Era el secreto a voces del automovilismo. La suma de todos los miedos. El gran rumor que recorrió los boxes a nivel nacional durante muchos años, se transformó en realidad: que la Justicia indague el uso de facturas apócrifas en el ambiente. El escándalo a causa de la investigación por supuesta evasión impositiva elevó el estado de alerta y uno de los dirigentes más importantes está comprometido. Se trata de Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), la entidad que fiscaliza y maneja de forma comercial al TC. El ex piloto está imputado por un delito que según fuentes judiciales no es excarcelable.

El panorama de Mazzacane se complicó luego del allanamiento de ocho horas y media que hizo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Prefectura el 23/11, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, propiedad del mandamás del TC. Para profundizar el tema Infobae fue hasta los Tribunales Federales de Quilmes, donde se investiga la causa a cargo del juez Luis Armella. Una fuente judicial contó detalles de cuál es la situación de Mazzacane y cómo se habría operado en el circuito platense.     

Según se informó, en el allanamiento se llevaron los libros y se llegó a la conclusión de que "todo lo que se comercializaba en el autódromo era sin facturas", afirmó la fuente. La referencia es desde el pago para el uso de las instalaciones, un local que vende repuestos, un kiosco, puestos de merchandising, hasta el restaurante llamado "El Toro", en homenaje a Roberto Mouras, el recordado piloto fallecido en un accidente, en una carrera en ruta en Lobos en 1992. "El día del allanamiento justo llegó un camión con gasoil que tampoco tenía facturas o remitos", ampliaron desde los tribunales.

Tras el allanamiento en el autódromo, la ACTC publicó en su página que "de dicha diligencia judicial las autoridades del autódromo se ponen a disposición del personal de AFIP y Prefectura, aportando toda la información requerida. Lo que, haciendo una minuciosa revisión de todas las oficinas del establecimiento, así como también de todo soporte informático que se encontraba en el lugar, arroja resultado negativo quedando ratificado en el acta labrada judicialmente…". El comunicado lo firmó Omar Carlos Pisano, quien es el actual administrador del autódromo, pero el propietario sigue siendo Mazzacane, que es padre de Gastón Mazzacane, el último argentino que corrió en la Fórmula 1 (hace 18 años). Actualmente corre en TC y es vicepresidente 2º de la ACTC.   

Ya en abril del año pasado se había allanado la sede de la ACTC ubicada en el barrio porteño de Caballito. "El procedimiento se llevó a cabo el 26/04/2018 en el marco de una investigación judicial iniciada hace ya más de dos años e involucrando a terceras personas absolutamente ajenas a nuestra institución. Se hizo entrega de la documentación e información requerida, dejándose constancia de la plena y amplia colaboración prestada por nuestra parte y de la disposición a futuro para continuar colaborando con el accionar de la justicia", indicó el comunicado de la entidad. Luego, el sábado 18/8/2018, un día antes de la carrera del TC en Buenos Aires, también emisarios de la AFIP se hicieron presentes en los boxes del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. En esa ocasión les pidieron a los equipos y pilotos facturas de sus empresas patrocinantes.  

El delito por el que se lo imputa al presidente de la ACTC está tipificado en la ley de Régimen Penal Tributario. La falta se encuadra como Evasión Agravada, que en el artículo 2 prevé de tres años y seis meses a nueve años de prisión, es decir, no es excarcelable. Según la indagación judicial, la evasión en el circuito platense, solo en 2016, habría sido de 5.000.000 de pesos. Aunque vale aclarar que, si no cambia el panorama de Mazzacane y llegara a juicio y fuese condenado, su defensa podría recurrir a la falta de antecedentes penales de su cliente y así evitaría que fuera a la cárcel.

HUGO MAZZACANE - 3

Tampoco sería posible que por el momento el presidente de la ACTC tuviera una prisión preventiva porque el juez debería determinar un "peligro de fuga" o "entorpecimiento en el esclarecimiento de los hechos". "La única chance es que Mazzacane vaya a sacar un pasaje a la India sin vuelta y que venga algún empleado del autódromo a decir que él los está apretando para que no hablen. No vemos factibles estas posibilidades; de hecho, él (Mazzacane) ya designó un abogado defensor  y será citado a declarar", explicaron desde la sede judicial quilmeña. "Hay otros pilotos conocidos mencionados en la causa", se agregó sin poder dar mayores precisiones.

Pero no solo el automovilismo es protagonista de esta historia. Forma parte de una mega causa por evasión impositiva. Desde 2014 el fisco nacional habría perdido 5.000 millones de pesos. Se trata de una asociación ilícita que integraban 15 personas cuyos cabecillas eran Claudio Gómez y Heber Russo, ambos procesados y detenidos. Mediante su empresa, de nombre Group 13, fabricaron facturas truchas y se las habrían vendido a 3.500 contribuyentes entre las cuales se encontrarían Mazzacane y pilotos de diversas categorías, no solo del TC. El trabajo lo inició la AFIP en 2016 y también estarían involucrados sindicatos, organismos públicos y municipios. Tras los allanamientos en la sede de la ACTC y el autódromo platense, la documentación se entrecruzó con otros datos de la investigación general que se lleva a cabo desde los Tribunales Federales de Quilmes.

Ese marco evasivo también representó una gran atracción para algunos pilotos en un deporte tan caro como el automovilismo. Consistía un buen canal para poder conseguir patrocinantes. El mecanismo era el siguiente: según la pesquisa judicial, los corredores que compraban las facturas apócrifas, luego se las vendían a sus empresas por un monto menor del que realmente recibían en concepto de patrocinio. Así sus sponsors, con la sobrevaluación del precio de esas publicidades, computaban falsos créditos fiscales, evadían IVA e impuestos a las ganancias. Por ejemplo, según se informó, la empresa OSEV habría incurrido en el ilícito y en 2018 fue patrocinante de algunos competidores en el TC. Hoy para pelear adelante en esa categoría, un participante debe desembolsar 1.000.000 de pesos por fecha, un costo operativo cercano al que tiene el Súper TC 2000. Ambas son las divisionales más importantes a nivel nacional.  

¿Qué dice Mazzacane a todo esto? En un breve diálogo telefónico con este medio, se limitó a negar su imputación y aseveró: "En el acta que se labró después del allanamiento en el autódromo no se encontró nada, estaba todo bien. Voy a hablar mediante mi abogado".

Si bien negó su imputación, levantada la feria judicial de enero, las últimas novedades indican que Mazzacane se acercó para notificarse a los Tribunales Federales de Quilmes. El juicio oral por esta mega causa donde el presidente de la ACTC está comprometido sería a más tardar en junio de 2019. Si no cambia su panorama, deberá estar presente en el debate. Los próximos meses serán decisivos. De momento, para la Justicia, el ex piloto deberá remontar una carrera difícil.

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