
Fernando Berón y Fernando Langenauer, coordinadores de Inferiores y de la pensión, respectivamente, dieron testimonio ante la Justicia de lo que dos chicos de las divisiones menores de Independiente les describieron primero al psicólogo del club y luego a ellos. En conclusión, se trata de los detalles de lo que los menores denunciaron: que habrían sido cooptados para prostituirse.
Son cinco los apuntados por la Justicia en la causa caratulada como "abuso sexual y facilitación de la prostitución". Sobre uno de ellos, el juez asistente Martín Bustos, pesa una orden de detención, librada por la doctora María Soledad Garibaldi, de la UFI N° 4 de Avellaneda.

Leonardo, Juan y Alejandro son los nombres de pila de otros tres de los señalados. El restante es Joaquín V., el jugador de 19 años de Cuarta División del club que fue mencionado como presunto facilitador del delito.
Infobae tuvo acceso a la declaración completa. "A la víctima de 14 años le presentaron a un hombre en el Shopping Walmart de Avellaneda, y desde ahí se trasladaron en un vehículo hasta San Isidro, donde se llevó a cabo el encuentro sexual. Al menor le practicaron sexo oral y penetró al hombre a cambio de dinero", señala uno de los fragmentos.

Según la declaración, por dicha acción, el hombre, de aproximadamente 35 años, acusado de corromper al menor, le habría pagado 800 pesos, además de dinero para la tarjeta SUBE para Joaquín V.
Langenauer también desmenuzó lo narrado por el otro juvenil denunciante, quien manifestó haber mantenido relaciones sexuales con un mayor de nombre Silvio, de quien aportó el número telefónico. "Le habría abonado la suma de 2.500 pesos a cambio de que Silvio le haga sexo oral y luego ser penetrado" por el menor.

Ahora falta que esos mismos menores declaren en Cámara Gesell. La Justicia supone que esto es sólo la punta del iceberg y que existe una red que intenta captar menores vulnerables de las instituciones. Se cree que la misma cobraba 5.000 pesos en promedio de cada cliente.
Independiente quedó fuera de la responsabilidad penal y no perdió tiempo para denunciar, apenas tuvo conocimiento de los hechos. Sin embargo, especialistas en derecho familiar aseguran que podría ser pasible de demandas civiles por parte de los padres de los chicos abusados ya que, si bien la situación no se produjo en las instalaciones del club, sí tendrían la guarda y tutoría de los 53 menores alojados en la pensión.
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