Foto: Fernando Calzada.
Foto: Fernando Calzada.

El presidente Michel Temer ordenó, en febrero pasado, la intervención federal de la seguridad en el estado de Río de Janeiro. El Ejército está a cargo de dicha intervención y comenzó a desplegar sus tropas en determinados puntos críticos.

"Estoy triste por el proceso que está atravesando Río de Janeiro", se lamentó Ubiratan Angelo, un experimentado exagente de la Policía Militar de Río de Janeiro que llegó a ocupar la comandancia general del Cuerpo entre 2006 y 2008. "Cuando uno observa el índice de muertes violentas en este estado, las víctimas son hombres, jóvenes, negros, de baja escolaridad", advirtió.

El actual coordinador de Seguridad Humana de la ONG Viva Rio, que recibió a DEF en su oficina, se mostró de acuerdo con la intervención federal y profundizó en las cuestiones más candentes de la violencia que sacude a su ciudad.

Ubiratan Angelo, en diálogo con DEF. Foto: Fernando Calzada.
Ubiratan Angelo, en diálogo con DEF. Foto: Fernando Calzada.

-¿Qué ocurrió para que el Ejército entrara a formar parte de la ecuación de la seguridad pública en Río de Janeiro?
-El estado está realmente en serios aprietos desde el punto de vista económico. Por otro lado, estamos en una crisis política nunca antes vista. En Río de Janeiro, tres exgobernadores y los últimos tres presidentes de la Asamblea Legislativa están presos. Esta crisis se convirtió en una oportunidad para el gobierno federal, que empezó a actuar el año pasado. Desde entonces, se han venido realizando operaciones de contención del crimen y se ha mapeado el área metropolitana de Río de Janeiro. A partir de la intervención en la seguridad pública, la expectativa es que lleguen fondos y recursos humanos federales. El mayor recurso humano federal son las FF. AA., que en estos casos actúan en el terreno con las mismas atribuciones de la Policía Militar. Al ser interventor, el general Walter Braga Netto tiene la facilidad de comprender la cultura militar, cuenta con el reconocimiento de su liderazgo y, como es a su vez el comandante de la región Este del Ejército, ya ha actuado en otras operaciones en Río de Janeiro y conoce la zona en profundidad. El interventor asume, en los hechos, las funciones del gobernador en materia de seguridad pública y su interlocución es directa con el gobierno federal.

La intervención federal de la seguridad de Río de Janeiro ordenada por el gobierno de Michel Temer está prevista hasta diciembre de 2018. Foto: Fernando Calzada.
La intervención federal de la seguridad de Río de Janeiro ordenada por el gobierno de Michel Temer está prevista hasta diciembre de 2018. Foto: Fernando Calzada.

-¿Cómo observa la intervención? ¿Qué medidas debería tomar?
-Algo había que hacer porque estábamos en caída libre. Ahora tenemos que transformar esto en una oportunidad. Todo el mundo sabe que Río de Janeiro no produce armas y que provienen de otros lugares. Se dice entonces: "Cerremos las fronteras". Eso es impracticable por el tamaño de nuestro territorio. Lo que sí es posible es cerrar el área metropolitana de Río de Janeiro al ingreso de armas, drogas y municiones. Es una tarea menos difícil. Debemos aprovechar los recursos federales para llevar a cabo una acción decisiva al respecto. ¿Qué debe hacer la intervención? Si quiere resolver el problema de la seguridad pública, va a fracasar. En cambio, sí puede resolver cuestiones de corto y mediano plazo, de bajo costo y con consecuencias positivas. El interventor no tiene compromisos políticos. Su compromiso es institucional y tiene que hacer que esto funcione, aun cuando tenga que aplicar medidas políticamente amargas. Se debe reformar el cuadro de promoción y reestructurar las fuerzas policiales, en especial la Policía Militar, que hoy tiene más sargentos que soldados. Hasta ahora no se ha hecho, porque los políticos estaban siempre pensando en la siguiente elección.

-Cuál es la reputación que tienen hoy los policías en la comunidad?
-La policía tiene una mala imagen, que se acentúa en las zonas más golpeadas por la criminalidad porque el ingreso de la policía a dichas zonas siempre es violento. El policía tampoco está satisfecho de estar allí, y su relación con los pobladores es muy mala. Por otro lado, a la clase media no le gusta la policía, pero la toleran. Consideran que los efectivos policiales son corruptos y lo dicen con conocimiento de causa porque son ellos los que los corrompen en situaciones cotidianas. Otro reclamo de la población es el de la capacitación de los agentes policiales. En general, el policía joven solo se capacita para actuar en seguridad privada porque es donde se desempeña fuera de su horario laboral. Por su parte, las Policías de Río de Janeiro reclaman acceso a las bases de datos de las instituciones federales.

La intervención en Río se corona con la llegada de otros organismos del Estado para realizar tareas de de asistencia medica y documentación entre otras. Foto: Fernando Calzada.
La intervención en Río se corona con la llegada de otros organismos del Estado para realizar tareas de de asistencia medica y documentación entre otras. Foto: Fernando Calzada.

-¿Quiénes se oponen a la intervención?
-Está en contra gran parte del mundo académico y de las organizaciones sociales. En primer lugar, porque a ellos no les gustan los militares y dicen que esta es una "intervención militar", cuando no lo es. En segundo lugar, porque muchos de estos sectores tienen una visión partidaria y están en contra de cualquier situación que pueda mejorar la imagen del presidente. Dicen que puede haber violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, cuando todavía no ha habido casos. Si los hubiera, deberían ser denunciados, pero no se puede hablar antes de que sucedan. La posición oficial de Viva Rio es favorable a la intervención, porque solo de esa forma podemos tener una interlocución entre los distintos actores y opinar para contribuir con las autoridades.

Ubiratan Angelo es coordinador de Seguridad Humana de la ONG Viva Rio. Foto: Fernando Calzada.
Ubiratan Angelo es coordinador de Seguridad Humana de la ONG Viva Rio. Foto: Fernando Calzada.

-Considerando la experiencia de Viva Rio en temas de desarme, ¿cómo ve hoy el poder de fuego de las bandas criminales y qué acciones se pueden tomar?
-El traficante de las favelas es fuerte porque vende mucha droga. Él no roba fusiles, sino que compra armas para proteger su negocio, que es la venta de drogas. Hoy la política de lucha contra las drogas en Brasil provoca un aumento de la violencia y, consecuentemente, un aumento del tráfico de armas y municiones tanto a nivel nacional como del extranjero. La mayoría de las armas de pequeño porte involucradas en crímenes son compradas legalmente y posteriormente robadas. Con la guerra contra las drogas, se beneficia el tráfico de armas. La política brasileña de control de armas es muy débil. Deberían existir mayores trabas para la comercialización de armas livianas y munición nacional, que hoy circulan con facilidad en el país.

*La versión original de esta nota fue publicada en la revista DEF N.120