Un juez falló a favor de Uber: conducir autos para la aplicación no es delito

El juez de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Alberto Zelaya, desestimó a través de un fallo una denuncia penal presentada por el sindicato de taxistas contra Uber, la empresa que desembarcó este año en la Capital Federal como un servicio que conecta pasajeros con conductores de autos privados.

El escrito aseguró que los conductores no cometieron ningún delito penal en torno al "entorpecimiento del transporte". "A lo sumo podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no delitos", consideró el magistrado. De esta forma, Zelaya coincidió con el dictamen del fiscal Jorge Ballestrero y desestimó la denuncia que el Sindicato de Peones de Taxis había presentado contra 33 conductores de Uber. Y en ese mismo escrito, el magistrado aseguró que se trata de un "entuerto netamente comercial".

"Este fallo es un avance importante para la adopción de la innovación y el transporte colaborativo en la Argentina", aseguró Uber en un comunicado oficial. Y agregó: "Estamos comprometidos en seguir trabajando con las autoridades locales".

Si bien apuntó que "todo parece girar en derredor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial", asegura que este fallo no resuelve la legalidad comercial del servicio. El juez incluso indicó que el fuero penal "no es la vía apropiada para resolver el conflicto".

En referencia a la cantidad de conductores que fueron acusados, el magistrado insistió en que esa cantidad no está en condiciones de afectar el "normal funcionamiento del tránsito vehicular de la ciudad de Buenos Aires". Y agregó: "Más allá de la conflictividad que ha desatado la aparición de Uber, lo concreto, lo real, es que no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual".

Con todo, el estudio de abogados que representa al gremio de los taxistas, Cúneo Libarona, apeló el fallo de Zelaya, y la Sala V de la Cámara del Crimen deberá resolver la cuestión penal. El abogado Cristian Cúneo Libarona es quien representa al sindicato en esta denuncia.