La Jefatura de Gabiente que encabeza Marcos Peña sumó finalmente el control del sistema de contrataciones y concesiones de la obra pública de la Administración Nacional.

Así, la Oficina Nacional de Contrataciones —que dependerá del Jefe de Gabinete— controlará el régimen de obra pública y asumirá las competencias que antes tenía la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal. El organismo tendrá a su cargo, además, el funcionamiento del Registro Nacional de Constructores que trabajan con el Estado.

El cambio fue establecido por el Gobierno a través del Decreto 1169/2018, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El proceso de traspaso del control de la obra pública al área de Peña ya había comenzado hace algunas semanas, cuando luego de una modificación a la Ley de Ministerios, la Jefatura de Gabinete se hizo cargo de la planificación y el control de los proyectos de inversión pública y de los contratos de participación público-privada (PPP), que hasta ese momento controlaba el Ministerio de Hacienda.

Las nuevas atribuciones que concentrará el ministro coordinador se dan en medio de la decisión del Gobierno de frenar nuevas obras a través de la modalidad PPP por la suba del riesgo país y las trabas al acceso a crédito externo, según señalaron fuentes oficiales la semana pasada.

Según el nuevo esquema, las contrataciones y concesiones de obra pública cuya ejecución se haya iniciado antes del 29 de diciembre de 2016 deberán ser incorporadas al sistema electrónico de la plataforma Contrat.Ar. La implementación no podrá extenderse más allá de septiembre de 2019.

De acuerdo a las estimaciones del Gobierno, el volumen de dinero de la obra pública representa entre un 13% y un 20% del PBI, en promedio. "La contratación pública y el régimen de contratación y ejecución de obra pública constituyen un componente central de la actividad estatal y de la gobernanza estratégica, siendo instrumentos esenciales para la satisfacción de necesidades públicas tales como vivienda, energía, transporte, seguridad, comunicaciones, entre otras, que hacen al desarrollo económico con equidad social", explicó el texto del decreto publicado este miércoles.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la adjudicación de las obras públicas es un sistema que se encuentra particularmente expuesto al riesgo de mala gestión y la corrupción. Se estima que el costo, en promedio, de la corrupción es de entre un 20% y 25% del valor de los contratos.

El Gobierno explicó que para la creación del nuevo organismo se basó en las recomendaciones del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE, realizadas en 2015.

La plataforma de gestión electrónica Contrat.Ar se utilizará para contratar y realizar el seguimiento de la obra pública. Pero, además, según el decreto esta plataforma deberá iniciar un plan de apertura de sus datos.

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