Se terminaron de firmar los contratos para las primeras obras en rutas con inversión público-privada

Los cuatro contratos PPP rubricados en la quinta de Olivos cierran la etapa inicial de la Red de Autopistas y Rutas Seguras

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Con la firma de cuatro contratos para obras licitadas bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP), junto con los dos otorgados la semana pasada, los seis proyectos viales que conforman el primer tramo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras del Gobierno ya cuenta con su primer capítulo completo.

El viernes pasado, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich había firmado los contratos para los corredores viales A y C, que contemplan trabajos en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El evento de hoy, en la quinta de Olivos, oficializó la entrega del resto de las obras para un total de 3.300 kilómetros en la primera etapa de la red.

La primera etapa del plan general representa inversiones privadas en total por USD 8.000 millones. Tres cuartos de eso se abocará durante los primeros cuatro años y más de USD 2.000 millones durante los siguientes.

Se espera que para el final de las tres etapas, la inversión privada para construir una extensión de 7.277 kilómetros alcance los USD 12.500 millones durante los primeros cinco años, con USD 4.200 millones adicionales durante los 11 siguientes.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en la quinta de Olivos antes de firmar los contratos
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en la quinta de Olivos antes de firmar los contratos

Los corredores viales entregados hoy son los B, E, F y Sur. Los trabajos en estos cuatros y los dos ya firmados la semana pasada comenzarían en octubre, de acuerdo al plazo oficial.

El evento en Olivos contó con la presencia de la administradora general de Vialidad Nacional Patricia Gutiérrez; el secretario de Participación Público Privada del Ministerio de Hacienda José Luis Morea, y los representantes de las empresas a las que les fueron otorgados los proyectos.

 
 
 

Los corredores viales E y F fueron otorgados al consorcio Helport, Panedile, Eleprint y Copasa, que presentó ofertas por USD 1.010 millones y USD 722 millones, respectivamente.

Eduardo Eurnekian, de Helport, con el ministro Dietrich
Eduardo Eurnekian, de Helport, con el ministro Dietrich

El primer corredor es de rutas entre Buenos Aires y Santa Fe, desde Campana hasta Rosario, cubriendo 389 kilómetros.

El Corredor E cubre una serie de trabajos que unen localidades de Buenos Aires con Santa Fe
El Corredor E cubre una serie de trabajos que unen localidades de Buenos Aires con Santa Fe

El Corredor F, mientras tanto, está compuesto de trabajos para construir autopistas nuevas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, abarcando un total de 635 kilómetros en autopistas nuevas.

Corredor vial F, otorgado a Helport, Panedile y Eleprint -Copasa
Corredor vial F, otorgado a Helport, Panedile y Eleprint -Copasa

El contrato para trabajos en el Corredor B, mientras tanto, fue firmado entre el Ministerio de Transporte y la pareja de la filial regional de China Construction America (CCA) y la firma constructora argentina Green S.A.

El Corredor B fue licitado por 1.175 millones de dólares
El Corredor B fue licitado por 1.175 millones de dólares

La licitación de USD 1.175 millones fue por un trayecto nuevo de autopistas y rutas seguras que conecten la localidad de Santa Rosa en La Pampa y de Luján.

El último de los corredores para la primera etapa del plan integral del Gobierno es el Corredor Sur, que se desarrollará en la provincia de Buenos Aires. El consorcio Rovella Carranza, Motta Engil y JCR, a cambio de su oferta de USD 699 millones, administrarán 546 kilómetros de la Ruta Nacional 5 en autopistas y semi autopistas y rutas seguras nuevas conectando una parte del interior de la provincia con la autopista Jorge Newbery.

Corredor Sur
Corredor Sur

La expectativa del Gobierno es que entre las tres etapas de licitaciones bajo el nuevo esquema, se dé una puesta a punto de la infraestructura de transporte en el país. También son una herramienta que tienen en cuenta de cara al objetivo de reducir el gasto público, puesto que les permite reducir el desembolso y compartir el costo de la obra pública con el sector privado.

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