privados, "consideradas lícitas en cualquier mercado del mundo", aclararon fuentes de la UIA.

Quizás para bajar el tono de esa tensión, y luego de los anuncios de ayer, el presidente se a va reunir con los empresarios del sector de los alimentos. Son los que negociaron contra reloj con el Gobierno la lista de más de 60 productos que ahora son parte del nuevo "Precios Esenciales", el nombre que las autoridades le dieron a los precios congelados. Será el lunes por la mañana en Casa Rosada, según trascendió hoy, y habrá foto y buena onda: la idea es mostrar que nadie forzó a nadie y que es un acuerdo voluntario "entre caballeros", como dijo ayer Nicolás Dujovne.

En el documento que contiene el detalle de las medidas anunciadas, el Gobierno precisó que la nueva normativa de Lealtad Comercial apunta a "evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas monopólicas de grandes empresas" y que la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Ignacio Werner, tendrá "mayores facultades para sancionar conductas desleales o anticompetitivas, y así proteger a consumidores, pequeños comercios y pymes.

Este es el documento completo que se publicaría el lunes

La decisión de sacar un decreto en lugar de enviarlo como proyecto de ley al Congreso generó rechazo entre los industriales, ya que la iniciativa que había comenzado a circular meses atrás tenía varias objeciones y en la UIA esperaban terminar de consensuando el texto final. La urgencia por mostrar acción frente a la suba de precios y evitar el avance de los proyectos de ley de góndola que existen en el Congreso motivó al Ejecutivo a acelerar los trámites.

"A esta norma le falta el diálogo con el sector privado; esto no se ha hecho. Además, tiene contraposiciones con otras normas, y está regulando las relaciones comerciales entre privados sin posición dominante. Eso es meterse en el comercio entre privados; es de lo que menos me gusta", aseguró el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, en declaraciones radiales. Y agregó: "Esto no quiere decir que no hay que combatir la posición dominante; pero esto ataca las relaciones entre privados".

En tanto, desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) coincidieron en cuestionar la injerencia del Estado en la economía, pero también remarcaron que en determinados casos es necesario que el Estado actúe para evitar los abusos. "Los empresarios debemos competir de la manera más sana y transparente. Y si este decreto apunta a mejorar la transparencia en las relaciones entre las compañías, bienvenido sea. Es necesario que el Estado mire un poco para que no haya abusos; hay que cuidar a los chicos porque el grande te fija las reglas de juego", afirmó el secretario de la CAC, Mario Grinman.

El presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, reconoció que "hubo rispideces con el tema", pero consideró "valedero" discutir el tema. "Es  una forma de establecer reglas claras de convivencia y evitar muchos casos de posición dominante. Estamos convencidos de la sinergia que se produce entre las grandes y pequeñas empresas, pero esta sinergia tiene que permitir que todos podamos convivir", planteó el dirigente.

Fuentes de la UIA también plantearon que "el primer problema es que se está aprobando por decreto un texto que era un proyecto de una ley nacional y que modifica un montón de normas nacionales, lo cual no es facultad del ejecutivo". "Además, no estás en una situación de emergencia que te haga necesario evadir el Congreso", remarcaron.

Por otro lado, el decreto -dicen en la entidad- intenta reglamentar todos los supuestos que tradicionalmente se incluyen en ley de competencia desleal y se olvida de que en la Argentina hay muchas leyes específicas vigentes, como el secreto comercial, las denominaciones de origen o la de publicidad.  "Además, crea sanciones sobre conductas que son prácticas comerciales lícitas en cualquier mercado del mundo. Y tiene un artículo que prevé la concurrencia de sanciones de distintas regímenes sobre la misma conducta", dijeron fuentes de la UIA.

Por otra parte, los industriales se mostraron preocupados porque "las multas son altísimas" y "con gran poder de discreción, el producido de las multas entran al presupuesto del órgano administrativo  que las aplica, por lo que los incentivos y el poder puestos en la administración son muy preocupantes".

El proyecto considera competencia desleal a "Actos de engaño", e incluye a modo de fabricación, pureza y precio de los productos, entre otros; "actos de confusión" sobre el origen empresarial de la actividad; "violación de normas"; "abuso de situación de dependencia económica", o explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora; "obtención indebida de condiciones comerciales"; "venta por debajo del costo"; "explotación indebida de la reputación ajena"; "actos de imitación desleal y denigración" y "violación de secretos".

La norma prohíbe la "publicidad engañosa", define los límites de la "comparativa" y fija los "requisitos para la identificación de productos": el nombre del producto, país donde fueron producidos o fabricados, calidad, pureza o mezcla y medidas netas de su contenido.

A su vez, se crean acciones judiciales para los afectados por los actos de competencia desleal y se actualiza el monto de multas, que van entre uno (1) y diez millones (10.000.000) de Unidades Móviles, equivalente a $200 millones.

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